En el marco de la causa por el encubrimiento del atentado a la AMIA, la agrupación Memoria Activa presentó la semana pasada como parte querellante el requerimiento para que se eleve a juicio a los imputados Federico Domínguez, Luis Vicat y Marta Nélida Parascándalo. Según se informa en el portal de la propia agrupación de familiares y amigos de las víctimas del atentado (que este año cumplirá 23 años sin esclarecerse), la petición fue presentada antes del final de 2016 en contra de estos tres actores fundamentales dentro de la causa, a quienes se acusa de haber actuado coordinadamente con el entonces juez Juan José Galeano en una maniobra de desvío de la investigación, que se habría llevado a cabo a través de coacciones ejercidas sobre policías que se encontraban detenidos en el marco de la causa AMIA o sobre sus familiares.

Según informa Memoria Activa, dichas personas fueron presionadas por los imputados para que prestaran declaración con el fin de “involucrar falsamente” al ex comisario de la Policía Bonaerense Juan José Ribelli, quien durante la primera mitad de los años ’90 comandó la Brigada de Investigaciones de Lanús, y en consecuencia robustecer la falsa hipótesis creada que lo vinculaba con el atentado. A cambio de sus testimonios, Vicat, Domínguez y Parascándalo habrían ofrecido a los policías beneficios del tipo económico, laboral, incluso una nueva identidad en el exterior. También, aprovechándose de la situación de privación de la libertad en la que los agentes se encontraban, les habrían ofrecido la posibilidad de ser excarcelados o de mejorar sus condiciones de detención, bajo amenaza de que en caso contrario podrían mantener o empeorar esas situaciones.

Federico Domínguez fue abogado defensor de Juan Bautista Huici, por entonces policía bonaerense de Lanús y detenido por el atentado. El propio Huici relató que Domínguez lo indujo a mentir respecto de haber visto en la brigada a la Trafic blanca utilizada como cochebomba. Domínguez dejó de representar a Huici cuando asumió como jefe de asesores de la Secretaría de Seguridad de la provincia de Buenos Aires en plena reforma de la Policía Bonaerense, durante la segunda mitad de la década de 1990, desde donde también tuvo intervenciones irregulares en la causa. Durante 2014 fue declarado ciudadano ilustre de la provincia de Buenos Aires por el senado bonaerense, una iniciativa presentada por la legisladora del Frente Renovador, María Elena Torresi de Mércuri. Actualmente Domínguez se desempeña como presidente del Tribunal de Casación Penal de la provincia de Buenos Aires.

Abogado y ex comisario, Luis Vicat participó de la causa AMIA como jefe de la comisión especial formada en la policía bonaerense para investigar el atentado, puesto que le concedió el ex juez Galeano. Entre otras causas en su contra, Vicat fue juzgado y absuelto en 2013 por presunto espionaje a jueces, ex funcionarios y agrupaciones de derechos humanos utilizando equipos y fondos públicos. Varios ex policías declararon haber sido presionados por Vicat, entre los que se encuentran Diego Barreda, Juan Maisú y Juan Bautista Huici, quien declaró -según informa Memoria Activa-, que cuando Vicat lo visitó en la cárcel para presionarlo, se presentó como “amigo personal de (Rubén) Beraja con todo el aval para charlar”. Desde hace años Vicat es consultado regularmente por diversos medios de la prensa escrita, la radio y la televisión como especialista en seguridad.

Por su parte, Marta Parascándalo participó de la causa como defensora de Alejandro Burguete, un agente de la bonaerense que fue liberado de prisión tras declarar en contra de Ribelli. Memoria Activa informó que con el precedente de Burguete, Parascándalo habría presionado a otros policías para que declararan contra del entonces comisario de Lanús.

Domínguez fue procesado a fines de 2014 por el delito de extorsión por su actuación como abogado en los inicios de la causa por el atentado contra la AMIA. En aquella resolución, firmada por el juez Ariel Lijo, también quedaron procesados Vicat y Parascándalo, junto al abogado Aldo Spicacci Citarella y al ex comisario Miguel Ángel Márquez. El procesamiento de Domínguez, Vicat y Parascándolo en el marco de esa misma causa fue ratificado en abril de 2016 por la Sala I -ad hoc- de la Cámara Federal, por considerar que la actuación de los tres tuvo como finalidad incriminar falsamente a varios agentes de la policía bonaerenses.