La Asamblea Nacional Constituyente venezolana comenzará mañana a trabajar en uno de los objetivos centrales de su conformación: la reforma de la Constitución Bolivariana. La prioridad está enfocada en resolver los severos problemas económicos que afronta el país, con una elevadísima inflación y una crisis de abastecimiento, producto en parte a la especulación de las empresas que distribuyen los insumos esenciales. La necesidad de una economía “pospetrolera” que no dependa directamente de la renta del crudo, principal recurso venezolano, cobra mayor interés en estos días, cuando el gobierno de los Estados Unidos acaba de dictar por primera vez medidas que prohíben las negociaciones sobre nuevas emisiones de deuda y de bonos por parte del gobierno de Venezuela y de la petrolera estatal Pdvsa.

«La dictadura de Maduro sigue privando al pueblo de Venezuela de alimentos y medicinas, encarcelando a los miembros de la oposición que fueron elegidos democráticamente y reprimiendo en forma violenta la libertad de expresión», justificó la Casa Blanca en un comunicado.

La sanción fue tomada por el gobierno chavista como un “bloqueo” económico y el país evalúa una serie de medidas para contrarrestarla. «Afectan gravemente y hieren a la economía en plena fase de recuperación, pero no nos faltará nada», dijo el presidente. El ahora vicepresidente para el Desarrollo Social y Revolución de las Misiones, Elías Jaua, fue incluso más allá al asegurar de que en caso de que la Casa Blanca impida la comercialización del petróleo, el gobierno explorará otros mercados. “Tenemos dónde colocar nuestro petróleo. Eso es lo que ellos tratarían de impedir con un bloqueo naval y frente a esta agresión hemos convocado al pueblo a evitar la guerra, en segundo lugar evitar las agresiones, en tercer lugar preservar nuestra integralidad territorial y, finalmente, conquistar la paz irreversible“, apuntó.

La ANC tenía previsto comenzar hoy mismo con el primer debate abierto sobre la reforma constitucional, para mañana dar inicio formal al trabajo de las 21 comisiones aprobadas esta semana por el cuerpo que preside la excanciller Delcy Rodríguez, que abordarán temas de economía, política, soberanía y justicia.

En tanto el gobierno solicitará a las Naciones Unidas “tomar una posición con respecto a las amenazas de Estados Unidos” según anticipó ayer el canciller Jorge Arreaza. El chavismo apuesta a un guiño de la ONU, como ocurrió en otros momentos frente a la elección de constituyentes y en los procesos de diálogo, a diferencia de la posición de la OEA, en claro enfrentamiento con Maduro.

El pasado jueves, su secretario general, Luis Almagro, se reunió con algunos de los jueces nombrados por el Parlamento para el Tribunal Superior de Justicia, sin acuerdo del Ejecutivo. Almagro aseguró que estos magistrados coordinarán con la ex Fiscal Luisa Ortega Díaz la “investigación de casos corrupción del régimen de Venezuela”.