El ex canciller argentino Héctor Timerman publicó este miércoles una nota en el diario estadounidense The New York Times titulada “Soy un preso político en Argentina” en la que denunció la persecución que sufre él, la ex presidenta Cristina Fernández y sus ex funcionarios por parte del juez federal Claudio Bonadio.

“Escribo estas líneas desde mi casa, donde fui confinado por la Justicia hace más de una semana. Soy un prisionero político”, arranca el texto, que señala el rol de Bonadio en el encubrimiento de la causa AMIA y ahora como ariete en su contra.

“La investigación del ataque fue tan defectuosa y corrupta que en 2004 el juicio entero fue anulado y el juez que lo lideró fue puesto bajo investigación. El juez Bonadio, que ahora me acusa de traición, llegó la investigación del encubrimiento pero fue removido en 2005, acusado de parcialidad y de conspirar para proteger a aquellos que frustraron la investigación inicial”, explicó.

“El fiscal Alberto Nisman se hizo cargo de la investigación de AMIA y señaló a un grupo de funcionarios iraníes como los autores intelectuales del ataque. Los tribunales ordenaron que los sospechosos fueran detenidos y llevados ante un juez, ya que la ley argentina no permite juicios en rebeldía. Irán respondió que sus propias leyes prohíben la extradición de sus ciudadanos. Por lo tanto, el caso quedó paralizado por otra década”, escribió.

En este sentido, remarcó que “avanzar en el caso fue un objetivo clave de la administración de la ex presidente Cristina Fernández de Kirchner”. “La solución fue un acuerdo entre ambos países: un juez argentino interrogaría a los sospechosos en Irán y comenzaría procedimientos para llevar la verdad y la justicia a las víctimas. También estableció una comisión de la verdad no vinculante compuesta por juristas internacionales para observar el caso. Para el Sr. Bonadio, el acuerdo socava la investigación penal en el caso AMIA y es el pretexto para mi acusación”, agregó.

Criticó, en este sentido, que “la traición es una acusación sin precedente moderno relevante en nuestro país” y que para que un ciudadano argentino “cometa traición, el país debe estar en guerra”.

«Argentina e Irán no están, y nunca han estado, en guerra. Hasta el día de hoy, mantienen relaciones diplomáticas. No obstante, el Sr. Bonadio justifica esta acusación alegando que el ataque terrorista representa un acto de guerra. Él argumenta que el país ha estado en guerra durante 23 años, sin ningún reconocimiento formal, y en contradicción con toda la jurisprudencia”, expresó el ex canciller.

Y agregó: “Irán rechaza las acusaciones contra sus ciudadanos. No obstante, acordó cooperar en el caso luego de una campaña diplomática multianual encabezada por los sucesivos gobiernos de Kirchner. Así comenzaron las negociaciones oficiales, anunciadas por la Sra. Fernández de Kirchner en las Naciones Unidas, y los ataques políticos de quienes dijeron que Irán era un interlocutor negociador inaceptable”.

En otro fragmento de la carta, Timerman dijo no saber porque “el acuerdo se ha convertido en foco de una ira vengativa” y destacó que fue aprobado por el Congreso argentino. “Bonadio parece decidido a llevar adelante un caso con pruebas tan endebles y en el marco de decisiones judiciales con un calendario sospechosamente político”, opinó.

“Desde que Mauricio Macri asumió la presidencia a fines de 2015, el Sr. Bonadio ha logrado encabezar la mayoría de los casos contra la Sra. Fernández de Kirchner y ha encarcelado a varios de sus ex funcionarios en prisión preventiva” dijo, al tiempo que advirtió sobre un “uso del sistema penal para perseguir opositores”.

Por último, cuestionó a Bonadio por haber rechazado la excarcelación para recibir atención médica. “Hace unos días determinó que debo pedir permiso para ser atendido por médicos, una decisión criticada por Human Rights Watch”, destacó.

“Hace cuarenta años, mi padre, el periodista Jacobo Timerman, también era un preso político. Pasó más de un año bajo arresto domiciliario, después de haber sido secuestrado y torturado en centros clandestinos dirigidos por militares durante la última dictadura de mi país desde 1976 hasta 1983”, expresó y concluyó: “Pedí ser juzgado lo más rápido posible. Impedir que reciba atención médica constante es condenarme a muerte. La Constitución Argentina no permite la pena de muerte. Pero con un juez como este, eso es poca garantía”.