El miércoles pasado, en el segundo día del foro de negocios que trascendió con el nombre de «Mini Davos», el gobierno saludó con bombos y platillos el anuncio de una inversión millonaria de la multinacional Siemens: U$S 5600 millones para obras de infraestructura entre 2016 y 2020.

Daba para festejar: era el primer anuncio concreto de desembolsos hasta ese momento y fue el único al cabo del evento que reunió a entre 1600 y 2000 hombres de negocios de todo el mundo en tres jornadas en el Centro Cultural Kirchner (CCK).

Comparado con la expectativa oficial de que el foro rinda por lo menos U$S 40 mil millones, como confirmó después a Tiempo el ministro de Producción, Francisco Cabrera, el aporte de Siemens es destacable. Sin embargo, la iniciativa pierde fuerza considerando el número y la calidad de la concurrencia. De hecho, como la inversión de Siemens estaba en carpeta desde tiempos de la administración anterior, «pero estaba frenada por el cepo cambiario», como consignó Cabrera en la misma conversación, los bombos y los platillos parecen haber musicalizado una puesta en escena destinada quizás a favorecer un efecto contagio que no sucedió.

No hubo dominó. De poco sirvió la participación exhaustiva de los funcionarios del gobierno, las promesas de apertura que hicieron circular a diestra y siniestra, desde el primer subsuelo hasta el sexto piso del CCK, en el auditorio y en los pasillos. Especialmente infructuosa fue, a la menuda lumbre de los resultados, la tarea del gabinete económico, cuyos miembros pusieron el cuerpo sin atenuantes en tres días de extensas jornadas de paneles y reuniones de negocios. De las empresas se esperaban inversiones pero, como mucho, en el mejor de los casos, terminaron proponiendo condiciones.

Curiosamente, la posición del gobierno no fue hostil con esas condiciones sino todo lo contrario: los representantes del Ejecutivo se mostraron siempre receptivos de los reclamos de los inversores, extranjeros y locales, y en todos los casos buscaron resaltar la existencia de condiciones reales o por lo menos de mecanismos legales en marcha, claves para generar el escenario para las inversiones.

El caso de Siemens, que puso un millón de dólares para financiar el Mini Davos, es paradigmático, entre otras cosas, porque se conjuga a la perfección con el proyecto de Ley de Participación Público Privada, que ya pasó la instancia de comisiones en el Senado y que la semana próxima será carne de debate en la Cámara Alta. En líneas generales, plantea un régimen de contratación bajo la jurisdicción de tribunales arbitrales internacionales y en el que no rigen leyes nacionales.

La iniciativa obtuvo dictamen favorable el mismo día que se iniciaba el foro con más de mil ejecutivos de empresas del mundo. Al calor del visto bueno de las comisiones, Federico Pinedo, senador referente del PRO, aseguró a la prensa que la intención del gobierno con el proyecto de ley fue «dar una señal de que vamos a tratar este nuevo régimen. Es una señal a todo el mundo. Y también al Mini Davos, que se está llevando a cabo en este momento».
La señal, una de las palabras fetiche del foro de negocios, indica en realidad la voluntad de flexibilizar condiciones, a tono con el eje principal de las demandas de los capitales extranjeros. Pinedo opinó que en las condiciones actuales el régimen de obra pública «está lleno de dudas e interpretaciones judiciales y todo el mundo le encontró la vuelta para hacerle juicios al Estado». En cambio, con la iniciativa presidencial, «se está buscando un mecanismo para generar un marco de inversiones a largo plazo», aseguró uno de los dirigentes más cercanos a Mauricio Macri.

Procesos similares se dieron en torno al empleo y a los servicios energéticos. En estos últimos casos se destacaron escandalosas reverencias de los dos ministros a cargo, Jorge Triaca y Juan José Aranguren. Triaca aprovechó su intervención en uno de los paneles del foro para «poner a disposición de los inversores el Ministerio de Trabajo», mientras que su par de Energía directamente se manifestó partidario de conceder a las empresas del mercado la potestad de remarcar el valor del servicio por propia cuenta.

