La interventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Cristina Caamaño, encabezó hoy la primera reunión del Consejo Consultivo del organismo, integrado por diferentes representantes de la sociedad civil y expertos en la materia, quienes se desempeñarán de forma “ad honorem”, según indicaron en un comunicado.
“El cuerpo se constituyó como un espacio de consulta permanente para proporcionar e impulsar propuestas que procuren mejorar el funcionamiento y las tareas de la Agencia”, informó el organismo. La idea es que estos especialistas brinden su “opinión sobre el desarrollo e implementación de acciones, mecanismos y políticas vinculadas al espíritu del DNU N°52/2019, por el cual el presidente de la Nación, Alberto Fernández, dispuso la intervención de la AFI”.
Según aseguraron desde el organismo, el Poder Ejecutivo busca con esta intervención que la Agencia tenga una “impronta democrática” que incluya “mecanismos de publicidad del Sistema de Inteligencia Nacional”, haciendo hincapié en “la protección a los derechos y garantías de la población, el respeto al Estado de Derecho y la eficiencia en las funciones propias del área, previstas en la normativa vigente”.
Entre las tareas del Consejo, está el abordaje del control interno y las auditorías permanentes; además de la capacitación de personal; y la vinculación con otros organismos como el Poder Judicial, el Ministerio Público Fiscal, los ministerios de Seguridad y Defensa, la Comisión Bicameral Permanente de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia, entre otros.
También se hará foco en el “manejo de información vinculada a la inteligencia nacional y los Derechos Humanos, así como el acceso a la información y la clasificación de la información; el proceso de normalización económica y financiera de la Agencia, y la posible reforma de las leyes N°25.520 y N°27.126”, detallaron.
Además de Caamaño, el cuerpo está integrado por el presidente del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP), Alberto Binder; la directora ejecutiva del Instituto Latinoamericano de Seguridad y Democracia (ILSED), María Sidonie Porterie; la directora ejecutiva del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Paula Litvachky; la presidenta de la Fundación Vía Libre, Beatriz Busaniche; el vicerrector de la Universidad Torcuato Di Tella, Juan Gabriel Tokatlian; el juirista y ex ministro de Relaciones Exteriores de la Nación, Rafael Bielsa; y el profesor de Sociología y Criminología de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral, Máximo Sozzo.
