La pelea por el salario de los trabajadores portuarios comenzó a mediados de junio cuando se estaba venciendo el acuerdo paritario de los estibadores relativo a la negociación de 2019 sin que la misma hubiera concluido su segundo tramo. Ya el 21 de junio se había producido un primer paro general en el puerto que aceleró una serie de negociaciones que, sin embargo, no dieron frutos sino hasta el 10 de septiembre cuando se llegó a un acuerdo que, entre otros puntos, implica una suba del 30% en cuotas.
Fue a fines de agosto cuando resurgieron las medidas originadas en el sector de estibadores agrupados en el Sindicato Unidos Portuarios Argentinos (SUPA) que fueron acompañadas y promovidas por algunos delegados de base de los tercerizados agrupados en los sindicatos que integran la Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de La República Argentina (FEMPINRA) a pesar del histórico enfrentamiento entre ambas entidades sindicales.
Es que la Federación agrupa los diversos sindicatos por actividad que emergieron como parte de la atomización generada y promovida luego del proceso de privatizaciones de la década del ’90 y que, paulatinamente, habían desplazado al SUPA. Este último, el sindicato histórico de los portuarios, recobró protagonismo en el último período sobre la base de la organización del sector de los estibadores.
Los paros y bloqueos, sin embargo, concluyeron en una conciliación obligatoria dictada por el ministerio de Trabajo el 1° de septiembre.
Fuentes gremiales vinculadas al conflicto explicaron a Tiempo que, en el marco de esa conciliación, el 5 de septiembre por la tarde, las patronales que gerencian las terminales portuarias se negaron a restituir tareas a los trabajadores que venían de la huelga y, por el contrario, “decidieron poner en marcha las operaciones dotándose de personal ajeno a la empresa que trasladaron en lanchas desde la terminal del Buquebús” en lo que habría constituido una abierta violación de la conciliación obligatoria.
Ante esa situación, decidieron primero realizar un bloqueo de protesta y luego ingresar a la empresa para ocupar sus puestos de trabajo ante lo cual fueron reprimidos por la Prefectura Naval que detuvo a una cuarentena de trabajadores.
Minutos después, según el relato de las mismas fuentes, se produjo el desembarco en el lugar de unas 25 personas en autos que los dirigentes denuncian como “una patota de la barra brava de River Plate armados con pistolas y armas blancas que trataron de dispersar la protesta. Balearon a un compañero en el tobillo y a otros tres los tajearon”.
La mayoría de los detenidos fueron liberados con el transcurrir de las horas con la excepción de seis de ellos. Se trata de miembros de la Comisión Directiva del SUPA y delegados de base de esa organización sindical. El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi denegó la excarcelación a ese grupo de detenidos y decidió trasladarlos a un penal que es donde se encuentran en la actualidad.
La abogada Claudia Ferrero, representante de alguno de los detenidos, explicó a Tiempo que la situación procesal implica que “el juez tiene que decidir el procesamiento o la falta de mérito. Están acusado de interrumpir el funcionamiento del puerto y violar la cuarentena. Pero todo se da en el marco de un conflicto gremial con intervención del ministerio de Trabajo”. La letrada explicó que “las patronales del puerto le estaban requiriendo al juez que tomara medidas para terminar con el bloqueo. Por eso les negó la excarcelación y le dio a la empresa una herramienta de extorsión sobre el sindicato. La conciliación obligatoria fue violada por la patronal que hizo entrar a personal no idóneo para operar”, denunció.
Pocos días después de las detenciones, el 10 de septiembre, ambos gremios por separado suscribieron un acuerdo paritario que incluye un incremento del 30% en cuotas desde junio y dos bonos de $ 20 mil.
Al mismo tiempo las empresas se comprometieron a constituir una mesa de diálogo con fecha del 15 de octubre para abordar uno de los puntos principales del reclamo que tiene que ver con la incorporación a planta de los trabajadores tercerizados que, según los sindicatos, alcanzan a más de un tercio de los trabajadores portuarios y perciben salarios muy inferiores a los trabajadores bajo convenio.
Sin embargo, seis dirigentes sindicales continúan detenidos y procesados como resultado de una acción gremial en defensa del salario.