El ministro Triaca es el primer abogado de la Ley de Empleo Joven a la que defiende como el remedio para la «fragilidad actual del mercado laboral» en el que asegura «se perdieron 120 mil puestos de trabajo» en los últimos meses. La ley se propone como una herramienta para insertar a los jóvenes que no estudian ni trabajan en el mercado laboral, que calcula cerca del millón de personas. La iniciativa propone exenciones impositivas y otras formas de subsidios a empresas, además de facilidades para contratar personal. Una remake de la flexibilización laboral de los noventa. Música para los oídos que llegaron al CCK desde todos los rincones del globo.

A lo Ringo Starr, el titular del ministerio laboral encontró en el camino de su cruzada una inestimable ayudita del empresario local número uno, el ítalo-argentino CEO de Techint, Paolo Rocca, quien repitió casi calcados los argumentos de Triaca y remató con un pedido de solidaridad por lo menos discutible dirigido a los sindicatos: «Tienen que entender que no deben pelear por el salario de pocos sino por el empleo de muchos», recomendó.

El caso de Aranguren está a tono. Pese a estar en medio de la polémica por sus medidas al frente de la cartera energética, su paso por el foro internacional de negocios dejó una de las frases más increíbles de todo el evento cuando señaló a las compañías con interés en invertir en el país que la decisión de su conducción es no buscar «un vínculo donde decida el gobierno sino que queremos que decida el sector». Aunque los anuncios de inversiones no abundaron precisamente, los sectores que concitaron mayor atención fueron el agropecuario, el de la construcción y el energético, al que el ministro de Energía pertenece con un nivel de fidelidad indudable.

Más allá de la frase de Paolo Rocca, al margen quedan las declaraciones de los CEO del mundo, previsiblemente demandantes de reformas y un Estado al servicio de la re-regulación a favor de las grandes compañías internacionales. Entre los jugadores locales se destacaron algunas manifestaciones críticas de la lentitud del capital nacional para proceder con las inversiones que reclama el gobierno de Mauricio Macri. Entre estos últimos resaltaron las figuras de Gustavo Grobocopatel, que en diálogo con Tiempo reconoció cuando promediaba la cita del CCK que las inversiones no estaban en el nivel que se esperaba. O Marcelo Mindlin, titular de Pampa Energía, que ante la consulta de este medio sencillamente admitió que más que señales del gobierno los inversores internacionales estaban a la espera de señales de sus pares locales. Antes de poner sus capitales quieren ver cómo los ponen los empresarios locales.

Esa es la señal que no ven. El mayor desafío del gobierno nacional hoy pasa por contrarrestar la reticencia de los propios. Ahí es donde primero tiene que prender el efecto contagio. ¿Caerán las piezas del dominó? «

La UIA, con bajo perfil

Los líderes industriales estuvieron en el Foro pero sin la voluntad de jugar un papel de relieve a pesar de que las exposiciones tuvieron como eje las medidas que propone el gobierno para ofrecer una mejora de la competitividad empresaria. Las divisiones que se venían exponiendo alrededor de la política de apertura de importaciones y el tipo de cambio pasaron a segundo plano ante la envergadura del evento y la apuesta de lleno a una política de seducción de las inversión externas. Tiempo dialogó con tres de sus referentes para conocer sus impresiones e indagar las grietas que emergieron alrededor de la administración del comercio. El gráfico Juan Carlos Sacco bajó el tono: «Si bien venimos de cinco años de una recesión que fue profundizada por la política actual, vimos en la UIA que la caída de la economía ya paró» y, reconoció que entre los industriales hay «un consenso amplio con particularidades. Estamos todos de acuerdo con las licencias no automáticas. Veremos si el gobierno cumple, no tenemos más remedio que creerle.» Daniel Funes de Rioja, aseguró que «la UIA es plural y hay distintas realidades. Yo soy partidario de una apertura inteligente, a favor de utilizarlas cuando corresponde, habrá otros que piensan distinto». Para De Mendiguren, «los sectores transables, que compiten con el exterior, encuentran a la Argentina muy cara por el tipo de cambio y la inflación», sobre la situación con China dijo que «estamos los que pensamos que hay que renegociar y otros que reúne los requisitos. Los países desarrollados están administrando el comercio para no importar la crisis que otros quieren exportar.»

Exceso de optimismo: 40 mil millones de dólares era el objetivo del gobierno nacional de anuncios de inversiones durante el Mini Davos de la semana que pasó. Sin embargo, la cosecha fue muy magra: no más de 8000 millones de dólares.