El profesor universitario, periodista y doctor en Antropología Spensy Pimentel habla de cómo la impunidad de los crímenes de la dictadura influye en el Brasil de hoy.

–¿Por qué cree usted, que fue colaborador de la Comisión da Verdad, que durante 13 años de gobierno del PT no llevaron ante la Justicia a los genocidas y torturadores de la dictadura? ¿Ese antecedente de impunidad, tiene alguna influencia en el actual escenario político social?

–Seguramente, el hecho de no haber avanzado en la recuperación de la memoria y la punición de los crímenes cometidos contribuye para crear el ambiente actual, donde hay toda una generación que ignora lo que sucedió durante la dictadura y que inclusive minimiza los abusos cometidos. La Comisión de la Verdad llegó al final de los dos gobiernos del PT y tuvo mucho menos relevancia que en lugares como Argentina. Eso tiene que ver con la falta de firmeza para enfrentar ese desafío, por parte de gobiernos que se decían populares, pero también con las características de la sociedad brasileña. En nuestra formación tuvo un peso enorme la esclavitud, sobre la cual pesa también una fuerte política del olvido. Brasil tiene tantas camadas de períodos violentos, de genocidio, que tal vez el de la dictadura sea visto como uno más, por decirlo así. Pero eso tiene que ver también con la forma en que la propia izquierda entiende ese período. Para dar un ejemplo próximo a mí, en el inicio del proceso hubo cierta resistencia para investigar la represión contra los pueblos indígenas, como si no pudiese ser considerada como represión política. Hubo todo un debate para que se reconociera que las violaciones de Derechos Humanos contra campesinos, contra indígenas, eran parte del conjunto de los crímenes políticos cometidos por la dictadura. Esa falta de percepción de una parte de la izquierda también contribuyó para que la sociedad permanezca ajena a este proceso, porque se pasó la idea de que la represión de la dictadura sólo afectó a una pequeña parte de la clase media. Por ejemplo, no existe un esfuerzo para conectar lo que sucedió en la dictadura con lo que pasa actualmente en los barrios populares, el genocidio contra los jóvenes negros, por medio de la asociación de esas muertes al tráfico, a la guerra contra las drogas, etcétera. Se dice que «murió porque  andaba en algo» como en la dictadura se decía «ah, pero eran terroristas». Esa cultura de que la autoridad tiene derecho a matar está muy arraigada en la sociedad brasileña. Y hoy vemos una parte significativa de la sociedad sustentando eso, como muchos de los que apoyan a Jair Bolsonaro.

–¿Cuál fue la incidencia real de EE UU en el golpe contra Dilma Rousseff?

– En 2013, Edward Snowden apuntaba a la Petrobras como uno de los principales blancos, demostrando que el espionaje de EE UU no se guiaba por la seguridad de sus ciudadanos, sino por motivaciones económicas. Hubo en ese momento falta de firmeza en la reacción brasileña. La historia brasileña sigue siendo escrita por Estados Unidos. En 2013, el mismo mes en que se dieron esas grandes manifestaciones, era el momento en que Snowden estaba haciendo esas revelaciones.En el escenario internacional, Brasil se posiciona actualmente como un país colonizado, un país menor, que tiene una increíble cantidad de riquezas, pero que para la elite conviene presentarlo como un país pobre, por aquello de que antes de dividir la torta hay que hacerla crecer, pero Brasil es una torta que creció hace mucho tiempo. Sobre esa elite mediocre, violenta, yo haría un paralelo con las palabras del gran antropólogo Darcy Ribeiro, que decía que Brasil se convirtió en un molino de gastar gente. Los indicios apuntan a la participación internacional en el golpe, pero al mismo tiempo el debate se trabó porque sabemos que hubo errores del PT; nadie niega eso, ni el propio PT. Lo que se cuestiona es la diferencia de tratamiento de la Justicia brasileña en relación con esos agentes del PT y de otros partidos que hicieron cosas parecidas, donde los procesos son mucho más lentos, con el mayor número posible de recursos; muchos responden por sus crímenes fuera de la prisión, sin hablar de mucho menor cobertura en los medios.

–¿Por qué los gobiernos petistas no intentaron desmonopolizar los medios masivos de comunicación?

–El PT está sufriendo persecución, sí, pero por instituciones brasileñas cuyos problemas no fueron enfrentados por los gobiernos petistas. Durante 15 años participamos en debates sobre los cambios necesarios en la comunicación del país, participé de la comunicación pública federal y se consiguió avanzar muy poco. En países como Venezuela, con todos los pesares, hubo medidas para enfrentar el monopolio de los medios; en la Argentina también, pero en Brasil no. Y las personas actualmente perjudicadas por ese sistema no actuaron cuando tuvieron la oportunidad de hacerlo.

–¿Peligran las elecciones presidenciales de octubre próximo?

–Es una incógnita si tendremos o no elecciones en octubre, pues estamos en un momento de ruptura institucional con apariencia de legalidad, con el hecho destacado de la prisión de Lula. En este momento, las elites buscan candidatos que puedan adoptar un programa de reformas ultraliberales y aunque Bolsonaro no cuenta con el apoyo de esas elites, estas pueden finalmente aceptar negociar con él, en caso de que no tengan otra alternativa. Es evidente la maniobra para excluir a Lula de las elecciones, cuando está liderando las encuestas, pues independientemente de lo que haya hecho, el pensamiento de mucha gente es que si siempre alguien va a robar, por lo menos voy a votar por alguien que haya hecho algo por mí. Seguramente la izquierda va a adoptar una política de reducción de daños, eligiendo al candidato menos peor. Tenemos un sistema político del que somos rehenes, y no es posible vislumbrar cambios efectivos, porque un presidente, por mejor que fuere, también será rehén de un Congreso Nacional dominado por los ruralistas y evangélicos muy radicales.  «