Se aprobó la Ley de Alquileres en la Ciudad de Buenos Aires

Según la nueva norma, las comisiones quedarán a cargo del dueño del inmueble y no del inquilino.
24 de Agosto de 2017

La Legislatura porteña sancionó hoy una reforma a la ley que regula la actividad de las inmobiliarias, que establece que los inquilinos no deberán pagar una comisión al momento de alquilar una vivienda y fija que serán los propietarios los que tendrán que afrontar ese gasto, que no deberá superar el 4,15 por ciento del valor del contrato.

La norma fue aprobada en la sesión ordinaria por 51 votos a favor y dos abstenciones, con un amplio apoyo político y de asociaciones de inquilinos que coincidieron en que así se facilitará el acceso a la vivienda en la Ciudad ya que esta comisión, más los adelantos y los costos de la mudanza, hacen que los gastos de entrada sean elevados.

No obstante, la iniciativa del oficialismo porteño recibió cuestionamientos de parte de la cámara que agrupa a las inmobiliarias, que anticiparon que presentarán el lunes próximo un pedido de medida cautelar ante la justicia al considerar que lo sancionado es "inconstitucional" y que perjudicará directamente a su actividad.

Los diputados modificaron un artículo de la ley 2.340, de corredores inmobiliarios, referido a su intervención como intermediarios entre los dueños de una vivienda y aquellas personas que quieran alquilar la propiedad, el cual, hasta hoy, sostiene que la comisión por la negociación está a cargo del potencial inquilino.

La nueva redacción indica que "en las locaciones de inmuebles con destino habitacional, queda (a los corredores) expresamente prohibido requerir, mediante cualquier forma de pago, comisiones inmobiliarias y honorarios por la intermediación o corretaje a locatarios".
Y agrega que "en los casos de locaciones de inmuebles con destino habitacional, el monto máximo de la comisión a cobrar será el equivalente al 4,15 por ciento del valor total del respectivo contrato, a cargo del locador".

Asimismo, la nueva reglamentación impide que las inmobiliarias cobren a los inquilinos por los gastos de gestoría ni de administración que estuvieran implicados en la negociación, como la certificación de firmas del garante y el sellado.

También, exige a las inmobiliarias a que coloquen, tanto en sus locales como en los sitios web de su dominio, carteles que informen a los posibles inquilinos sobre los derechos en su favor frente a la posibilidad de concretar un contrato de alquiler.

Por último, contempla la apertura de una oficina del Instituto de la Vivienda de la Ciudad encargada de prestar asistencia gratuita, a través de un grupo de abogados, a las personas que estén pensando en alquilar, pero también a los dueños de los inmuebles que requieran de una orientación para llevar adelante la negociación.

Según los datos que surgen de la Encuesta Anual de Hogares de la Dirección de Estadísticas y Censos del Ministerio de Hacienda de la Ciudad, el 35,7 por ciento de los inmuebles con destino habitacional del distrito son ocupados en virtud de vínculos locativos.
Para el vicejefe de Gobierno porteño, Diego Santilli, la norma aprobada "es un gran paso" para quienes vayan a alquilar dado que significará "un ahorro" en los gastos iniciales y agregó que se seguirá trabajando con la cámara que nuclea a las inmobiliarias para poner en debate otras iniciativas vinculadas con el acceso a la vivienda.

En sintonía, el titular del IVC, Juan Maquieyra, dijo que "se está trabajando en alternativas para ofrecer garantías inmobiliarias que conformen a los propietarios y agilicen la operatoria", en tanto que sostuvo que "lo de hoy fue un primer paso para lograr que sea más fácil, seguro y barato alquilar en la Ciudad" ya que, estimó, "con esta medida, el costo de entrada va a bajar entre un 25 y un 30 por ciento".

La medida, no obstante, fue objetada por los representantes de las inmobiliarias, quienes estuvieron presentes en el recinto de sesiones y en varias oportunidades hicieron escuchar sus quejas a los gritos mientras se sucedían los discursos de los diputados.

En ese sentido, Héctor D´Odorico, presidente del Colegio Profesional Inmobiliario, ratificó a Télam que recurrirán a la justicia ya que consideran que se trata de una norma "inconstitucional".

El martillero insistió en que "esta ley va a repercutir en el aumento de los alquileres porque muchos propietarios no pagaban nada o pagaban sólo la mitad de la comisión, entonces al verse ahora obligado a pagar el 4,15 del contrato van a trasladar ese precio al alquiler, sin contar con que muchos van a retirar sus propiedades del mercado".

Por su parte, Desdémona Judith Moretti, también del sector de los corredores, aseguró estar "muy preocupada porque más del 80 por ciento de las inmobiliarias son de una o dos personas y como son empresas chiquitas van a desaparecer".

Por último, Gervasio Muñoz, titular de Inquilinos Agrupados, una agrupación que hace tiempo reclamaba por alguna norma sobre el tema, sostuvo que "este es un día en el cual por primera vez los inquilinos nos acercamos un poquito a alquilar de forma justa".

Y destacó que "un segundo paso ahora será seguir con las garantías porque hay que terminar con esta exigencia que impuso el mercado".

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