El 21 de junio la sede de la empresa Pepsico de Florida, partido de Vicente López, donde trabajaban unos 500 empleados, cerró sus persianas. La multinacional decidió concentrar su producción en su planta de Mar del Plata y, sobre todo, importar sus productos desde Chile para abaratar costos. Esto a pesar de que durante 2016, facturaron 4800 millones de pesos, que implica un incremento del 26% respecto de 2015.

Varios trabajadores tomaron la planta como medida de protesta en defensa de sus puestos de trabajo, hasta que el 13 de julio uniformados de la Policía bonaerense los reprimieron violentamente y desalojaron. Desde entonces tienen una carpa en la plaza de Congreso, como recordatorio de sus derechos como trabajadores y reclamo por que estos se cumplan.

Alrededor de las 11 de la mañana del miércoles, llegaron al Congreso marchando desde la 9 de Julio, apoyados por diversas corrientes sindicales y políticas para presentar un proyecto para que los legisladores les permitan convertirse en cooperativa. En un comunicado, dicen: “Nuestro pedido es que esta (por la planta) sea entregada a los trabajadores como una de las posibles vías de solución del conflicto”.

Una notable presencia policial cercaba a los trabajadores que pacíficamente esperaban en la puerta de Diputados, sobre avenida Rivadavia, el resultado de las gestiones. De los 500 despedidos, 150 continúan la pelea por los puestos y son quienes presentan el proyecto de expropiación para que sea tratado en una sesión extraordinaria.

Camilo Mones, uno de los delegados, explicó a una emisora su iniciativa: “Se expropiarían los bienes y el inmueble de la planta, nos darían en forma de cooperativa, podríamos trabajar con la maquinaria y logística para hacer una autogestión de la fábrica».

Desde que el cierre de la planta, los trabajadores realizaron varias medidas de protesta para difundir y visibilizar su reclamo. El último tiempo se reunieron con distintos bloques y elaboraron un anteproyecto de ley para la expropiación de la planta de Florida, para el que contaron con la asistencia de la diputada Nathalia González Seligra (FIT). Este anteproyecto tendría el visto bueno de varios diputados de bloques opositores.