Tras dura negociación, la Legislatura aprobó el Presupuesto

El kirchnerismo votó dividido en ambas cámaras. La oposición logró bajar el endeudamiento e incluir un fondo de 8500 millones extra para los municipios.
22 de Diciembre de 2016

Después de una larga jornada de frenéticas negociaciones entre Cambiemos y el peronismo, la Legislatura bonaerense sancionó esta madrugada el Presupuesto 2017 y la Ley fiscal 2017 con cambios que incluyeron una baja en el endeudamiento, un fondo de 8500 millones de pesos para los municipios y una suba de 3 puntos en el impuesto de Ingresos Brutos a las salas de juego.

En una maratónica sesión que arrancó once horas después de lo previsto, el Senado aprobó primero los dos proyectos que incluyen gastos por casi 522 mil millones de pesos, una pauta salarial del 17% -en línea con la inflación proyectada a nivel nacional- y una suba del 36% del impuesto inmobiliario. Pasadas las 2 de la mañana, la Cámara Baja ratificó y convirtió en ley las dos iniciativas. 

Después de las idas y vueltas de la última semana y de las discusiones hacia adentro del FpV, el peronismo votó dividido en ambas cámaras y habilitó el tratamiento y la sanción del endeudamiento que requiere de dos tercios de los votos. En el Senado, las leyes fueron acompañadas por todos los bloques (Cambiemos, el Frente Renovador, el Bloque Peronista, PJ, Justicialismo Bonaerense), a excepción del bloque del FpV, mientras que en Diputados se dio una situación similar: votaron todas las bancadas menos la del Frente de Izquierda y un sector del FpV. 

Ese bloque, que mantiene la posición más dura contra Vidal, está compuesto por 17 diputados: 12 votaron en contra y 5 a favor, lo que seguramente generará una nueva ruptura. El diputado Juan José Mussi explicó en el recinto por qué él y los diputados Karina Nazábal, Marisol Merquel, Aníbal Regueiro y Marcelo Torres votaban a favor de todo, también del endeudamiento. “En tantos años de política nunca tuve tantas controversias internas como las que padecí en estos días”, admitió pero reconoció que, en su calidad de exintendente, sabe que los jefes comunales necesitan de los recursos que plantea el presupuesto. Criticó la baja en los recursos para Salud y Educación y también advirtió que “le va a costar muchos años a la provincia pagar el endeudamiento”.

La sanción del presupuesto logró destrabarse luego que el oficialismo acordara con los distintos bloques del Justicialismo bajar la necesidad de endeudamiento a 52 mil millones de los 60 mil millones originales. El resto de los pedidos de deuda en dólares, para obras específicas, no se tocaron. 

También se incluyó un fondo de 8500 millones de pesos que serán destinados a los municipios, de los cuales el Ejecutivo tomó el compromiso de girar el 30% para marzo y luego el 11% cada vez que tome deuda. De esa forma, los municipios recibirían en marzo unos 2550 millones de pesos y los casi 6000 restantes durante el resto del año a razón del 11,4% de cada endeudamiento que tome la provincia.

A partir de un pedido del massismo, se incluyó en la ley fiscal incluir una tasa de ingreso en casinos y bingos de 20 pesos coparticipables y un aumento de tres puntos en la alícuota del impuesto a los Ingresos Brutos que tributan las salas de juego.

El defensor del Pueblo, clave para Vidal

La Legislatura bonaerense también eligió ayer al nuevo defensor del Pueblo de la provincia, cargo que quedó en manos del exdiputado Guido Lorenzino, quien responde al grupo de intendentes “Esmeralda”. También se resolvió crear cuatro nuevos cargos adjuntos en los que estarán representados el Frente Renovador, el Movimiento Evita, el FpV y hasta la UCR. 

La votación, que se dio en el inicio de la demorada sesión, estuvo precedida por la sanción de cambios a la estructura actual de este organismo de control para poder contener a la oposición. En el marco de la estrategia ejecutada por la gobernadora Vidal para facilitar los acuerdos, se resolvió crear dos defensores generales adjuntos: uno de ellos será el exdiputado Walter Martello, quien está en las filas del massismo, mientras que el otro cargo fue reservado a un dirigente del Frente para la Victoria -y ofrecido en particular a La Cámpora- pero quedó vacante por falta de acuerdo dentro del peronismo. A lo largo de la tarde, los diputados Andrés Larroque y Eduardo Wado De Pedro encabezaron en persona las negociaciones en La Plata para intentar que la diputada nacional Fernanda Raverta ocupara la titularidad de ese organismo, pero no consiguieron quórum.

Como parte de los cambios votados también se resolvió que habrá dos defensores adjuntos para temas específicos: uno dedicado a los Derechos Sociales, que ocupará el exsenador Eduardo Ancona, ligado al Movimiento Evita, y otro a los Derechos Humanos, que estará a cargo del radical Marcelo Honores, quien estuvo hasta ahora a cargo de la Defensoría en forma interina. 

La Legislatura votó también una disposición transitoria que exceptuó por única vez el procedimiento previsto para la elección del defensor del Pueblo debido a que su titularidad está vacante desde febrero de 2015, cuando se le venció el mandato a Carlos Bonicatto y quedó a cargo Honores. 

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