Nada hay más importante que la vacuna. La pronta disponibilidad de grandes cantidades de dosis para inmunizar contra el Covid-19 se ha convertido en una carrera contrarreloj. El repunte de los contagios en Europa dificulta aún más las condiciones geopolíticas del acceso a las vacunas para los países periféricos como la Argentina, donde la curva descendente de casos parece haberse estancado en el AMBA y otros distritos.

En este contexto lograr el escenario más propicio que prefiguraba el gobiernos se ha vuelto un desafío primordial para la Casa Rosada. Es decir: que el primer cargamento de dosis llegue durante diciembre y que antes de fin de año se logre aplicarlas a unas 300 mil personas, con prioridad entre el personal de la salud. No es un tema sólo sanitario sino también político.

Sin confirmaciones oficiales todavía, en el gobierno apuestan a que la primera partida de la vacuna rusa, Sputnik V, arribe al país el miércoles 23 de diciembre. Y comenzar inmediatamente el operativo de vacunación masiva que arrancaría con los trabajadores de la salud. De hecho, desde Aerolíneas Argentinas anticiparon a la agencia de noticias NA que un avión de la aerolínea de bandera partirá hacia Moscú el lunes 21 para concretar el traslado.

La delegación argentina que viajó a Moscú está encabezada por la secretaria de Acceso a la Salud Carla Vizzotti. Fue acompañada por la asesora presidencial Cecilia Nicolini y un grupo de funcionarios y técnicos de la ANMAT, el organismo que debe informar sobre la eficacia y seguridad de la vacuna. Es para que, en este caso excepcional, el Ministerio de Salud la apruebe de emergencia, como ocurrió en otros países. Esa cartera viene realizando las gestiones sanitarias y logísticas que permitan tener el primer lote antes de fin de año y, dentro de lo posible, antes de la Navidad, lo que sería un importante espaldarazo a la comunicación oficial sobre el tema, caracterizada por anuncios precoces que no siempre parecen concretarse.

El entredicho con Pfizer, que había prometido una cantidad de dosis y unos plazos de entrega que no puede cumplir, ilustra la encerrona en la que entró el gobierno. Mostró como una medida sanitaria concreta lo que era, en realidad, un preacuerdo que una de las partes (el laboratorio) incumplió.

Desde la delegación argentina explicaron que las autoridades del Instituto Gamaleya están proveyendo toda la información para el registro de la vacuna, en términos de control de calidad y de las normas de termoestabilidad que permitirán habilitar su aplicación en la Argentina.

El contrato firmado entre el Estado argentino y el Fondo Soberano de la Federación Rusa prevé contar con dosis suficientes para vacunar entre enero y febrero a 10 millones de personas. Pero el anuncio presidencial sobre el primer lote, con el que se inmunizaría durante diciembre a 300 mil argentinos, activó una cuenta regresiva para la que, por el momento, nadie da precisiones.

El propio ministro de Salud, Ginés González García, llegó a poner en duda la llegada en tiempo y forma (es decir, en 2020) de esas dosis. Lo hizo hablando este martes de “variables difíciles, como dificultades con los aviones”. Un día después, entre los rumores y las oblicuas confirmaciones en off (la única que pudo obtener este diario es “vamos a andar por esas fechas”), el gobierno se encuentra frente a un nuevo deadline: el 23. Ese día debería aterrizar el avión de Aerolíneas que traiga a Sputnik V y se dé el primer paso crucial para dejar atrás esta pesadilla.