«Se actúa como se entrena». La frase, temeraria si se tienen en cuenta los métodos brutales de la Policía de La Rioja en la admisión de los cadetes, es uno de los principios básicos de la colección de Manuales para la Formación de Formadores, un compendio elaborado por la Secretaría de Seguridad Interior que desarrolla «los conceptos básicos en defensa policial», y explica «las diferentes técnicas, tácticas y estrategias aplicadas al trabajo cotidiano del agente».

En nuestro país son generalmente los propios policías quienes tienen a su cargo la transmisión de las pautas que guiarán la conducta de las nuevas generaciones. Sin embargo, la persistencia de prácticas de adoctrinamiento violatorias de los Derechos Humanos son una peligrosa e ilegal costumbre.

Ejemplo riojano

Era la primera clase del período de adaptación en la Escuela de Policía de La Rioja. Doce cadetes de entre 19 y 26 años «bailaron», es decir, cumplieron una serie de ejercicios extremos, bajo un sol de 40º. Todos terminaron internados en una sala de cuidados intensivos. Emanuel Garay, el más joven del grupo, sufrió una «deshidratación aguda» que estropeó su corazón y sus riñones. Murió luego de agonizar cinco días en la cama de un hospital.

El hecho desató una crisis política en la provincia: el gobernador Sergio Casas echó al secretario de Seguridad, Luis Angulo, y al jefe de la Policía, Luis Páez. El mandatario también ordenó el cierre durante 30 días de la Escuela de Cadetes y la remoción de todos sus jefes. La Justicia detuvo al subdirector general del Instituto de Seguridad, comisario mayor Dardo Nicolás Gordillo; al director de la Escuela de Cadetes, comisario inspector Ramón Alberto Leguiza; al jefe del Cuerpo de Personal Masculino, comisario Jorge Marcelo Leguiza, y a la jefa del Cuerpo de Personal Femenino, comisaria Adriana Mabel Rodríguez. 

Casas había argumentado que las policías y las fuerzas de seguridad «usan los mismos métodos que la dictadura» y avisó que «otros gobernadores me contaron que en sus escuelas policiales tienen este mismo problema».

Para Marcelo Saín, creador de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y exdirector de la Escuela Nacional de Inteligencia, entre otros cargos, el problema no es «que estas prácticas del baile policial sean habituales e históricas sino que se sepa públicamente».

«Estos ejercicios –explica– vienen de la vieja tradición, donde el objetivo es el disciplinamiento emocional y la sumisión del cadete, a través del ejercicio físico extremo como demostración de fortaleza, sin embargo, eso no estimula la capacidad reflexiva ni el entendimiento en una situación crítica, que es lo que debe prevalecer en la formación de un policía. El único efecto buscado es la sumisión a la superioridad, que es el valor más importante en la formación de base».

Para Saín, los «bailes» son «la principal práctica física educativa» en las academias policiales de la Argentina, y destaca que durante su gestión al frente de la PSA «logró prohibir el orden cerrado» que la actual administración restituyó.

Fuerzas no democráticas

«El trato de las fuerzas de seguridad siempre fue inhumano cuando formaban a los jóvenes. La crueldad del relato me hizo acordar a los campos de concentración de la dictadura militar», alertó la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, al opinar sobre los hechos en la Escuela de Cadetes de La Rioja. La referente de los Derechos Humanos denunció que «se están cometiendo disparates con respecto al accionar de las fuerzas de seguridad”, y remarcó que «el gobierno está abriendo la puerta para la violencia institucional».

En el mismo sentido, el Instituto Latinoamericano de Seguridad y Democracia (ILSED), reclamó «medidas de fondo y a largo plazo»  para terminar con «esta persistencia de prácticas de entrenamiento propias de unas fuerzas armadas no democráticas».

Para el organismo, «la asimilación por parte de la cultura policial de los valores democráticos es un proceso que demanda más que cambios en la regulación y reformas institucionales», ya que «la desactivación del autogobierno policial y la desmilitarización sólo es posible en la medida en que estas instituciones se permitan cuestionar los valores, modos de relación y prioridades que pretenden que sus integrantes internalicen».

Gustavo Palmieri dirige el Centro de Justicia y Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Lanús. En su extenso currículum destaca su paso por la gestión de Nilda Garré en el Ministerio de Defensa como subsecretario de Bienestar del Personal  y, luego, como subsecretario de Formación y Planificación. «Cuando llegamos al Ministerio –recuerda– tuvimos que lidiar con situaciones particulares de humillación o discriminación en Gendarmería. El problema con los instructores pasaba por el trabajo de enseñanza, en donde la práctica determinaba cómo debían ser las cosas, cuando en realidad es todo lo contrario, la práctica debe adecuarse a la norma. Eso fue algo que les costó entender.» «

Un antecedente federal

El 2 de febrero de 2007, unos 22 alumnos de la Escuela de Cadetes de la Policía Federal terminaron hospitalizados, uno de ellos con un cuadro de preinfarto. Por ese episodio, el gobierno de Néstor Kirchner prohibió estos ritos de iniciación en las cuatro fuerzas nacionales: Prefectura, Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), Gendarmería y PFA.

La Resolución 166/2007, que lleva la firma del exministro del Interior Aníbal Fernández, dice que «quedan prohibidas, en la preparación física, resistencia y desarrollo de masa muscular de los aspirantes a ingresar a las Fuerzas de Seguridad nacionales, actividades a cargo de personal no idóneo que involucren exigencias orgánico-funcionales (cardio-respiratorias) que hagan peligrar el estado de salud general, tales como carreras intermitentes, actividades de fuerza- resistencia y circuitos múltiples, entre otras; así como también, actividades corporales (osteo-musculares), entre ellas saltos y flexiones, que involucren riesgo de lesiones tendinosas, ligamentosas y/o musculares».