Le llevó 12 años al Partido de los Trabajadores (PT) en Brasil reducir la pobreza y llevar el llamado gasto social al 15,7% del PBI al dar amplia protección a los sectores más vulnerables del país, cubriendo áreas esenciales de salud y educación. Al gobierno conservador y liberal de Michel Temer, erigido gracias al golpe parlamentario que destituyó a Dilma Rousseff, le llevará solo algunas sesiones en el Congreso dar marcha atrás con esos logros, pero además, su apuesta es blindar esta decisión por nada menos que 20 años, por medio de una enmienda constitucional para reducir el gasto público, a tono con lo que exigen los organismos de crédito internacionales.

«Quieren congelar nuestro futuro», fue una de las consignas que se proclamaron en la manifestación que se convocó apenas al día siguiente de la aprobación en la Cámara de Diputados brasileña para protestar por una medida que a su entender es un pasaje directo hacia la precarización en educación y salud, cuya inversión quedará limitada por un «techo» legal.

El movimiento social en Brasil volvió a ponerse en plan de acción, al considerar que esta nueva avanzada tendrá efectos negativos «sobre generaciones enteras de brasileños y tiende a retroceder el cuadro social al país que teníamos antes del primer gobierno de Lula», señaló el Movimiento Sin Tierra en un artículo.

Temer logró la aprobación en primera lectura en el Congreso de su Propuesta de Enmienda Constitucional (PEC) 241 con 366 votos contra 111. Es la primera de cuatro votaciones, ya que deberá ser tratada nuevamente en Diputados y luego pasar al Senado para someterse a otra doble lectura. El gobierno dice que así va a «ordenar» las cuentas públicas, retomar el crecimiento económico y limitar el aumento del gasto público al índice de la inflación del año anterior, como forma de reducir el déficit, en una economía ya castigada por dos años de recesión. Como preparando el clima austero con el que piensa iniciar 2017, Temer habló de que el pueblo debe prepararse para «hacer sacrificios».

Los primeros en reaccionar positivamente fueron los organismos financieros internacionales, al igual que ocurrió con las políticas de ajuste del gobierno de Mauricio Macri en la Argentina. «Soy optimista frente a las reformas, y aprobarlas dentro de un plazo razonable ayudará a reforzar la credibilidad en las políticas macroeconómicas del gobierno», celebró Christine Lagarde, titular del FMI.

El debate aún no salió de la cámara baja, ya que la segunda vuelta está prevista para el próximo 24 de octubre, pero ya comenzó a debatirse en el Senado. La comisión de Asuntos Económicos escuchó el martes a un grupo de técnicos y especialistas que hablaron muy duramente del PEC 241.

La profesora Laura Carvalho, del Departamento de Economía de la Universidad de San Paulo (USP), resaltó que el PEC trae el riesgo de que la situación del país se agrave. «Hay una perspectiva de prolongación de la crisis económica. Las inversiones estarán una vez más paralizadas en momentos en que la economía mundial patina. Y no habrá nada en el exterior que vaya a resolver nuestros problemas, sin contar que dentro tenemos una masa de desempleados que no puede consumir. No hay nada que justifique la perspectiva que el gobierno viene instalando», dijo, según refleja el sitio del MST, una de las organizaciones agrupadas en el Frente Brasil Popular, que encabeza las protestas.

Para Jessé Souza, expresidente del Instituto de Pesquisa Económica Aplicada (IPEA) y profesor del Departamento de Ciencia Política da Universidad Federal Fluminense, el PEC constituye «una rearticulación de la forma en que la política es conducida, y los medios y las empresas pasan a decidir cuestiones políticas», analiza. Se refería a que son los medios y las empresas los que permanentemente critican el gasto público como un mal a desterrar y la política de Temer va en sintonía con ellos. «Estamos en un contexto de fraude y mentira fiscal. Y la captura del sistema político por el mercado financiero», criticó.

En esa reunión, el senador del PT, Lindbergh Farias, dijo que espera un debate apretado en el Senado. «No tengo ilusión de que diputados cambie la tendencia en la segunda votación, pero espero que el Senado haga un buen debate y llame a la sociedad civil para discutir también», adelantó.

El plazo de 20 años también preocupa a los detractores, que ven en la medida la estrategia de buscar la continuidad de ese modelo económico. La propuesta también es mirada con recelo por los recién electos jefes municipales, que comenzarán sus mandatos en enero próximo. Consideran que el «techo» limitará severamente el despliegue sanitario, que centraliza el gobierno federal. El Consejo Nacional de Secretarios Municipales de Salud estimó que si se aprueba el PEC, los gastos en salud caerán del actual 1,7% del PBI al 1%, hacia el final del ciclo previsto. «

Curiosa visión de la fórmula presidencial

Michel Temer no quiere correr la misma suerte de quien fuera su compañera de fórmula y quien él mismo promovió destituir. Las investigaciones por delitos como lavado de dinero y corrupción en sus cuentas electorales podrían ponerlo al borde de una salida similar a la de Dilma Rousseff, por lo tanto, puso en marcha una campaña para despegarse al menos de las supuestas irregularidades en la campaña de 2014, cuando fue candidato a vicepresidente de Dilma. Uno de sus argumentos para despegarse fue que él no era “el conductor de la campaña”, dirigiendo toda la resposabilidad a la hoy destituida. «Una persona atropella a alguien y el conductor del vehículo es condenado, pero como yo estaba sentado al lado, entonces se lo condena también. Eso es inadmisible», dijo Temer al canal GloboNews, antes de viajar a India, a la reunión del Brics. Temer tuvo el jueves un sugestivo almuerzo con quien lo investiga, el titular del TSE, Gilmar Mendes, en una mesa a la que también acudió el ex presidente Fernando Henrique Cardoso, con la intención de separar su causa de la de Rousseff. «Apelaré a todas las instancias, pero es inadmisible responsabilizar al vice de la responsabilidad del presidente», dijo Temer.