"Testigo E": cómo se montó la nueva maniobra oficial para exculpar a Gendarmería

El operativo se activó con la aparición del cuerpo en el Río Chubut y busca inculpar a la comunidad de Cushamen por la desaparición de Santiago.
24 de Octubre de 2017

El cuerpo hallado flotando sobre el río Chubut ya arrojó algunas certezas: es Santiago Maldonado y, a primera vista, no presenta lesiones. El juez Gustavo Lleral presentó esas primeras conclusiones en la medianoche del viernes, en una conferencia de prensa improvisada frente a la morgue judicial. Pidió, también, que medios y protagonistas tengan "prudencia y paciencia" ya que lo que se investiga es un "delito grave". Al cierre de esta edición, el caso seguía caratulado como "desaparición forzada".

En el gobierno creen, sin embargo, que eso pronto cambiará. Voceros oficiales y oficiosos del macrismo sostienen que la aparición y, sobre todo, la ausencia de lesiones en el cuerpo exculpan a la gendarmería. Alientan ahora la hipótesis de la "muerte accidental" por inmersión o hipotermia. 

El ministro de Justicia, Germán Garavano, fue el primero en salir a plantar la nueva teoría oficial. "El dato de que no hay lesiones desmiente muchos de los testimonios que vimos en lo medios y abre otras hipótesis de lo que pueda haber pasado con Santiago", dijo el funcionario, en línea con la operación que se activó con el hallazgo. Pero que se habría gestado al menos cuatro días antes.

Rastrillaje con dudas

En un comunicado cruzado por el dolor, el viernes por la noche, luego de reconocer a Santiago, la familia Maldonado escribió: "Las circunstancias del hallazgo del cuerpo nos generan muchas dudas". Tiene razón: sobran los motivos para dudar.
El viernes 13 fue intenso en los tribunales de Esquel. Temprano, la fiscal Silvia Ávila recibió la autodenuncia del gendarme Emanuel Echazú. Miembro de la patrulla que llegó hasta la vera del río Chubut durante la represión a la Pu Lof, Echazú pidió que se lo investigue por la desaparición forzada de Santiago. La fiscal aceptó la oferta y lo imputó. De ese modo, Echazú obtuvo derecho a seguir de cerca lo que ocurre en el expediente. Y quedó habilitado para nombrar perito de parte en la autopsia del cuerpo que, justo, apareció cuatro días después.

El mismo viernes, cerca del mediodía, el juez Gustavo Lleral reunió en su despacho a representantes de las querellas y a la fiscal para anunciar su intención de realizar el rastrillaje que tiempo antes había solicitado Ávila. Si bien no precisó una fecha, pidió a los presentes absoluta reserva. "Es para evitar tener que ir acompañado de fuerzas de seguridad", explicó.

Un día después, el sábado a la tarde, el secretario del juzgado sorprendió a las querellas con el anuncio de que el rastrillaje se realizaría el martes "sí o sí". ¿Qué ocurrió entre una comunicación y otra? Un periodista patagónico que interpreta al detalle las necesidades y deseos de la gendarmería publicó que el juez apuró el paso tras recibir un llamado que alertaba sobre la presencia de un cuerpo flotando en la orilla del río, a pocos metros de la casilla de guardia de la Pu Lof.

El supuesto llamado, sin embargo, no figura en ninguna parte. No está en la resolución del juez Lleral, que adjudica el allanamiento a una sugerencia del jefe del equipo de buzos de Prefectura, Leandro Ruata, quien recomendó que se volviera a rastrillar el tramo del río que va desde la altura de la vieja garita de vigilancia –unos 300 metros río arriba– hasta unos 60 kilómetros dirección sur.

El "llamado clave" –como lo bautizó el diario Clarín– tampoco fue registrado por la fiscal Ávila, autora originaria del pedido de rastrillaje. Y el propio juez, en contactos informales con la prensa, también negó la existencia de esa comunicación. Sin embargo, funcionarios macristas se sirvieron de la versión difundida por el medio oficialista para esparcir su teoría sobre el hallazgo del cuerpo: un "quebrado" de "los RAM" (así ordenó Duran Barba llamar a la comunidad de Cushamen) habría facilitado datos para desmontar la "operación" y entregar a sus compañeros. En el transcurso de la semana, el fantasmal "arrepentido" recibió el mote de "Testigo E".

