Se habrán cumplido 83 días desde la desaparición del ARA San Juan cuando este martes –luego de aquel primer encuentro informal en la Base Naval Mar del Plata del 20 de noviembre, en jogging y tras jugar al golf en Chapadmalal– el presidente Mauricio Macri reciba a las familias de los  submarinistas, con la misma condición que impuso el ministro Oscar Aguad: una sola persona por cada uno de los 44. La injustificada demora de una reunión que los familiares exigen a gritos se acaba justo en momentos en que la causa judicial comienza a avanzar, sembrando más dudas sobre el mantenimiento del submarino, con revelaciones sobre incidentes con navíos de otros países, y cuando, de acuerdo al último parte de la Armada, no hay, por primera vez desde la desaparición, ningún barco asignado a las tareas de búsqueda en la zona de la presunta implosión o hundimiento.

«Fue al estilo Macri, mandó a decir a los familiares a través del jefe de la base que nos va a recibir. De hecho, ni siquiera sé si los que no estábamos allá estamos invitados», afirma el abogado querellante Luis Tagliapietra –padre de Alejandro, teniente de corbeta y uno de los 44–, a horas de dejar Caleta Olivia, adonde permaneció varios días, atento a la investigación que conduce la jueza federal Marta Yáñez. «No hay duelo posible, yo me niego –agrega–. Ocurre que se apuraron a enterrarlos. La única opción acá es que los encontremos, y después averiguar la verdad. Está prohibido pensar que no los vamos a encontrar. Es lo que le diría a Macri si lo tengo enfrente. Es una regla básica para un presidente, estar allí donde ocurre la tragedia, solucionar las cosas, pero acá se abrieron de gambas».

Esta semana habrá una impasse en el juzgado, para analizar los sugestivos testimonios recibidos en los últimos días. Los marinos Viana y Vilte, que bajaron del ARA San Juan en Ushuaia, reconocieron fallas detectadas en el viaje previo, entre otras la pérdida constante de aceite. También declaró Enrique Balbi, el vocero de la Armada. Pero las testimoniales clave fueron las de los auditores de la Inspección General de la Armada, el contraalmirante Guillermo Luis Lezana y quien lo reemplazó luego, su colega Eduardo Pérez Bacchi. En un informe de diciembre de 2016, remitido al Estado Mayor General de la fuerza y al Ministerio de Defensa, habían consignado una lista de 33 deficiencias encuadradas como «gravedad uno», es decir, que significaban un «riesgo muy alto» para la navegabilidad del submarino.

Aguad, que declaró por escrito, no mencionó ese informe, aunque tampoco había sido interrogando al respecto, pues la jueza desconocía aún su existencia. Se supo que en julio pasado ya se había reportado el ingreso de agua por la válvula E-19 durante la maniobra de snorkel, sindicado como causa posible del colapso de las baterías y la presunta explosión. ¿Se repararon todas esas fallas? Ningún documento lo indica. Todo lo contrario: el ARA San Juan tenía turno para entrar a dique seco recién en mayo de 2018. «Los accidentes pueden pasar, siempre hay un riesgo, un imprevisto –dice Tagliapietra–, pero si tenés un montón de alertas y así y todo mandás a la gente al agua, sos un hijo de puta». «