«Somos doblemente víctimas: por la falta de respuesta ante la desaparición y muerte de Santiago, y por comprobar que, en lugar de establecer quiénes son los culpables del hecho, fuimos investigados sin estar imputados en la causa», expresa un comunicado emitido el viernes tras una resolución del juez Gustavo Lleral.
En la resolución, Lleral solicita la destrucción de los audios recolectados del teléfono de Sergio Maldonado (querellante en la causa) desde inicios de la investigación por la desaparición de su hermano Santiago hasta el 30 de septiembre.
La intervención del teléfono había sido ordenada por Guido Otranto y se extendía también a teléfonos de Ariel Garzi (amigo del joven) y de la referente mapuche Claudina Pilquiman. También de Marcela Anarda Stocovaz, una de las personas que estaba en contacto con la comunidad mapuche.
Según se conoció, la orden de pincharlas comunicaciones se realizó entre el 5 y el 22 de septiembre. Las líneas fueron intervenidas hasta que estuvo a cargo Otranto. Apenas ingresó a la causa Gustavo Lleral, ordenó que finalizara el registro dado que se trataba de una violación de la intimidad.
Las escuchas hasta ahora no se habían agregado al expediente y estaban guardadas de manera confidencial y fueron realizadas por la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (Dajudeco).
En el texto, el juez expresa, entiendo que los motivos esgrimidos tanto por la fiscal Ávila de peticionar las intervenciones de las comunicaciones telefónicas de testigos y de la propia víctima, y los argumentos enarbolados por el juez Otranto al acoger esa solicitud, resultan absolutamente reñidos con los derechos fundamentales y constitucionales. Ello es así porque, en primer lugar, ninguna de las personas cuyas comunicaciones telefónicas fueron judicialmente intervenidas revestía el carácter de imputada o sospechosa.
A pesar de haber abandonado la causa, Otranto solicitó las cintas que no fueron concedidas, dado que ya había abandonado su lugar frente a la investigación.
La resolución emitida por Lleral ordena la destrucción de «todos los registros y archivos documentales escritos o auditivos, sus originales y copias además de cualquier registro existente en el organismo que se dedicó a la recolección de datos. Agregó además que no haberse metido en la privacidad de Maldonado no era la única opción para recolectar datos que contribuyan al hallazgo de Santiago.
Desde la familia, afirmaron «cuando ya pensamos que era imposible agravar la situación de nuestra familia, se produce esta revelación que no hace más que confirmar que fuimos y somos objeto de una persecución, que incluso podría llegar a constituir delitos», expresó en un comunicado la familia del joven artesano desaparecido el 1° de agosto pasado luego de un operativo realizado por Gendarmería Nacional en territorio mapuche.
Al manifestarse el viernes «objeto de desviaciones maliciosas, de una persecución ilegal y perversa, que construye un escenario de impunidad para los autores del hecho», la familia Maldonado se refirió a la resolución dictada ayer por el juez de la causa Gustavo Lleral, quien declaró la «nulidad absoluta de todo el material (grabaciones y transcripciones)» ordenado por el anterior magistrado a cargo de la causa (Otranto) y su «destrucción total».
«No tenemos nada que ocultar y no van a intimidarnos con provocaciones ni persecuciones», continúa el comunicado de la famila Maldonado.
Por último, reiteran su reclamo como «ciudadanos comunes y corrientes exigiendo Verdad y Justicia» y advierten que «el Estado no debería invertir tiempo y recursos en investigarnos sino dar una respuesta eficiente a nuestro pedido, que ya es de tantos miles en nuestro país y el mundo».
En la resolución de 11 páginas, el juez Lleral dejó en claro que «todo accionar de los órganos del Estado tiene como límite infranqueable al hombre y a sus derechos esenciales, que no pueden por ninguna razón verse afectados por medidas desproporcionadas, inconducentes e ilegítimas».
