Tucumán: despidieron a una funcionaria por denunciar la "tortura contra la niña" de once años obligada a parir

El gobierno de Juan Manzur despidió a Fernanda Fernández, una de las encargadas de visibilizar el caso de la nena violada por la pareja de su abuela. Trabajaba en el Ministerio de Desarrollo Social.

7 de marzo de 2019

El gobierno de Tucumán sigue escalando en acciones directas contra el derecho de las mujeres. Las últimas semanas concitó el foco de atención por obstaculizar el derecho a acceder al aborto legal a una niña de 11 años abusada por la pareja de su abuela. En este caso puntual, Fernanda Fernández –como parte de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito– fue una de las organizadoras de las acciones que denunciaron públicamente el hecho y lo enmarcaron como “un caso de tortura contra la niña por parte del Estado provincial”.

Para la provincia gobernada por Juan Manzur, no hay tregua para quienes piensan distinto en estos temas. Esta semana, Fernanda Fernández fue despedida de su trabajo en el Ministerio de Desarrollo Social como consecuencia de su activa posición por los derechos de las mujeres y las niñas.

Desde la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito denunciaron a Gabriel Yedlyn, a cargo de ese ministerio, como quien tomó la decisión, pero apuntan al gobernador como responsable último. “Denunciamos por persecución política y discriminación laboral a la máxima autoridad provincial, el gobernador Juan Manzur, a través de este acto de disciplinamiento a una compañera, quien además, recibió amenazas por cuestionar acciones de lxs funcionarixs y agentes del Estado que impiden el acceso a las interrupciones legales de embarazos”.

Las compañeras de Fernández, explicaron en un comunicado que la visibilización de varios casos sucedidos en la provincia de Tucumán desde el debate por la legalización del aborto comenzó a mellar la figura de los políticos que no cumplen con sus deberes de funcionarios públicos. Asimismo, señalan a los funcionarios por montar campañas para “confundir a la población con respecto a la garantía de derechos, torturar, discriminar, estigmatizar, criminalizar a mujeres, niñas y adolescentes en lugar de proveer servicios de salud acordes a la legislación, efectivos y de calidad como lo demanda la ciudadanía”.

El despido posee un claro corte disciplinador hacia dentro de los organismos públicos, “para acallar la inexorable marea verde”. Desde la Campaña, informan que a pesar de que Tucumán es la provincia con mayor tasa de embarazos adolescentes del país, no ha adherido a las leyes de Educación Sexual Integral, de Salud sexual y reproductiva y no aplica el Protocolo ILE instituido por el Ministerio de Salud de la Nación.

En las vísperas de la conmemoración del 8 de marzo, Día Internacional de las mujeres, lesbianas, trans y travestis, las mujeres de la Campaña exigen que estos derechos sean implementados: “Exigimos políticas públicas y que lxs funcionarixs cumplan con las leyes vigentes. Por un Estado que no persiga ni criminalice a quienes defienden los derechos y una provincia en la que las niñas, jóvenes, mujeres y personas con capacidad de gestar podamos ser libres”.

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