La jueza Gloria Cortez dio lugar al remate del edificio donde opera la cooperativa La Terre. Los trabajadores denuncian que no se los tiene en cuenta como oferentes, en beneficio de sectores privados, por lo que exigen la expropiación definitiva.

La Terre se convirtió en cooperativa en 2014, luego de la quiebra de Industrias Matas. A partir de allí, los trabajadores lograron regularizar las cuentas de la empresa y sostuvieron las fuentes de trabajo. “Establecimos nuevos vínculos, colaboramos y potenciamos nuevos emprendimientos, abrimos nuestras puertas y realizamos capacitaciones junto con Ministerios y otras cooperativas. También somos centro de pasantías y proyectos universitarios, recibimos visitas de escuelas y damos charlas a la comunidad sobre nuestro trabajo e historia”, explican los trabajadores.

Sin embargo, este último año la situación judicial dio un giro inesperado. La jueza Gloria Cortez ha llevado adelante una serie de remates, en los que “la cooperativa no fue considerada como oferente ‘por defectos formales’, dando lugar así a empresarios de la región”, denuncian.

“Nuestra cooperativa presentó tres ofertas de compra directa. Por ley nacional y provincial, las cooperativas tenemos prioridad para adquirir los inmuebles en procesos de quiebra. Esto tampoco fue respetado y no nos dieron explicación. De esta manera, nos están dando a entender que una ley no tiene validez, que un proceso en el que el mismo gobierno confiaba pagando más de 10 millones de pesos de todos los mendocinos en concepto de canon de expropiación, de repente dejó de tener relevancia para ellos, que los fondos aportados en subsidios hoy se los entregan a un privado que compró una estructura física y comercial por el precio de un terreno baldío”, cuentan a través de un comunicado.

“Todas las instancias han sido apeladas pero gran parte de ellas fueron denegadas sin argumentación alguna y otras aún no están resueltas. Mientras tanto, la celeridad de la jueza nos ha puesto contra las cuerdas encontrándonos con una sensación de injusticia e impotencia que nos duele en lo profundo del corazón, afecta nuestras familias y nuestra integridad física”. Sin embargo, “estas actitudes de injusticia nos llenan de energía para seguir peleando porque sabemos que nuestro reclamo es justo”, afirman.

Con una serie de apelaciones, los trabajadores lograron frenar momentáneamente los remates. Sin embargo, demandan una solución de fondo. “Exigimos la expropiación definitiva. No pretendemos que nadie nos regale nada, queremos que se mitigue un problema que no debería haber ocurrido y aportar todo lo que esté a nuestro alcance para que eso suceda”, concluyeron.