El juez en lo contencioso administrativo N°3 de La Plata, Luis Arias, supo que iba a ser suspendido cuando su nombre fue incluido en un artículo del diario Clarín de julio del año pasado en el que señalaba a los jueces que “artormentan” a Cambiemos y que era ilustrada con una foto suya. Hoy fue suspendido por unanimidad en el Jury de Enjuiciamiento de la Provincia de Buenos Aires con los votos de cinco legisladores, cinco abogados de la matrícula y la presidenta de la Corte Suprema bonaerense, Hilda Kogan. Además, le embargaron el 40% de su sueldo, en dos causas que contenían 21 cargos en su contra. Manifestantes acompañaron al juez y rechazaron la suspensión con una concentración en la calle, bajo la lluvia. 

“Se confirmaron las sospechas de que se iba a seguir adelante (con el jury y la suspensión) a pesar de la ausencia de acusaciones o denuncias serias”, dijo Arias tras ser suspendido. Y señaló, a modo de ejemplo, la acusación que le hizo el ex funcionario de la gobernadora María Eugenia Vidal y actual Procurador General bonaerense, Julio Conte Grand.

“Me acusa de obligar al Estado a brindar atención a un interno de una Unidad Penal al que le habían amputado una pierna y tenía una infección generalizada y yo ordené que se lo traslade a un hospital público. Para el procurador yo violé la competencia porque el hombre estaba a disposición de un juez penal; para el procurador la competencia es más importante la competencia que una vida”, dijo el juez.

Arias advirtió que no piensa renunciar y que de ser necesario recurrirá a la Comisión o la Corte Interamericana de Derechos Humanos. “Esto demuestra el retroceso institucional que estamos viviendo y también el deterioro de la política, porque no votaron sólo los legisladores de Cambiemos, sino que también lo hicieron los del massismo y de Cumplir”, dijo.

La violación de competencia por la que lo acusó Conte Grand fue una una de las 21 imputaciones por las que fue llevado a juicio político, muchas de ellas vinculadas con su participación en el freno de desalojos policiales de familias carenciadas en terrenos ocupados en la periferia platense.

La última acusación, que finalmente fue desestimada, era la que más claramente evidenciaba los motivos políticos: se lo acusaba de “intervención activa en política” por firmar una solicitada titulada “Unidos en defensa de la democracia y el bienestar del pueblo argentino” publicada el 7 de marzo en diversos medios. Esa denuncia fue impulsada por Guillermo Castello, diputado provincial de Cambiemos.

También fue denunciado por la ex procuradora María del Carmen Falbo -imputación que continuó Conte Grand-, por supuesto mal desempeño de funciones; y también por el fiscal platense Marcelo Romero, por su actuación en la causa que investiga el número de muertos causados por la inundación de 2013 en La Plata.

Arias ocupó hasta hoy un fuero clave para el contralor del Estado. Tras la inundación del 2 de abril de 2013 en la capital bonaerense había contradicho fuertemente a Daniel Scioli y al intendente Pablo Bruera por la cantidad de muertos. El año pasado se había pronunciado contra el aumento de las tarifas de Luz y gas dispuestos por la gobernadora Vidal y en marzo de este año frenó los descuentos por paro que el gobierno realizó a los maestros.

“El fuero contencioso administrativo siempre va a ser molesto para el gobierno provincial o municipal de turno porque debe caracterizarse por proteger a los ciudadanos frente a los avasallamientos del Estado municipal o provincial”, explicó la abogada de Arias ante el jury, Analía Elíades. Y completó: “Si quieren un fuero adicto al gobierno en realidad van a estar eliminando el fuero y la tutela efectiva de los platenses y los bonaerenses”.

Respaldos

Por su parte, el juez fue acompañado en la calle por manifestantes que concurrieron a las puertas del Senado bonaerense para respaldarlo y oponerse a su apartamiento. Entre otros, Arias recibió manifestaciones a su favor por parte del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), la Comisión Provincial por la Memoria y la Mesa por los Derechos Humanos de La Plata, así como también diferentes gremios de variadas vertientes ideológicas y asociaciones civiles de la capital bonaerense.