Un proyecto que tenía acuerdo y dictamen para ser aprobado sin problemas el jueves en la sesión de Diputados terminó volviendo a la comisión de Presupuesto y Hacienda por un cambio de último momento. Pasado el escándalo del salteño Juan Ameri y aprobado el proyecto de ley de protección a los activos del Fondo de Garantías de Sustentabilidad de ANSES y el refinanciamiento de 21 provincias de la deuda con el organismo nacional, comenzó a tratarse el proyecto que establece la prohibición de ayuda económica a empresas domiciliadas en paraísos fiscales o aquellas con probada evasión fiscal.
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El cambio en el artículo 2 del proyecto buscó ampliar el alcance de la prohibición, para que no sólo recaiga sobre personas o empresas con cuentas en paraísos fiscales sino también a quienes estén vinculados con esas personas o empresas.
La modificación formulada durante el debate fue solicitada por la diputada del Frente de Todos Fernanda Valllejos y leída por Carlos Heller al momento de votar el proyecto. “Estamos queriendo circunscribir la posibilidad de que una empresa que tiene dinero y acciones económicas de cualquier tipo en paraísos fiscales, en jurisdicciones no cooperantes o de baja o nula tributación estén lo más circunscriptas posible a poder recibir ayuda estatal”, explicó el titular la comisión de Presupuesto al tiempo que agregó: “Hemos ampliado esa posibilidad a los fines de las posibles fugas que se pueden dar, todos sabemos que las empresas tienen abogados, contadores y todo el tiempo están buscando la forma de cómo eludir”.
En medio de la confusión, Juntos por el Cambio decidió abstenerse, ante el cambio de último momento. A la hora de votar y para clarificar la situación, el presidente de la Cámara, Sergio Massa, propuso dar marcha atrás y que el proyecto vuelva a comisión -para lo cual se votó con dos tercios- y resultó aprobada. El tigrense se comprometió a tratar el proyecto en la próxima sesión con o sin dictamen de comisión.
Las críticas no sólo vinieron por el lado de Juntos por el Cambio, que consideró no tener suficiente tiempo para analizar el cambio. En el lavagnismo, Jorge Sarghini, denunció: “Es inconcebible que un proyecto con unanimidad en el acompañamiento y absoluto consenso sea cambiado minutos antes de votar porque alguien del oficialismo lo pide y no den lugar ni siquiera al análisis”. “¿Nosotros qué somos, de palo?”, cuestionó.
