Tras el triunfo del Sí en el referéndum independista celebrado el domingo, Cataluña debate cómo avanzar con la separación de España. Los independentistas organizaron para el miércoles un paro de actividades contra la represión ordenada desde Madrid.
El presidente catalán, Carles Puigdemont, exigió la «retirada» de «todos los efectivos policiales desplegados en Cataluña» que causaron la represión durante la jornada de votación del domingo, que dejó 893 personas heridas según el último balance oficial.
El mandatario pidió además «una mediación internacional» ante la violación de los derechos fundamentales y libertades de los catalanes: «El momento aconseja mediación, y la mediación requiere la presencia de un tercero, y tiene que ser un actor internacional, para que sea eficaz», afirmó y anunció que creará una comisión de investigación para apoyar a las «víctimas de la represión policial» del Estado español.
«Se debe restablecer la normalidad institucional alterada por decisiones desproporcionadas del gobierno español, poner fin a la violencia policial y restricción de libertades y crear un clima de distensión para favorecer una mediación que ha de ser leal y sincera», añadió.
Las agrupaciones independentistas comenzaron a organizar un «paro» convocado para el martes mañana en rechazo de la represión sufrida por los independentistas, y mide los pasos a seguir antes de declarar la ruptura con España.
Este lunes, frente a los centros de trabajo, especialmente en las instituciones públicas como los ayuntamientos, con Barcelona a la cabeza, se llevaron a cabo concentraciones en repulsa a la represión contra el referéndum.
La apuesta de los independentistas es realizar un «Paro de País» que incluya también a la patronal, lo que les impide hablar de una huelga general en sentido estricto porque, además, no respetaría los plazos legales de convocatoria.
Detrás de la medida, está la llamada «Mesa para la Democracia», una plataforma en la que están presentes los principales sindicatos catalanes y las organizaciones más implicadas en la lucha por la secesión, la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural.
Jordi Cuixat, presidente de Òmnium, dijo hoy que la convocatoria busca «dar una respuesta cívica y unitaria pero contundente» a la violencia policial que tuvo lugar durante la jornada del referéndum, que dejó 893 heridos, según el último balance de los Servicios de Emergencias Médicas (SEM) de Cataluña. Cuatro de esos heridos todavía siguen hospitalizados.
Por su parte, los líderes de los sindicatos mayoritarios, las Comisiones Obreras (CC.OO) y la Unión General de Trabajadores (UGT) en Cataluña, Javier Pacheco y Camil Ros, respectivamente, llamaron hoy a la sociedad catalana a participar del «paro general», aunque de manera «pactada» con los centros de trabajo como respuesta a la «violencia» ejercida por las fuerzas de seguridad españolas.
Tras una concentración en la plaza Universitat, de la que participan también los estudiantes, los convocantes del paro perfilarán los detalles para llevar a cabo la medida de fuerza de mañana.
La vocera de CCOO, Dolors Llobet, anticipó a la prensa que la acción «es más que una huelga general, porque una huelga general se refiere al ámbito laboral» y lo que se pretende es «paralizar Cataluña».
Se da la paradoja de que los sindicatos alternativos CGT, COS y IAC (Intersindical Alternativa de Catalunya) ya habían convocado la semana pasada una huelga general para el martes 3, por lo que existe cobertura legal para todos los trabajadores.
En este contexto, el gobierno catalán analiza y mide los pasos a seguir en los próximos días dentro del plan para declarar la secesión de Cataluña, tras dar por válidos los resultados del referéndum unilateral, en el que el 90% de los votantes se pronunció a favor de independizarse de España, pese a que votó un 42% del padrón electoral.
Si no hay una propuesta concreta de diálogo por parte del Estado español «habrá que avanzar», sostuvo Jordi Sánchez, líder de la ANC, quien confía en que el presidente catalán en los próximos días trasladará los resultados del referéndum al parlamento regional para que se aplique la ley -suspendida por la Justicia española- que habilita a Cataluña a declarar la secesión en 48 horas.
A la espera de que el gobierno catalán dé más detalles sobre lo que hará, Marta Pascual, la coordinadora del PDECat, el partido de Puigdemont, afirmó hoy que «el referéndum tiene que tener consecuencias» y «los catalanes ya no solo tienen el derecho de decidir su futuro, sino que ahora se han ganado el derecho a ser un estado independiente».
En declaraciones al canal catalán TV3, Pascual criticó la violencia policial de ayer en duros términos: «Yo no viví el franquismo, pero creo que la única diferencia es que en aquella época las imágenes se veían en blanco y negro y ahora, en color», dijo.
En tanto, el ministro del Interior español, Juan Igancio Zoido, volvió a defender la actuación policial en Cataluña, aunque admitió que «no es agradable» ver a personas heridas en las calles. «Lamento los heridos de uno y otro lado», aseguró en declaraciones a la televisión pública.
