Bogotá
Distintas organizaciones de Derechos Humanos de Colombia cifran entre 90 y 116 las personas asesinadas durante 2016 con patrones similares: ser líderes sociales, haber votado Sí en el plebiscito que rechazó el acuerdo de paz entre el gobierno y las FARC, y estar ligados a los reclamantes de tierras.
Mientras se apagaban los ecos de la Nochebuena, el domingo 25 fue asesinado a tiros Anuar José Álvarez Armero, integrante de la Asociación Campesina de Argelia en el Cauca. La fiscalía tiene un grupo de sus investigadores en el terreno, por lo que pide aún no sacar conclusiones definitivas. Además, creó una unidad para combatir esa modalidad criminal y establecer con precisión si los casos corresponden a motivos políticos o en estos hay hechos relacionados con otros orígenes.
Juan Fernando Cristo, ministro del Interior, muestra su preocupación no solo por la serie de homicidios sino por el señalamiento que se hace de las víctimas: «No podemos seguir permitiendo que se estigmatice la función que cumplen estas personas en todo el país», dijo este martes, en declaraciones reproducidas por el diario El Tiempo.
«Con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas seguiremos trabajando en el 2017 en este objetivo; vamos a hacer una red de defensores de derechos humanos para visibilizar el trabajo de estas personas y así evitar más atentados contra ellos», prometió.
Esta situación, precisamente, era uno de los grandes temores durante la negociación en La Habana de la dirigencia de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia): que no se fuera a repetir el exterminio de sus miembros ni de sus simpatizantes, como ocurrió con la Unión Patriótica (UP).
La primera experiencia de las FARC de hacer política en los ’80 con un partido terminó en un baño de sangre. Dos candidatos presidenciales Jaime Pardo Leal y Bernardo Jaramillo, 8 congresistas, 13 diputados, 70 concejales, 11 alcaldes y alrededor de 4000 de sus militantes fueron asesinados a plena luz del día en los campos y las ciudades por grupos paramilitares o agentes del Estado.
En un alto porcentaje de los hechos ocurridos este año, se trata de personas con reconocimiento, pero en sus aldeas o pueblos. Ninguno con trascendencia nacional.
«Lo que ocurre es muy grave. Se mata en lugares lejanos de tal manera que en los centros urbanos existe la sensación de que nada malo está pasando», dice Ariel Ávila, investigador de la Fundación Paz y Reconciliación. Imelda Daza, una de las personas con una banca en el Congreso, y ex sobreviviente de la Unión Patriótica, consideró que los asesinatos golpean la moral de los militantes de izquierda.
«Se trata de una situación gravísima, muy delicada porque derrumba el ánimo de quienes defendemos la firma (de los acuerdos de paz). Día a día vemos que nos matan y no pasa nada», sentenció.
De los 116 muertos, según la Fundación Paz y Reconciliación, 14 eran militantes activos de Marcha Patriótica, uno de los movimientos que más se ha jugado para que las FARC puedan convertirse en un partido político legal.
«El paso a la modernidad es que podamos administrar esos conflictos en democracia, de manera razonable, con canales de diálogo, sin necesidad de acudir a la fuerza», es la tesis que defiende Humberto de la Calle, quien fue el jefe negociador del gobierno durante los diálogos de La Habana.
Esta ofensiva choca precisamente con el deseo de las partes que estuvieron negociando durante casi cinco años en Cuba. Por eso, el llamado urgente de la ONU a ponerle fin a esta violencia.
«El Acuerdo Final de Paz prevé la implementación de varias medidas dirigidas precisamente a garantizar la seguridad de líderes y lideresas de organizaciones sociales y defensores de derecho», dice un comunicado de la ONU.
La pregunta que gravita ahora es la incidencia que pueden tener estos hechos en las FARC. Para ellos es una demostración de que el paramilitarismo no ha muerto: «Es hora, después de tanta amenaza y muerte, de que el Presidente exija a quien corresponda identificar ya a los promotores del paramilitarismo», dijo el jefe guerrillero Iván Márquez, en Twitter.
Para el investigador Ávila, las consecuencias, si no cesan los asesinatos y si no se aclaran y se castiga a los responsables, serán enormes. «Pueden convertir el proceso de paz en un gran fracaso, en una frustración política, entendiendo el proceso de paz como un todo, más allá de la desmovilización de esta guerrilla, sino como una profundización de la democracia», dijo.
