Enero es sinónimo de vacaciones dentro del mundo judicial. La feria, más allá de las emergencias y las guardias, vacía los tribunales aunque esto no significa que jueces e integrantes del sistema de justicia se desenchufen de lo que sucede. La reforma judicial (con sus idas y vueltas), y el proyecto para reformar las jubilaciones «de privilegio» fueron los dos grandes temas que se debatieron en los chats. Desde Punta del Este hasta la costa argentina, jueces y fiscales se prepararon para un febrero intenso.
La reforma judicial anunciada por el gobierno de Alberto Fernández es todavía una gran incógnita aunque los judiciales ya manejan tres opciones. La primera involucra el viejo plan de Gustavo Béliz, un enemigo de Comodoro Py que ahora está en un lugar vital como lo es la Secretaría de Asuntos Estratégicos. Lo que planteó el funcionario en su anterior paso por la función pública apuntaba a la disminución del poder que tienen actualmente los juzgados federales a través de una fusión con la Justicia «ordinaria», la que se dedica a investigar los robos, homicidios y violaciones dentro del ámbito de la Ciudad de Buenos Aires.
En líneas generales, ese plan no es del gusto de Comodoro Py por obvios motivos: más allá de la pérdida del poder específico (no serían 12 los federales sino que se convertirían en más de 60) consideran que sus colegas ordinarios no están entrenados para eso. El plan sí es apoyado por las y los jueces cercanos al Palacio de Justicia, que se sienten «más que preparados» para investigar delitos de narcotráfico y de corrupción. Esto traería otra ventaja: los jueces no pasarían a la Ciudad de Buenos Aires, otra arista a tener en cuenta en medio de la disputa que hay con Horacio Rodríguez Larreta por el tema coparticipación.
Lo segundo que circula en los ámbitos tribunalicios es una fusión pero con los juzgados penales económicos, una especie de «primos» de los federales de Py. La versión sofisticada de esta opción es más ambiciosa aun y surgió luego de un comentario de Alberto Fernández durante una entrevista: «Ampliar la jurisdicción». ¿Qué implicaría esto? Una fusión con las justicias federales de Lomas de Zamora, San Isidro, San Martín, Morón y La Plata. Ese megafuero genera cuestionamientos por las distintas realidades de cada uno de sus distritos y la dificultad de ensamblarlos a todos.
Las tres propuestas van y vienen en los chats de judiciales y en la última semana se sumaron dos nuevas molestias: el retiro de pliegos de jueces y fiscales que ya estaban en el Senado de la Nación y lo que Fernández dijo sobre la creación de una comisión de expertos para analizar el funcionamiento del Consejo de la Magistratura, los Ministerios Públicos Fiscal y de la Defensa, y una cuestión técnica de cómo llegan ciertas causas a la Corte Suprema («la instancia extraordinaria»).
El retiro de los pliegos supone que todos los que ya aprobaron su concurso y que estaban a una votación en el Senado de su nuevo cargo deberán esperar para ver si el gobierno les mantiene su postulación. Lo mismo había hecho Mauricio Macri cuando llegó a la presidencia, aunque eso no atenuó los malos humores de quienes habían logrado llegar hasta el final del largo trámite que es presentarse para ocupar un puesto. En el fuero Contencioso Administrativo, uno de los más relevantes en cuestiones de gobernabilidad ya que interviene cuando se judicializan leyes o decretos, hay expectativa sobre quienes serán finalmente los elegidos. Por otra parte, uno de los lugares clave que se quedó, por ahora, sin candidato es el Juzgado Federal N° 1 de La Plata, que tiene la competencia electoral de toda la Provincia de Buenos Aires. El que había quedado primero en ese concurso era Alejo Ramos Padilla, el juez a cargo del D’Alessio Gate, pero no fue seleccionado por Cambiemos. Ahora tendrá una nueva chance.
La idea de la conformación de comisiones para analizar distintas problemáticas judiciales sorprendió a muchos dentro del Frente de Todos, que no esperaban un anuncio así por parte del presidente. Hay cierta molestia en varios sectores porque tanto con las reformas como con este plan no fueron ni siquiera consultados y porque consideran que no está claro quién encabeza la reforma, si el Ministerio de Justicia o Béliz directamente. «Es un tema que manejo personalmente», sentenció el presidente hace una semana, en un mensaje más hacia adentro que hacia afuera. A los integrantes de Comodoro Py y sus alrededores les molesta todavía más el secretismo con el que se manejan las decisiones.
Los jueces y fiscales que se quedaron en la feria fueron los encargados de delinear la estrategia que tendrán en la otra gran batalla que se les viene: las jubilaciones. El gobierno va a modificar sí o sí el régimen que actualmente tienen los jubilados judiciales, mientras que ellos afirman que no están dispuestos a ceder el 82%, que sólo abarca funcionarios, fiscales y jueces, no a los empleados. Cualquier paso en falso de ambos lados terminaría en una judicialización del tema, algo que ninguna de las partes involucradas quiere. «
