Travesticidios y violencia institucional, los retrocesos que denuncia el colectivo LGBTIQ

La XXVI Marcha del Orgullo llevó a la Plaza de Mayo sus reclamos históricos contra la discriminación y por el derecho a la identidad, pero sumó preocupaciones renovadas.

El colectivo LGBTIQ llegó a la XXVI Marcha del Orgullo con una serie de consignas específicas para este año pero también con los reclamos históricos que le hace al Estado. Lo que sigue es una radiografía posible de los avances, deudas y luchas en materia de derechos de las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans, intersex y queer en la Argentina de 2017.

Durante 2016 hubo al menos 16 travesticidios. Azul Montoro, de 23 años, en Córdoba; Ayelén Gómez (31), en Tucumán; y Pamela Tabares (35), en Rosario, fueron algunas de las travestis y trans asesinadas durante 2017. Como no existen cifras oficiales, es difícil dar con el número de los crímenes de odio. A su vez, el travesticidio o transfemicidio es el último eslabón del "travesticidio social", una cadena de violencias que empieza con la exclusión familiar y que perpetúa el Estado. Este año, sólo en una semana murieron seis trans por falta de acceso a la salud. Y las muertes y ataques continúan, silenciadas e invisibilizadas. Desde el colectivo travesti-trans denuncian que sus cuerpos no importan: “No estamos incluidas en la agenda emocional del país”.

El 30 de octubre, el Ministerio de Seguridad de la Nación aprobó el “Protocolo General de Actuación de Registros Personales y Detención para Personas Pertenecientes al Colectivo LGBT”, que utilizarán las fuerzas policiales y de seguridad federales. “Este protocolo se sanciona en un contexto de aumento de la violencia institucional y persecución gubernamental contra el colectivo LGTBIQ”, dice la abogada y activista lesbiana Luciana Sánchez, integrante de la organización COPADI (Colectivo para la Diversidad).

2017 fue un año especialmente duro de persecución y violencia para las lesbianas y trans en las calles. El caso más resonante fue el de Higui de Jesús, atacada por un grupo de varones que intentó violarla en octubre de 2016. Ella terminó procesada y presa. En defensa propia hirió de muerte a uno de sus atacantes y no tuvo acceso a la Justicia, que la discriminó por lesbiana y pobre.

La policía hizo varias razzias y detenciones arbitrarias antes y después de la marcha del Paro de Mujeres, el 8 de marzo. Seis activistas lesbianas fueron procesadas, acusadas de pintar paredes la noche anterior, en el Día de la Visibilidad Lésbica. Agentes también hostigaron a una pareja de chicas en una plaza de Morón y detuvieron y violentaron a Mariana Gómez en una estación de subte cuando se encontraba con su esposa Rocío Girat. Las travestis y trans siguen siendo acosadas por las fuerzas de seguridad, que sistemáticamente les arman causas.

Reconocer es reparar

El jueves 16 se presentó en el Senado la iniciativa "Reconocer es reparar", un proyecto de ley de reparación material a travestis y trans que hubieran sufrido violencia institucional a causa de su identidad de género. Precisamente, el Congreso sigue sin tratar una nueva ley de prevención y penalización de la discriminación, que actualice la norma vigente de 1988.

Otra normativa que no se cumple, sancionada en 2015, es la ley de cupo laboral trans "Diana Sacayán", impulsada por la activista travesti y defensora de los Derechos Humanos asesinada el 13 de octubre de ese año. Sigue sin reglamentarse en provincia de Buenos Aires por falta de voluntad política. No obstante, tanto en ese distrito como en otros del resto del país, unos 30 municipios implementaron el cupo mediante resoluciones u ordenanzas. En 2017 se sumaron a esta medida Rosario, Río Grande (Tierra del Fuego), Santa Rosa (La Pampa) y Luján de Cuyo (Mendoza), además de la Universidad Nacional de Mar del Plata.

La causa por el asesinato de Diana Sacayán tuvo que ser reactivada a fuerza de militancia, a partir del impulso de la Comisión "Justicia por Diana Sacayán - Basta de travesticidios", encabezada por su hermano, Sasha Sacayán, del Movimiento Antidiscriminatorio de Liberación (M.A.L.). Hay un imputado en prisión preventiva y algunos sospechosos. Pero el juicio oral fue postergado y aún no tiene fecha de inicio: se espera que empiece en febrero de 2018. Si el tribunal sigue dilatando la fecha, el detenido podría esperar el proceso en libertad.

