La última dictadura cívico-militar quiso borrar las marcas del terrorismo de Estado. Por eso hizo clandestino su plan sistemático de secuestro, tortura y desaparición forzada de personas. Buscó dictar su propia amnistía y presionó a la joven democracia para garantizar su impunidad. Creyó que destruir registros alcanzaría y que el pacto de silencio sería suficiente. Pero no pudo con la memoria de los sobrevivientes. No pudo con la verdad, que finalmente llegó a los tribunales. No pudo con la justicia, la que siempre buscó eludir. Memoria, Verdad y Justicia, los pilares que sostuvieron históricamente los organismos de Derechos Humanos, hoy también son de hormigón y se ubican en la entrada de más de 220 lugares emblemáticos de la represión ilegal perpetrada entre 1976 y 1983. Lugares cuya función se buscó ocultar, pero que hoy se han transformado en herramientas para construir una sociedad más democrática.

En junio de 2011, la Argentina se transformó en el primer país de América Latina en sancionar un marco legal para los sitios de memoria. El Registro Único de Víctimas del Terrorismo de Estado (RUVTE) ya lleva relevados unos 800. De ellos, 220 fueron señalizados y unos 38 funcionan como Espacios para la Memoria en todo el país. Esto quiere decir que cuentan con un desarrollo colectivo orientado a la transmisión de la memoria. Dentro de poco, cuentan a Tiempo desde la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, se sumarán unos 15 Espacios más. Uno de estos será, como anunció Alberto Fernández en el discurso de apertura de sesiones legislativas, el ex CCD “El Campito”, que funcionó en Campo de Mayo, una de las guarniciones militares más grandes del país.

“Lo más interesante de las señalizaciones no es poner la marca en los sitios, ya sean centros clandestinos de detención, puntos de apoyo, masacres, lugares de enterramientos clandestinos, institutos de menores u otros. Lo más rico fue, es y será el trabajo previo: ir al territorio, escuchar a los sobrevivientes, entrevistar a los vecinos, leer los legajos, las causas judiciales, encontrar datos nuevos –que se elevan a las causas judiciales correspondientes– y poder construir entre todas y todos un relato que narre lo sucedido allí”, cuenta Gabriela Juvenal, referente de la señalización de espacios.

De esos diálogos en el territorio surgieron las funciones que los distintos espacios hoy cumplen. “Algunos serán centros culturales y otros museos. Cada comunidad se apropia del espacio para recorrer el pasado e influir en cómo recordamos y llevamos esto al presente”, explica Alejandra Naftal, directora del Museo Sitio de Memoria de la ESMA.

En el caso de la ex Escuela de Mecánica de la Armada, el rol de los sobrevivientes fue fundamental. “Cuando fueron liberados vivieron la culpa de estar vivos y su misión fue dar voz a los que no estaban. Transmitirles a las personas que estaban buscando a sus familiares secuestrados lo que sabían”, explica Naftal, quien también estuvo desaparecida durante seis meses en 1978 en los CCD de Vesubio y el Batallón de Villa Martelli. “Con la apertura de los juicios aparece una voz reparadora donde ellos y ellas pueden hablar no sólo de los desaparecidos que vieron sino también de ellos mismos y su historia. Y para la construcción del guión del museo fueron fundamentales sus testimonios, los que dieron en los juicios. Todo el recorrido está narrado con sus voces”.

Desde que el Museo Sitio de la ESMA se inauguró, en mayo de 2015, ya pasaron más de 400 mil visitantes, el 70% en visitas guiadas para escuelas. Cada año, dicen con orgullo sus trabajadores, crece un 20% en la cantidad de asistentes.

Las resistencias

“Obviamente, en el marco de la señalización hay resistencias que también forman parte de nuestro trabajo por la memoria. Los intentos de borrar las marcas fueron constantes”, cuenta Juvenal. “Por ejemplo: al día siguiente de la señalización de Cuesta del Gallinato (un lugar de fusilamientos en La Caldera, Salta), el cartel apareció con petardos pegados. Poco después fue tiroteado con balas de plomo. En la Comisaría 41ª de Calilegua, en Jujuy, la placa que pusimos después de que el gobierno jujeño la haya definido como sitio de memoria la sacó la propia policía”.

Esas resistencias, agrega, también llegaron desde el Estado en los últimos años. “Con Cambiemos hubo un quiebre. Se siguió señalizando por la prepotencia de trabajo de quienes estamos en el área, pero fue complejo trabajar sin presupuesto, sin poder viajar a los sitios diseminados por el país, y en total disconformidad con una gestión que planteaba el 2×1 para represores y negaba la existencia de los 30 mil”. Pero, de nuevo, no pudieron.

El futuro

A principios de marzo, la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, firmó junto con la Comisión Provincial por la Memoria la cesión del predio donde funcionó El Pozo, un CCD símbolo del terrorismo en esa localidad bonaerense. Cuatro años antes, el entonces intendente por Cambiemos Martiniano Molina había respondido como si se tratara de un bache en el asfalto al ser consultado por la transformación de ese centro de tortura en sitio de memoria. Hoy, el regreso de las banderas de Memoria, Verdad y Justicia como políticas públicas queda en evidencia.

«Yo pienso a la memoria como una cosa activa, como una búsqueda incesante. No la repetición de verdades consagradas. Sino más bien como un interrogar”, planteaba en una entrevista con Tiempo, en 2014, el profesor en Ciencias de la Comunicación e integrante de la CPM de Córdoba, Héctor Schmucler. “Tal vez lo central sea, más que recordar puntual o anecdóticamente, preguntarse cómo fue posible que ocurrieran las cosas». Esos interrogantes flotan en el aire de los sitios de memoria.

ESMA, la memoria del mundo

El predio de la ESMA se transformó en uno de los emblemas del terrorismo de Estado en Argentina. Es uno de los centros clandestinos de detención (CCD) con mayor cantidad de sobrevivientes vivos, denunciado en el exterior aun durante la última dictadura. Allí también, en 2004, Néstor Kirchner pidió perdón a las víctimas en nombre del Estado y asumió públicamente el compromiso de promover la memoria como eje de sus políticas de gobierno.

Hoy, el predio donde funcionó la Escuela de Mecánica de la Armada está destinado a promover los valores democráticos. Y el Casino de Oficiales, donde funcionaba el CCD, es un museo para la memoria. La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación trabaja para que sea declarado Patrimonio Mundial de la Unesco. “En todo el continente americano no hay ningún espacio de estas características. Somos candidatos con el centro de exterminio de Auschwitz (Polonia), con el Museo de los Esclavos en Senegal y con Robben Island, donde estuvo preso Mandela, en Sudáfrica, entre otros”, cuenta la directora del museo, Alejandra Naftal. “Nos proponemos con dos valores universales: uno, que la ESMA simboliza y puede demostrar el delito de desaparición forzada de personas que hubo en la Argentina y en toda la región. Ese sentido negativo se complementa con otro positivo, que es la búsqueda de Memoria, Verdad y Justicia. Un área de incidencia para el mundo de nuestra política de Derechos Humanos”.