El sábado 1º de octubre, entre las 10 y las 12 de la mañana, Tecnópolis fue monopolizada por los hijos y los funcionarios del Ministerio de Educación. En un hecho sin precedentes, el predio, concebido para acercar a la población de manera masiva y democrática los adelantos tecnológicos que se daban en el país se convirtió en un espacio para la “élite” gubernamental.

A raíz de este episodio, el abogado Adrián Albor presentó este viernes una denuncia penal contra los ministros de Educación, Esteban Bullrich, y de Medios Públicos, Hernán Lombardi por violar el artículo 261 del Código Penal. El letrado asegura que la utilización del predio de Villa Martelli para fines privados «no sólo se opone a los fines para los cuales fue creado», sino que además «es ilícito”.

El Juzgado Federal número 1 de San Isidro, bajo el mando de la jueza Arroyo Salgado, ex esposa del fallecido fiscal Alberto Nisman. La investigación la llevará adelante del fiscal Federico Domínguez.

Como se informó en su momento y consta en la denuncia, para convertir por unas horas Tecnópolis en un parque privado para funcionarios públicos se utilizó a la planta de trabajadores – debieron llegar dos horas más temprano para atender a los hijos e hijas de los funcionarios–, la misma utilización del predio, el catering especial que recibieron y los gastos que toda la actividad implicó constituyen el delito de malversación de fondos públicos conocido como peculado.

Además de los dos ministros, se incluye en la denuncia al jefe de Gabinete del Ministerio de Educación y Deportes, Diego Sebastián Marías, el director Nacional de Desarrollo Universitario y Voluntariado, dependiente de la secretaría de Políticas Universitarias, Pablo Domenechini, y el secretario de Deportes de la Nación, Carlos Mac Allister. Todos ellos participaron de la visita irregular.

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