El balance de las organizaciones de la diversidad sexual se cierra con la exigencia de la implementación de la Ley de Educación Sexual Integral en todo el país y en todos los niveles educativos. Y la de la separación de Iglesia y Estado. El arzobispo de La Plata, Héctor Aguer, prohibió en septiembre a los colegios católicos de esa ciudad hacer referencia a la "teoría de género y a los textos que la sostienen" porque le "compete velar por los niños". "Sus directivas para las escuelas católicas de La Plata atentan contra la Ley de Educación Sexual Integral y el derecho a la educación", explica Greta Pena, presidenta de 100% Diversidad y Derechos. «

Acceso a la salud y prejuicio médico

Si bien ha habido avances, gracias a algunos consultorios inclusivos (muchos desmantelados), el sistema de salud no acompaña la legislación vigente y la población LGBT se enfrenta a diario –cuando accede a la salud– a los prejuicios de lxs médicxs y a la violación de sus derechos.

Las organizaciones exigen el cumplimiento efectivo de la Ley de Identidad de Género, también en salud, incluyendo además a las infancias y adolescencias trans. Desde 2016 denuncian el recorte en las políticas de salud pública de los consultorios inclusivos. Y exigen una nueva ley de VIH, hepatitis virales e ITS (infecciones de transmisión sexual): hace dos semanas el Frente Nacional por la Salud de las Personas con VIH exigió el inmediato tratamiento del proyecto. Si al terminar las sesiones ordinarias no es tratado en comisiones, perderá estado parlamentario.

Bajar el escenario, una decisión política

El jueves, a sólo 48 horas de realizarse la 26ª Marcha del Orgullo LGBTIQ en Buenos Aires, el acto con mayor peso político de los colectivos de la diversidad sexual, las organizaciones que integran la Comisión Organizadora de la Marcha (COMO) responsabilizaron al gobierno nacional por no aportar el escenario para el tradicional cierre frente al Congreso de la Nación.

María Rachid, secretaria general de la Federación Argentina Lesbianas, Gays, Bisexuales y trans (FALGBT), explicó: "La Marcha del Orgullo se organiza hace 26 años. Ningún funcionario al que le ha tocado hacer algo relacionado a su organización puede alegar desconocer este hecho. La decisión de bajar el escenario es una decisión política que claramente expresa la importancia que da este gobierno a la política de diversidad y a la libertad para expresarnos y manifestarnos".

La fiesta del Orgullo copó la Plaza

En un clima de fiesta, decenas de miles de personas marcharon como cada noviembre desde Plaza de Mayo hacia el Congreso. En la previa y desde el escenario, las organizaciones leyeron el documento con las consignas que animan el reclamo del colectivo LGBTIQ. "Aca estamos, con nuestros cuerpos mutilados y nuestra historia. Exigimos Justicia para Diana Sacayán y para todas las travestis y trans asesinadas", dijo la referente trans PaulaArraigada.Y Chocolate Mix, el grupo de reggaetón lésbico, puso la música y un posicionamiento: "Aunque haya un gobierno que no nos quiere y nos negó el escenario en el Congreso, acá estamos". Con una bandera con el rostro de Azul Montoro, travesti asesinada en Córdoba, la marcha avanzó por Avenida de Mayo. Y al cierre de esta edición, el "protocolo" anunciado desde Seguridad no amenazaba empañar la fiesta.

Más ataques

Las organizaciones de la diversidad sexual vienen alertando por el aumento de los casos de agresiones motivadas por orientación sexual e identidad de género.

Las denuncias aumentaron a más del doble de acuerdo al último registro estadístico de la Defensoría LGBT de la Ciudad de Buenos Aires, que depende de la Defensoría del Pueblo.

En 2015 se reportaron 28 casos por ataques y discriminación, y 43 por afectación de derechos a personas gays, lesbianas, bisexuales, travestis, transexuales e intersex.

Mientras que durante el año 2016 se contabilizaron 58 agresiones y 72 casos por afectación de derechos.

Esta nota fue posible gracias al apoyo de nuestros lectores.

Su aporte nos permite hacer periodismo sin condicionamientos. El sueño de un medio libre no es solo nuestro.

SEAMOS SOCIOS