En San Juan siguen los efectos del derrame. La empresa minera canadiense Barrick Gold informó haber iniciado las tareas de adecuación del valle de lixiviación de la mina Veladero, pero no dio fecha de cuándo las finalizará. Estas acciones fueron exigidas por el gobierno sanjuanino, que sostuvo que no hubo contaminación pero declaró: algunas cosas las hicieron y otras cosas no las hicieron. Los asambleístas de Jáchal reclamaron la suspensión de todo proyecto megaminero en la provincia.
Las actividades industriales en la mina han sido detenidas de inmediato para adecuarlas a la infraestructura exigida por el gobierno provincial, sostuvo la empresa que maneja el emprendimiento cordillerano donde se produjo un nuevo derrame de material cianurado el pasado 8 de septiembre por la rotura de un caño conductor, según la firma, pero dado a conocer casi una semana más tarde, justo cuando se cumplía un año de un suceso tóxico aún peor en ese mismo sitio.
Afirman haber puesto en marcha una serie de tareas, como por ejemplo la mejora de 7,5 kilómetros de bermas circundantes que constituyen el perímetro del valle de lixiviación, comenzando con la limpieza de toda la extensión de las bermas, en relación a los terraplenes o taludes de material que servirían para evitar que el agua cianurada o el mineral mojado con cianuro, se desbanden fuera de la zona. Son bolsas de material impermeable, con altura de 1,20, un largo de 1 metro y un ancho de 1,50 metros. Sin embargo, no mencionaron las cámaras de seguridad que le exigió el Ejecutivo provincial. Tampoco dieron detalles de cuándo finalizarían estas labores pedidas por el gobernador Sergio Uñac para habilitar nuevamente a la mina. Obras que habían sido exigidas en el derrame del 2015 y nunca se cumplieron. Ahora, la empresa no quiso especificar plazos. Sólo sostuvieron que la compañía elaborará un informe final que elevará a las autoridades con los pormenores de todas las actividades realizadas y cada una de sus derivaciones.
El gobierno sanjuanino, mientras tanto, vacila entre no perder apoyo popular y no arruinar el negocio minero, que en 2014 significó el 40% del Producto Bruto de la provincia. Luego de los huevazos recibidos por el mandatario cuando se retiraba de un encuentro con los asambleístas de «Jáchal no se toca», en la zona del conflicto, el ministro de Minería, Alberto Hensel, dijo en una entrevista con Radio Sarmiento que los empresarios «hoy tienen que avanzar de todo lo que de alguna manera hemos ido indicando como mermas, caminos de servicios, conexiones de cañería. En honor a la verdad tenemos que decir que algunas cosas las hicieron y otras cosas no las hicieron». Y agregó: «Si seguimos con inconvenientes no queda otra alternativa que tomar una decisión como la que tomó el Gobernador. Estamos chequeando que se cumpla lo que habíamos venido exigiendo. Se pretende seguir produciendo».
Los que también hablaron fueron los miembros de la Asamblea, a través de un comunicado. Dijeron que el último derrame «es solo una anécdota más de cómo funciona una empresa multinacional megaminera que produce ganancias extraordinarias al más bajo costo». Soslayaron que la Barrick «es un poder transnacional acumulativo para el que trabajan muchos funcionarios de los poderes ejecutivos legislativos y judicial de gobiernos provinciales, nacionales y departamentales de países como el nuestro usando las herramientas de que disponen, incluyendo la manipulación de las leyes y de la información (con la complicidad de los medios de comunicación masivos)». Denunciaron que los funcionarios locales les prohibieron «el derecho a la consulta popular»; que la mina Veladero «ya cumplió con su etapa de vida productiva y al ser un establecimiento de ‘bajo costo’ ya está en proceso de colapso»; y reclamaron «una propuesta seria de dialogo, suspender todo proyecto megaminero en la provincia, pues resulta insultante y violento que mientras estaba conociendo el incidente en Veladero, el gobernador disertaba en Mini Davos ofreciendo Lama, Chita, del Carmen y Constelación. Más megaminería».
Enrique Viale, de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, remarcó a Tiempo: «Estamos esperando y exigiendo que el ministro de Ambiente de la Nación, Sergio Bergman, aplique la Ley de Glaciares en Veladero. Esta empresa admitió en su propio Informe de Impacto Ambiental que la mina se encuentra asentada sobre glaciares y ambiente periglacial, lo cual está expresamente prohibida por la ley».
