Suicidios en celdas: cuando las muertes no necesitan la justificación del motín

Desde el comienzo del aislamiento obligatorio, 13 personas murieron en cárceles y otras cinco en comisarías de todo el país, es decir, bajo la exclusiva responsabilidad del Estado. En tres de esos casos, las víctimas “aparecieron” ahorcadas, sin embargo las investigaciones acumularon más dudas que certezas.

12 de mayo de 2020

La verdad, a veces, solo demora un poco más. Al cumplirse un mes de que Florencia Morales apareciera ahorcada en una comisaría de San Luis, la ampliación de la autopsia reveló que tenía “signos compatibles con la autodefensa”, ignorados al comienzo de la investigación y que refuerzan el pensamiento de la familia: a Florencia la mataron.

El mismo reclamo sucede no muy lejos, en uno de los barrios de Villa Mercedes, también en San Luis. Franco Maranguello tuvo una vida corta: fueron, apenas, 16 años. Lo detuvieron en la puerta de su casa por su comportamiento “sospechoso”. Algunas horas encerrado en una celda del destacamento dedicado a la “Atención a la Niñez, Adolescencia y Familia” bastaron para que su madre tuviera que retirarlo muerto. Los agentes que debieron contenerlo se justificaron detrás de la destreza del chico: al parecer pudo colgarse con una remera que ató a la ventana.

Tampoco es fácil explicar lo ocurrido en la Unidad 40 de Lomas de Zamora. Magalí Saraco estaba en el último tramo de su condena que le habilitaba salidas transitorias. Aunque las circunstancias aún no están claras, se sabe que terminó en una celda de castigo. El Servicio Penitenciario Bonaerense solo aportó que la encontraron ahorcada.

Desde el comienzo del aislamiento obligatorio, 13 personas murieron en cárceles y otras cinco en comisarías de todo el país, es decir, bajo la exclusiva responsabilidad del Estado. Uno de ellos, Federico Rey, de 30 años, fue asesinado a balazos por penitenciarios en la Unidad 23 de Florencio Varela durante el reclamo de mejores condiciones ante la pandemia de Covid-19. Pero los suicidios, aun cuando las autoridades estén obligadas a garantizar la integridad de los detenidos, no necesitan la justificación del motín. El otro dato es que mientras el debate por las prisiones domiciliarias se instala para enardecer a una parte de la sociedad, a muchos menos los espanta que un menor muera encerrado en una celda.

“Como un perro”

El viernes 24 de abril, cerca de las ocho de la noche, un llamado al 911 avisó que había un joven “en actitud sospechosa” caminando por el barrio Santa Rita de Villa Mercedes. Un rato después, una patrulla de la División Respuesta Inmediata Motorizada (DRIM) de la Policía de San Luis detuvo en la vereda de su casa a Franco Maraguello, de 16 años, más conocido por su apodo de Paco. De acuerdo al reporte oficial, el menor tenía “dos cuchillos del tipo casero” con las hojas envueltas en cinta aisladora negra. Según la familia, Paco solo llevaba encima cigarrillos, un encendedor y veinte pesos.

“Llegué a las once de la noche a la comisaría y los policías me dijeron que mi hijo había violado la cuarentena. Les pregunté dónde lo habían detenido y me dieron la dirección de mi casa. Cuando estaba por firmar un papel para retirarlo, empezaron todos a corretear”, recuerda Sandra Drago.

Después de muchas vueltas, un agente le dijo que su hijo se había ahorcado con la remera atándola a la reja de la ventana. La nuera de Sandra fue la encargada de reconocer el cuerpo: estaba en uno de los calabozos del fondo, a oscuras, y sentado sobre el cemento que hace de cama. Cuando preguntó por qué estaba en esa posición, los policías respondieron que intentaron reanimarlo con técnicas de primeros auxilios.

“Recién a las seis de la mañana pude ver a mi hijo en la morgue. Tenía golpes en las orejas, brazos, rodillas y chichones en la cabeza. Supuestamente lo llevaron a la comisaría para darle contención, pero lo tiraron en el fondo como si fuera un perro”, se lamenta la madre.

Gustavo Otegui, abogado de Sandra, presentó un escrito solicitando “ante la evidente parcialidad y pasividad policial” una serie de medidas urgentes entre las que destaca una reautopsia. “No hay testimoniales ni fotos del chico ahorcado; tampoco están las actas de recepción del menor ni constancias de que hayan ido los peritos de Criminalista o un fiscal. Todo estuvo mal hecho, han llenado de dudas el expediente”, se queja. El abogado también presentó un habeas corpus colectivo “a fin que cesen las detenciones de menores en comisarías y se apliquen los protocoles y estándares internacionales en el trato, cuidado y traslado por parte del personal policial”.

Sandra promete luchar hasta el final por su hijo y confiesa el deseo íntimo que la mueve: “Que paguen los que tienen que pagar”.


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(Foto: Edgardo Gomez)


Sin derechos

El 5 de abril, Florencia Morales, de 39 años, salió de su casa de Santa Rosa de Conlara, en San Luis, antes de la nueve de la mañana. La versión oficial dice que a las 9.30 unos policías intentaron detenerla porque circulaba en contramano con su bicicleta, pero que ella terminó presentándose de manera espontánea en la comisaría 25. Al enterarse de que quedaría demorada por incumplir el aislamiento obligatorio, la mujer intentó "fugarse". Luego hubo un “forcejeo” y hasta el traslado al hospital de la zona. Lo siguiente que se supo fue que Florencia se había suicidado. El comunicado del juzgado de Instrucción Penal del Departamento Junín detalló que "tenía asido a su cuello un cordón (posiblemente de la capucha del buzo que vestía) atado en el otro extremo a la bisagra superior de la puerta enteriza de madera de la celda".

“La autopsia sólo dijo que la causa de muerte había sido asfixia mecánica. Por considerarlo insuficiente, pedimos una reautopsia que detalló lesiones en las muñecas, en el antebrazo izquierdo, debajo de las dos rodillas que son signos compatibles con la autodefensa y que fueron ocultadas en el primer informe”, explica Santiago Calderón Salomón, representante de los Morales como particular damnificado.

“Es el mismo Estado que recicla a los 'balconeros' o 'caceroleros' en el sentido que considera al preso como un ciudadano por afuera de todo derecho. Es la carne de cañón, los grupos más vulnerados y discriminados: pobres, jóvenes, mujeres”, resalta Ismael Jalil, abogado de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI).

Magalí Saraco tenía 26 años y estaba detenida en la Unidad Penitenciaria N° 40 de Lomas de Zamora. La libertad, para ella, era una realidad cercana: en 2021 terminaba su condena. El escueto parte del Servicio Penitenciario informó que el domingo 26 de abril fue hallada ahorcada en una celda de castigo. La ley ya habilitaba a Magalí a tener salidas transitorias y formaba parte de la población que, según la Cámara de Casación Penal bonaerense, debió haber sido beneficiada con alguna pena alternativa en el actual contexto de pandemia.

“Del total de las muertes –concluye Jalil– donde el Estado es responsable por acción u omisión, más de la mitad ocurre en lugares de encierro. De esa cifra, el 30 por ciento es de origen violento. Puede ser un ´puntazo´ de otro preso, un tiro de un guardia, falta de atención médica o los ahorcamientos, pero siempre la responsabilidad absoluta es del Estado por el deber de cuidado al ejercer la custodia de la persona”.

En el sur también

En marzo, Federico Corbolud y Omar Alvarado aparecieron ahorcados en calabozos de las comisarías cuarta y quinta de Caleta Olivia, en Santa Cruz. 

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