Stefan Borghardt –alemán, 28 años, estudiante de fotoperiodismo– llegó a la Argentina en octubre del año pasado. Por las noticias se enteró del derrame de petróleo en el yacimiento no convencional Bandurria Sur, que opera YPF en Vaca Muerta, en la provincia de Neuquén, y enseguida supo que había conseguido el tema para el proyecto que le habían encargado en la Universidad de Ciencias Aplicadas y Artes de Hannover, y por el que se había tomado libre el semestre.

«Llegué a Neuquén –le cuenta a Tiempo– antes de la Navidad. Me había llamado la atención el boom del fracking. Es una práctica que está prohibida en algunos países como Francia o Bulgaria, pero no hay una posición clara de la Unión Europea, se sigue discutiendo. Y quería investigar qué impacto social y ambiental tiene aquí el fracking”.

El lunes 7 de enero, cerca de las seis de la tarde, Stefan merodeaba el lote 56 de la empresa Treater Neuquén SA, fotografiando los basureros petroleros a cielo abierto, cuando un supervisor lo interceptó y lo llevó en su camioneta a un puesto en el ingreso al predio. Allí hizo algunos llamados telefónicos –a su jefe y a la policía neuquina– e insistió en que el joven borrara las fotos de sus dos cámaras.

Unos minutos después, Stefan volvió a subirse a un vehículo, esta vez a un patrullero que lo trasladó hasta la Comisaría 10° de Añelo. Pese a los pedidos de explicación del estudiante, la oficial que lo escoltaba le quitó el celular, leyó cada uno de los mensajes y reprodujo todos los audios. ¿Qué sentía en esos momentos? «Sentía miedo de que me pasara algo grave», dice hoy Stefan.

Ya en la comisaría, los policías hicieron muchas preguntas –qué hacía allí, quién lo mandaba, por qué estaba tomando fotos– y labraron un acta. Stefan tuvo la insolente ocurrencia de querer leer lo que firmaba. Entonces lo metieron a empujones a un calabozo. «Me pegaron, me patearon y un oficial que me maltrataba con una escoba desde lejos me dijo que odiaba a todos los alemanes. Otro policía insistió en que me apurara a quitarme los cordones de las zapatillas, porque si no, me ayudaría él, y sacó un navaja del bolsillo para asustarme. También me dijo que si me decían que firmara, tendría que firmar, y que las cosas no funcionaban como yo me las imaginaba. Durante todo ese proceso, yo actuaba de manera defensiva, pidiéndoles que no me lastimaran.»

Después de dos horas de hostigamiento, el joven fue llevado a otra celda, donde era constantemente visitado por policías que insistían en hacerle preguntas. En todo ese tiempo ni siquiera le dieron un vaso de agua. Pasadas las diez de la noche, lo sacaron del calabozo. Antes de dejarlo ir, lo obligaron a firmar unos papeles donde constaban el horario de ingreso y salida. También que le habían devuelto todas sus pertenencias. No era cierto. El equipo fotográfico recién lo recuperó el viernes pasado, cuando fue recibido por el fiscal general José Gerez, quien se comprometió a investigar las denuncias de golpes, vejaciones y amenazas en la comisaría de Añelo.

Un mes atrás, Greenpeace había revelado irregularidades en un vertedero tóxico de 13,6 hectáreas, equivalente a 15 canchas de fútbol, con residuos peligrosos que no están siendo tratados con las regulaciones correspondientes, perteneciente a la compañía Treater, el mismo que intentó fotografiar Stefan.

Según el reporte científico de Greenpeace, la descarga tóxica no sólo se está depositando directamente en el suelo sin una zanja de drenaje adecuada y sin revestimiento de impermeabilización, sino que no tiene en cuenta la seguridad de los trabajadores. Además, este vertedero se encuentra a apenas 5 kilómetros de la ciudad de Añelo, y a 3,7 kilómetros del río Neuquén, violando el decreto N°2263 de la Ley Provincial, así como la Ley General de Medioambiente N°24051. El hecho, definido por los especialistas como «vandalismo ambiental puro», fue denunciado ante la Fiscalía de Delitos Ambientales y Leyes Especiales.

–¿Qué conclusiones sacas de lo que sufriste?

–Más allá del caso mío, lamentablemente muchos colegas de Neuquén están acostumbrados al maltrato policial. Los intimidan, no los dejan trabajar. La policía parece una fuerza privada que actúa a favor de los intereses de los empresarios en vez de defender los derechos del pueblo. Una vez liberado, seguí teniendo miedo, porque no sabía lo que eran capaces de hacer. «

Cornejo autoriza evaluaciones

El gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, avanza con políticas dirigidas a potenciar la industria petrolera a través de la explotación no convencional, fundamentalmente, con la fractura hidráulica, conocida como “fracking”. Según informó el portal MDZ online, la Dirección de Protección Ambiental provincial autorizó el inicio de la evaluación ambiental para hacer fracking en el área Río Atuel de Malargüe, un proyecto presentado por la empresa El Trébol, la misma que ejecutó pruebas pilotos en la zona de Puesto Rojas, también en Malargüe.

Las Asambleas Mendocinas por el Agua Pura ya anunciaron movilizaciones y señalaron al gobernador Cornejo “como el máximo responsable de lo que pueda suceder en términos de contaminación, por ser el promotor de actividades que no contempla la aplicación de la Ley 7722, lograda por el pueblo en las calles, que prohibe las actividades contaminantes como el fracking y la megaminería”.