Comienza la audiencia por la represión a los artesanos de la calle Defensa, en San Telmo. Los trabajadores piden el sobreseimiento de las personas que fueron detenidas injustamente. Este jueves en el juzgado de la calle Tacuarí 138 la justicia deberá resolver la situación de los 13 procesados. Los hechos ocurrieron el 10 de marzo de este año. Ese día sin ninguna justificación, la Policía de la Ciudad desató un violento episodio en un espacio donde lo único que circulaba era arte y cultura.

“Varias de las personas que sufrieron la represión policial quedaron muy traumadas y otras con lesiones severas en sus cuerpos. Una compañera no puede trabajar como consecuencia de un golpe en la columna. Los hijos de los trabajadores, niñas y niños, no quieren volver a la feria por las secuelas que le quedaron por haber presenciado este hecho tan violento”, expresa a Tiempo, Asunción Prado, de la agrupación Artesanos Unidos.

Y continúa: “Quienes son sometidos a la audiencia están acusados de desacato y resistencia a la autoridad. Otros tres fueron sobreseídos porque recibieron el apoyo de la Defensoría del Pueblo. Nosotros nunca agredimos a nadie, los policías nos golpearon”.

Entre los procesados hay turistas, feriantes invitados, artistas y hasta un vecino del barrio. La fiscal Celsa Ramírez fue quien dirigió el brutal procedimiento. Estas personas han sufrieron daños físicos y psicológicos. Los golpearon con palos, los arrastraron de los pelos y les tiraron gases lacrimógenos.

“Fuimos brutalmente reprimidos por la policía. Nosotros solo estábamos manifestando la necesidad de recuperar nuestro lugar de trabajo en la calle Defensa. Este espacio que nos fue arrebatado por medio de un convenio hecho entre el Gobierno de la Ciudad y la cooperativa “El Adoquín”, que nos traicionó. Lo concreto es que hubo detenciones arbitrarias que se produjeron luego de golpear a los feriantes y vecinos del barrio. Pedimos el sobreseimiento de estas personas”, agrega Prado.

Los trabajadores piden el acompañamiento y la solidaridad de la gente. Explican que hechos de esta naturaleza ponen en riesgo a los espacios feriantes y los ingresos de muchas familias que de ellos dependen. Además, expresan un gran repudio a la criminalización de la protesta.

Resultaron víctimas de causas armadas por la burocracia judicial de un Estado autoritario. Este jueves comienza la audiencia que decidirá el destino de esos crueles procesos judiciales.

Cabe destacar que la fiscal Ramírez ha estado implicada en numerosos casos de abuso de autoridad. También ha sido el brazo judicial de muchos atropellos del Gobierno de Cambiemos. Es por todo esto de los feriantes están presentes para exigir el justo sobreseimiento y la nulidad de las causas armadas por un Estado que criminaliza la protesta social, persigue a los trabajadores, no respeta derechos y sólo defiende privilegios.