Bajo el lema de “Europa Global”, la Comisión Europea busca desde 2006 hacer más competitivas “sus” empresas e imponerles a la Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay una política comercial neoliberal. Entre otros, en la recolonización de Brasil parece haber cobrado impulso renovado el Acuerdo de Asociación entre el Mercosur y la Unión Europea. Pero este acuerdo, anunciado exactamente hace un año, el 28 de junio de 2019, por Jair Bolsonaro, Mauricio Macri, Emmanuel Macron y Angela Merkel, no favorece a las mayorías en ambos lados del Atlántico. Si llegara a firmarse y ratificarse, el triunfo sería sobre todo de las corporaciones transnacionales y su lógica de lucro.

En la división internacional del trabajo, América Latina desempeña fundamentalmente el papel de proveedor de materias primas. Tras los intentos de emancipación de la región en los primeros años del siglo XXI, parece que la idea es volver a atar a nuestros países a ese rol de manera permanente. En el mejor de los casos, los que acá se beneficiarían de la reducción gradual de barreras aduaneras son el agronegocio y los sectores de las importaciones y de los transportes. Las y los pequeños agricultores, trabajadores y pueblos indígenas pagarían la consolidación del sistema con más vulneraciones de sus derechos y destrucción de sus medios de vida. Un desarrollo productivo nacional sería más difícil que nunca.

Es probable que la liberalización del comercio prevista agudice el deterioro salarial y el recorte de puestos de trabajo; la Comisión Europea anunció que las empresas europeas se ahorrarían 4000 millones de euros al año en impuestos. Además, esperan nuevas oportunidades de negocio en el sector de las telecomunicaciones y la tecnología de la información.

¿Será que las autopartes también se van a enviar en barco al otro lado del mundo? A la postre, junto a una expansión del comercio mundial ecológicamente nefasta, la Unión Europea insiste en una protección de patentes más estricta, lo cual socavaría la posibilidad de los consumidores sudamericanos de acceder a genéricos, por ejemplo.

En materia de compras gubernamentales, que a menudo sirven para fortalecer a los productores locales, los negociadores pretenden que las empresas de la Unión Europea compitan en igualdad de condiciones. Sin embargo, no están previstas sanciones por corresponsabilidad en materia de delitos ambientales o violaciones de los Derechos Humanos. Con los gobiernos de derecha de Brasil, Paraguay y Uruguay, la UE tiene el camino allanado. Es escandaloso que el exterminador de los Derechos Humanos y de la Amazonia Bolsonaro y sus militares sean socios estratégicos de una Europa que se precia de democrática. Alberto Fernández defiende posiciones más soberanas pero necesita el apoyo político de los europeos en las renegociaciones de la deuda.

“Tratado vampiro” es la denominación acuñada por Susan George, de Attac, para este y otros tratados de “libre comercio”. Son acuerdos que, si ven la luz, se mueren, ya que rara vez resisten el debate democrático. Esta es una de las razones por las que los detalles del acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur sólo se revelan con cuentagotas. Si la Unión Europea quiere mostrar que es digna del Premio Nobel de la Paz que recibió en 2012, debería despedirse del espíritu neoimperial que también caracteriza a este tratado.