El desalojo del Bauen es inconstitucional: vulnera el derecho laboral de los integrantes de la cooperativa que gestionan el hotel desde hace 14 años, saltea procedimientos formales tanto administrativos como jurídicos y se basa en el veto a una ley que según denuncian los legisladores que la sancionaron carece de fundamentos.
Los trabajadores, un grupo de organizaciones sociales, cooperativas y parlamentarios expresaron estos argumentos en tres amparos judiciales que se procesan contrarreloj en la Justicia. La jueza comercial Paula Hualde, que entiende en la quiebra, dio tiempo hasta el 19 de abril para que entreguen el inmueble. De lo contrario, ordenará el desalojo.
Negociados de ayer y hoy
El Bauen fue construido con un crédito del Banco Nacional de Desarrollo (BANADE) otorgado por la última dictadura para ampliar la capacidad hotelera para el Mundial ’78. Los beneficiarios nunca devolvieron el dinero al Estado y, cuando consideraron que había un negocio mejor, cerraron el hotel y quebraron la sociedad.
Los trabajadores decidieron organizarse en cooperativa y desde 2003 gestionan el espacio. Durante 14 años ofrecieron un servicio de hospedaje diferencial en el centro de la ciudad, dando alojamiento gratuito a familias del interior que venian a atenderse a los hospitales de la capital, mientras se constituyeron como espacio de referencia para movimientos políticos y sociales. Tras una larga lucha, en noviembre pasado el Congreso sancionó una ley que declara de utilidad pública y sujeto a expropiación el inmueble. Pero un mes después Macri lo vetó abriendo suspicacias sobre los reales motivos (ver aparte).
«El veto está lleno de inconsistencias. Habla de una erogación del Estado de 30 millones de dólares, cuando el que debe establecer el precio es el Tribunal de Tasaciones de la Nación; también considera ese monto como un gasto cuando se trata de una inversión ya que el inmueble le vuelve al Estado y solo lo entrega a la cooperativa en comodato. Aparte, el Estado tiene para resarcirse la posibilidad de accionar contra los dueños originales que obtuvieron un crédito que nunca pagaron», explica el diputado Carlos Heller, impulsor de la ley vetada.
Bauen es de los trabajadores
Los trabajadores presentaron dos escritos ante la Justicia para frenar el desalojo. En el primero plantean la inconstitucionalidad del veto por ir contra una ley que garantiza sus puestos de trabajo y, por tanto, vulnera tratados internacionales de Derechos Humanos que el Estado está obligado a cumplir. Comparan esta decisión con el fallo de la Corte sobre la inconstitucionalidad de los indultos a los genocidas del último golpe de Estado.
Su planteo cayó en el Juzgado Contencioso Administrativo Nº 10 a cargo de la jueza Liliana Heiland, quien sin analizar los fundamentos lo rechazó por cuestiones formales. Ahora deberá resolver la Cámara de Apelaciones.
El segundo fue presentado ante Hualde en el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial Nº 9, donde tramita la quiebra. Allí los trabajadores mencionan otros dos puntos a considerar: que no está agotado el trámite legislativo (aún el Congreso puede insistir en la ley vetada y si es aprobada con dos tercios de los votos debe promulgarse); y que el desalojo es solicitado por un actor que no es parte de la quiebra. Este escrito también fue rechazado y los trabajadores apelaron a la Cámara Comercial.
La causa del Bauen es acompañada por muchos sectores. Los diputados Leonardo Grosso, Diana Conti y Araceli Ferreyra; los senadores Juan Manuel Abal Medina y Teresa Luna, y los responsables de la CTA, la CNCT, la CTEP y la Federación Argentina de Cooperativas de Trabajadores Autogestionados (FACTA); entre otros también presentaron un amparo donde destacan que el veto pasa por alto los derechos laborales de los 130 integrantes de la cooperativa. Su reclamo, cayó en el juzgado nacional de primera instancia laboral número 38, a cargo de María Dora González.
Allí también intervino la Fiscalía Nacional del Trabajo Nº 5, a cargo de Juan Manuel Domínguez, quien respaldó con su dictamen el planteo colectivo y solicitó una «medida interina» que suspenda el desalojo hasta tanto se analice el «interés público comprometido» que, en este caso, son los derechos laborales.
Así las cosas, los trabajadores tienen los derechos, los argumentos y el apoyo popular. Pero la Justicia, muchas veces, tiene otros criterios. «
La apoderada y otro conflicto de intereses
La centralidad geográfica y política del Bauen ha transformado al hotel autogestionado en una espacio de fuertes intereses cruzados. No sorprende entonces que detrás del veto presidencial a la ley de expropiación se avizore un negocio.
Una de las protagonistas de este nuevo capítulo de conflicto de intereses es Susana Beatriz Espósito, apoderada de Mercoteles SA, la empresa que aduce ser la dueña del edificio del Bauen. Espósito es comunera del PRO en el barrio de Caballito y esposa del jefe de la Agencia Gubernamental de Control (AGC), Ricardo Pedace, también exsubjefe de la Policía Metropolitana.
Según publicó Ricardo Ragendorfer en el portal Nuestras Voces, Espósito también es amiga de la jueza Paula Hualde, la misma que ordenó el desalojo de los trabajadores cooperativistas. El 28 de julio de 2016, Hualde fue reconocida con el Premio de Excelencia Judicial otorgado por el Foro de Estudios sobre la Administración de la Justicia (FORES) y el Instituto para el Desarrollo Empresarial Argentino (IDEA). Entre los aplaudidores estaba el ministro de Justicia Germán Garavano y la misma Espósito, que se acercó a saludarla efusivamente.
