Caracas, Venezuela
El Consejo Nacional Electoral (CNE) suspendió la recolección de firmas necesarias para convocar un referendo revocatorio contra el presidente venezolano, Nicolás Maduro, prevista para la próxima semana, porque en distintos tribunales penales por presuntas irregularidades en la primera etapa de este procedimiento.
El CNE «acata las medidas ordenadas por los tribunales y ha girado instrucciones de posponer el proceso de recolección hasta nueva instrucción judicial», señaló el poder electoral en referencia a sentencias que dejaron sin efecto un primer recaudo de rúbricas para solicitar la consulta en varios estados.
La coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) debía recoger el 26, 27 y 28 de octubre cuatro millones de firmas (20% del padrón electoral) que exige el CNE como requisito para llamar a las urnas.
Pero tribunales penales de al menos cinco estados invalidaron el recaudo previo de firmas del 1% del padrón en esas regiones, requisito para pedir el revocatorio y que la MUD fuera reconocida como promotora.
Las decisiones judiciales «tienen como consecuencia la paralización, hasta nueva orden judicial, del proceso de recolección de 20% de las manifestaciones de voluntad (…), en el que el Consejo Nacional Electoral estaba trabajando luego de terminada la primera etapa de una solicitud hecha por el partido MUD en abril pasado», indica el texto.
El CNE subrayó que los tribunales «ordenan posponer cualquier acto que pudiera haberse generado como consecuencia de la recolección del 1%» de apoyos.
Según el CNE, la justicia emitió esos dictámenes por «los delitos de falsa atestación ante funcionario público, aprovechamiento de acto falso y suministros de datos falsos al poder electoral».
El CNE hizo un llamado «al diálogo nacional como fórmula democrática por excelencia para preservar la paz y la estabilidad» de Venezuela, y ofreció su ayuda para «búsqueda de las mejores condiciones que hagan fructífero este encuentro».
Meses atrás, la oposición reunió con holgura el 1 % de las firmas sobre el total del padrón electoral para activar el referendo, pero de acuerdo a la ley electoral venezolana, ahora está obligada a conseguir el 20 % (cuatro millones de rúbricas) para completar el proceso previo a la convocatoria de la consulta popular.
Las autoridades electorales del país aclararon que ese porcentaje lograrse en cada uno de los 23 estados del país. Si en uno solo de esos distritos no se obtiene el aval del 20 % de las firmas, el referendo no puede ser convocado.
«Admitida nuestra denuncia contra el fraude perpetrado por la MUD. Se anula el proceso y se ordena cumplir con la Constitución», afirmó Tareck El Aissami, gobernador de Aragua, uno de los sitios donde se dio lugar a las denuncias. El funcionario añadió que la oposición deberá «reparar el fraude cometido» en el proceso de recolección, según citas coincidentes de la prensa venezolana.
Por su parte, el gobbernador de Carabobo, Francisco Ameliach, señaló que más de 62 mil firmas recogidas en ese estado fueron declaradas fraudulentas, lo que representa el 31% del total de rúbricas reunidas.
A su turno, Rangel Gómez, gobernador de Bolívar, comunicó que en ese estado también suspendió el proceso de recolección de firmas del 1% por estar plagado de fraudes.
Se introdujo un recurso legal para invalidar la mega estafa montada por la MUD, logrando en Bolívar la suspensión del proceso, sostuvo.
Estos fallos judiciales agregan complejidad a este momento que vive Venezuela, afectada por la incertidumbre política y la crisis económica en el marco de un fuerte embate opositor.
La iglesia católica y varios organismos internacionales se han involucrado en diversas gestiones de buenos oficios para acercar al gobierno y la oposición y encontrar una salida a la crisis del país.
