"Un argumento absolutamente antidemocrático"

Elizabeth Gómez Alcorta, del equipo de abogados de la líder de la organización Tupac Amaru, criticó las declaraciones de Macri.
3 de Diciembre de 2016

La argumentación que el presidente Mauricio Macri realizó ayer desde Chapadmalal para justificar el incumplimiento de los reclamos de los organismos internacionales de Derechos Humanos generó una inmediata reacción de los abogados defensores de la dirigente social Milagro Sala.

Elizabeth Gómez Alcorta, del equipo de abogados de la líder de la organización Tupac Amaru, indicó que "el argumento de pensar que porque 'la gente' cree que alguien debe estar preso es motivo suficiente para privar de su libertad a una persona es absolutamente antidemocrático y antirrepublicano".

Y juzgó: "Las instituciones de la república indican que el pueblo se manifiesta y tiene derecho a expresarse por múltiples formas, pero nunca podría justificar una detención lo que la mayoría de la gente quiera o no quiera. Decir eso es un argumento cuasi fascista, violatorio del sistema democrático, de las normas básicas de la división de poderes y violatorio además de los compromisos asumidos por el propio Estado frente a la comunidad internacional".

Por su parte, el abogado Ariel Ruarte señaló que en Jujuy "se ha construido un enemigo en donde todo lo malo se puso en cabeza de la Tupac". El letrado advirtió en ese sentido que "lo que han hecho se conoce como el derecho penal del enemigo y es una construcción teórica que tiene que ver con poner como chivo expiatorio a una organización y responsabilizarla por todo lo malo que sucede en una sociedad".

Además, subrayó que "esto es absolutamente inconstitucional porque la persecución penal se produce no por haber hecho algo determinado, como lo establece el Código Penal, sino por pertenecer a un grupo determinado. Esto viola las protecciones y garantías del sistema constitucional argentino”.

Y agregó: “Los derechos y garantías constitucionales no pueden ser sometidos a cuestiones de mayorías populares porque justamente la Constitución pone un límite al gobernante para que no pueda escudarse del cumplimiento del sistema internacional de protección integral de los Derechos Humanos atrás de la popularidad de la medida porque eso viola el sistema constitucional.

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