En rigor, el "Testigo E" existe desde hace tiempo. Declaró a mediados de septiembre, ante miembros de la CIDH. Se trata de un integrante de la comunidad que, en medio de la cacería, intentó cruzar el río junto a Santiago. "Siga usted, peñi –amigo–, que yo no puedo más. Me vuelvo", contó que le dijo el joven, en el medio del río. El "Testigo E" aseguró que, desde la orilla de enfrente, vio cómo un grupo de gendarmes rodearon a Santiago.

En su momento, el testimonio de "E" coincidió y completó la declaración de Matías Santana, quien además de contar que Santiago no logró cruzar el río, afirmó haber visto cómo los gendarmes cargaron al joven en un vehículo. Pero el gobierno, parece, tiene una valoración distinta de ambos testigos: a Santana lo quiere encerrar por falso testimonio, mientras que estaría dispuesto a darle 2 millones de pesos de recompensa a "E". ¿La razón? Según la versión oficialista, el testimonio de "E" aportó coordenadas precisas para hallar el cuerpo. ¿Acaso la recompensa es el pago por sostener la coartada oficial del hallazgo? La respuesta la tiene el juez Lleral: sólo él puede decidir si corresponde pagarle al testigo. Y por qué.

Si Lleral le llegara a dar el gusto al gobierno, será interesante leer cómo el juez justifica que obtuvo ayuda de un "arrepentido" mapuche un día después de avisarle sobre el rastrillaje a la comunidad. Ese viernes intenso, en su despacho, el magistrado se reunió con dos representantes mapuches para informarles que había firmado la orden de allanarlos. Si la hipótesis macrista fuera correcta, ¿cómo se explica que la comunidad no aprovechó los tres días de gracia para esconder un cuerpo que fue descubierto a simple vista, flotando a pocos metros de la casilla de guardia de la Pu Lof?

Campaña sucia

"Lo del compañero 'quebrado' y el llamado es mentira, como todo lo que vienen publicando sobre nosotros", le dijo a este diario Soraya Maicoño, vocera de comunidad en Resistencia. "Lo hacen para dividirnos y demonizarnos, pero no van a poder", agregó.

Soraya sostuvo que la súbita aparición del cuerpo forma parte del hostigamiento. "Fue plantado poco antes de aparecer. ¿Cómo lo sabemos? Porque la mañana anterior (el lunes 17) fuimos a ese lugar a buscar agua, como hacemos a diario".

La sospecha de Soraya coincide con la de la familia y otros testigos del hallazgo, como Julio Saquero, querellante en la causa y miembro de la APDH local. "Estuve en los cuatro rastrillajes, y es imposible que el cuerpo no hubiese aparecido antes si ya estaba ahí", explicó.

Un informe de prefectura ratificó que el lugar donde el martes apareció el cuerpo ya había sido rastrillado en el megaoperativo del 18 de septiembre. ¿Por qué el cuerpo no apareció en esa ocasión? Prefectura sugiere que podría encontrarse sumergido, lo que habría dificultado su visualización. Otra explicación posible es que el cuerpo, hace un mes, todavía no estaba allí.
Según el resultado preliminar de la autopsia, el cuerpo estuvo al menos una semana en el agua, pero no hay precisiones sobre cuánto tiempo pasó sumergido y en qué lugar (ver nota en página 6). Sin esperar esos detalles, el gobierno desplegó en redes y medios la campaña para instalar la tesis de la "muerte accidental".

Aun cuando la autopsia confirme –como parece– que Santiago murió ahogado o por un shock cardíaco producto de sumergirse en aguas heladas, hay una cosa de la que no quedan dudas: el joven se metió al río para huir de la cacería emprendida por los gendarmes. ¿Qué parte de morir en el contexto de una represión constituye un "accidente"? Es una de las tantas preguntas que la Justicia, tarde o temprano, deberá responder. «

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