Los dos principales argumentos del gobierno porteño uniformidad y fomento de la construcción para impulsar la sanción de un nuevo Código de Planeamiento Urbano para la Ciudad de Buenos Aires son, precisamente, las razones del rechazo unánime de más de 100 organizaciones que defienden la identidad de los barrios y se oponen a la «liberación» de las alturas porque, aducen, se privilegia el negocio inmobiliario en perjuicio de la calidad de vida y ambiental de los vecinos.
El pasado lunes 5 de junio, y luego de que la Justicia lo obligara a adoptar las medidas tendientes a garantizar la participación ciudadana, la administración PRO convocó a un seminario »vendido» por los organizadores como una audiencia pública para discutir el nuevo Código Urbanístico y el nuevo Código de Edificación de la Ciudad. Sin embargo, lo que debió ser una oportunidad para consensuar con las organizaciones y movimientos sociales se convirtió en un reclamo sordo.
«El rechazo fue unánime, y lo que se le planteó al gobierno fue la necesidad de una discusión previa. Ellos querían mandar el proyecto directamente a la Legislatura, pero el Código es algo relevante, es ni más ni menos lo que va a definir el perfil urbano de la ciudad en los próximos 30 o 40 años», dice Ariel Venneri, de la asamblea de vecinos de Villa Pueyrredon y Agronomía.
Como ejemplo de la poca voluntad del gobierno de escuchar a los vecinos, el encuentro comenzó a las 9:30 de la mañana. «El sentido común te dice que a esa hora, en un día hábil, la mayoría de la gente está trabajando. Debería haber sido después de las 6 de la tarde. Por eso, de los 200 que estaban anotados, solo pudimos concurrir unos 80», se queja Ariel.
El Código de Planeamiento Urbano es el conjunto de normas que «alcanzan y rigen todos aquellos asuntos relacionados con el uso del suelo, de los edificios, estructuras e instalaciones, la apertura y ensanche de vías públicas, la subdivisión y englobamiento de parcelas, los volúmenes edificables, el tejido urbano, ( ) y con todos aquellos aspectos que tengan relación con el ordenamiento urbanístico del territorio de la Ciudad», según establece la Ley 449/2000.
Fue sancionado en 1977 (desde entonces se hicieron sucesivas modificaciones) e instaló conceptos como Factor de Ocupación Total (FOT) y Factor de Ocupación del Suelo (FOS), para regular las construcciones en la ciudad. También se establecieron zonas con regulaciones específicas, como en el caso de las residenciales o industriales.
La propuesta oficial es un proyecto decididamente «morfológico», es decir, centrado en la apariencia, que eliminaría los criterios FOT y FOS y los reemplazaría por una tipología de construcción «por volumen». Pero lo que más enoja a los vecinos es lo que se refiere a las alturas: la intención es homogeneizarlas hacia arriba.
Para tener una idea de cómo podría alterarse la identidad de algunos barrios de casa bajas, de aprobarse el proyecto del gobierno, en Villa Pueyrredon y Agronomía, por ejemplo, se podría edificar hasta los 22,3 metros de altura (hoy el límite es de 12 metros)
Mayor impacto causará el nuevo Código en la fisonomía de la zona conocida como Ribera del Riachuelo, que comprende los barrios de La Boca y Barracas y donde actualmente la altura máxima se detiene en los 17,5 metros. Sin embargo, de prosperar la iniciativa oficial, los constructores estarán habilitados para la construcción de grandes torres (en promedio, un edificio de 30 pisos mide entre 100 y 120 metros), por ser considerada un polo de desarrollo inmobiliario.
En ese sentido, desde el oficialismo imaginan un nuevo Puerto Madero hacia el sur, y los menos prudentes hasta sueñan con rascacielos bordeando el río, como muestran las postales de Manhattan. Lo que nadie dice, por ahora, es qué piensan hacer con los que hoy viven (mal) en esos lugares.
Sin calidad, sin identidad
«El proyecto del gobierno explica Venneri quiere liberar las alturas, reforzando la uniformidad y aumentando la capacidad de construcción de metros cuadrados, sin contemplar la calidad de vida ni la identidad del barrio. Nuestro rechazo no es ilógico, es una tendencia que existe en las principales ciudades del mundo desarrollado que el gobierno mira tanto. Hace por lo menos 50 años que se busca tener áreas distintas, de fuerte identidad. Proponer la uniformidad es volver para atrás, y la única razón que se me ocurre para justificarlo es que se pueda construir más».
Hace un año, la Legislatura aprobó por 42 votos positivos, 16 negativos y dos abstenciones la creación de la Agencia de Bienes Sociedad del Estado. Ese día, el gobierno porteño comenzó a disponer de la compra, venta, alquiler, concesión y canje de unos 2400 inmuebles estatales. Con la Agencia, que cumple funciones similares a las de la Corporación Puerto Madero y la Corporación Buenos Aires Sur, también con formato de Sociedad del Estado, los ciudadanos perdieron el derecho a decidir sobre el destino y uso del patrimonio común, tal como lo establece la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y la Ley Orgánica de Comunas. La implementación de un nuevo Código Urbanístico sería la frutilla del postre de una política de privatización del espacio público y negocios inmobiliarios impulsada por el macrismo desde que asumió el gobierno porteño en el año 2007.
Ese mismo año, en Villa Urquiza, por ejemplo, habían sido demolidos grandes chalets para hacer torres y la modalidad no tardó en extenderse a Villa Pueyrredon. Ante este avance, un grupo de vecinos se juntó para iniciar una demanda judicial y se organizaron en «Vecinos por las casas bajas». Recolectaron firmas, distribuyeron volantes informativos y elaboraron anteproyectos de ley para la rezonificación de varios sectores del barrio.
«Estaban destruyendo las identidades de nuestros barrios concluye Ariel, pero logramos que sancionaran dos leyes que limitaron las alturas, y después de nosotros también se organizaron en Barracas, Caballito, Devoto. Sabemos mejor que nadie que el Código vigente es del ’77, pero en estos años logramos muchas modificaciones que lo fueron subsanando. El nuevo Código que proponen volvería al que implementaron los militares. Ellos también querían uniformidad. Todos con el pelo corto». «
Derecho
El gobierno porteño pretendía eludir el derecho de los vecinos a manifestarse sobre el proyecto. El 20 de abril de 2017, la Sala I de la Cámara en lo Contencioso, Administrativo y Tributario ratificó la medida cautelar otorgada en primera instancia y dispuso que «el GCBA adopte las medidas tendientes a garantizar la participación ciudadana en el proceso de elaboración del proyecto de nuevo Código Urbanístico, de conformidad con lo establecido en los art. 27 de la Constitución de la Ciudad; 25 y 29 del Plan Urbano Ambiental».
