No hubo acuerdo en el plenario de las comisiones de Seguridad Interior, Salud Pública y Legislación Penal sobre la utilización de cannabis para uso medicinal. El oficialismo presentó un proyecto que si bien le otorga al Estado el estudio y la distribución del aceite de cannabis, también rechaza el autocultivo y sólo acepta la provisión para pacientes con epilepsia refractaria.

En tanto, la oposición promovió uno mucho más amplio en cuanto a patologías para su uso y, además, permite la producción doméstica del aceite. Por ahora, el proyecto de la oposición cuenta con mayor cantidad de firmas de legisladores convirtiéndolo en dictamen de mayoría, desplazando al del oficialismo, y deberá ser el primero en debatirse en el recinto.

En una sala mucho más amplia pero igual de concurrida como la reunión de la semana pasada, el oficialismo buscó “cumplir con su compromiso” de emitir dictamen. Claro, el texto que propuso el radical Luis Petri y titular de la comisión de Seguridad Interior, estuvo lejos de lo que reclamaban los familiares. El dictamen de Cambiemos plantea la investigación médica y científica del cannabis y la redacción de un marco regulatorio de dicha investigación al tiempo que crea un programa nacional que estará bajo la órbita del Ministerio de Salud. Se creará un registro voluntario de pacientes y familiares, con resguardo de sus datos personales y habilitará a la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) a importar cuando sean requeridos por pacientes que tengan indicación médica y su provisión será gratuita para los que estén en el programa. En ningún momento, y esto es lo que reclaman los familiares, el texto permite el autocultivo que legalmente está penado y, por lo tanto, pone en riesgo a estas familias que producen el aceite con el que mejoran la calidad de vida de sus enfermos.

“Debemos dar una respuesta concreta a los cientos de pacientes”, reclamó durante el plenario la diputada del FPV, Carolina Gaillard, a la sazón presidenta de la comisión de Salud. Esta insistió en el error “conceptual” del oficialismo de remitir el proyecto a comisiones que tienen que ver con lo punitivo como Seguridad Interior y Legislación Penal cuando en realidad se trata de un tema de salud pública. La legisladora, junto a diputados de Libres del Sur, el Socialismo, el Frente de Izquierda de los Trabajadores y el Bloque Justicialista, consensuaron un proyecto que no descarta el estudio clínico ni la participación activa del Estado pero que despenaliza el cultivo de cannabis para uso medicinal.

El Frente Renovador presentó un proyecto por su lado donde se permite el cultivo hasta tanto el Estado se haga cargo de la investigación, la producción y la distribución del aceite. Felipe Solá, encargado de ponerlo en conocimiento, no evitó la mirada punitiva que prevalece en el seno de este bloque que, como reconoció, temen que la autorización sin fecha de vencimiento permita que narcotraficantes se aprovechen de esta ventana para hacer sus negocios.

“La propuesta de Cambiemos es insuficiente”, señaló Gaillard y sostuvo que si bien el oficialismo propone autorizar la investigación, algo que el FPV respalda, “termina por dejar sin posibilidad de autocultivo a las madres de niños con patologías como la epilepsia refractaria, o a los miles de pacientes oncológicos que hoy utilizan esta terapia”.

En ese sentido la legisladora aseguró que “es urgente legislar con una propuesta que contemple la situación de ilegalidad en la que se encuentran actualmente miles de pacientes usuarios de cannabis terapéutico porque Cambiemos sigue condenando a la ilegalidad y al riesgo de ser encarceladas. El dolor no puede esperar, y como legisladores debemos dar una respuesta concreta a las familias que hoy lo utilizan”.

Por su parte, Victoria Donda de Libres del Sur, indicó que “se está arrojando a la clandestinidad a las familias que cultivan y se las corre con el Código Penal cuando es un problema de salud”.

Anoche, finalizada la reunión Petri anunció que, ante la imposibilidad de obtener un solo despacho, se pasaban a la firma de los legisladores para saber cuál será el dictamen de mayoría. Esta condición tiene importancia vital a la hora de debatir el texto normativo en el recinto. El que obtenga mayor cantidad de firmas en este plenario de tres comisiones será el que se debata primero. Hasta ahora la mayor cantidad de firmas lo está colectando el despacho del FPV y los otros bloques opositores. Esto llevó a que Petri ordenara a sus colaboradores a buscar las firmas necesarias para superar a la oposición.

Incluso han llamado a aquellos legisladores que no estuvieron presentes en la reunión del martes por la noche. La oposición piensa cuestionar esa decisión porque es una falta al reglamento. Las comisiones funcionan con quórum pero también solo pueden rubricar los dictámenes los diputados que estuvieron presentes. En todo caso, Petri tendría que haber votado la extensión del horario para firmar el despacho, algo que se hace habitualmente pero que el radical olvidó.