Un informe revela cómo se orquestó la persecución a religiosos en la dictadura

A 39 años de la muerte del obispo Ponce de León, el documento forma parte de las pruebas de la causa que se tramita lentamente en la justicia federal. Los informes de Saint Amant.
2 de Julio de 2016

En 14 páginas escritas a máquina, el entonces teniente coronel Manuel Saint Amant, jefe del área 132, elevó en diciembre de 1976 un informe de inteligencia al Primer Cuerpo del Ejército sobre la Diócesis de San Nicolás y su obispo, Carlos Ponce de León. “Es evidente que la Iglesia opera en la diócesis bajo la dirección de monseñor Ponce de León como una resultante de fuerzas enroladas sustancialmente en las filas del enemigo”, concluye el represor. 

El documento forma parte de la causa judicial que (muy lentamente) investiga la muerte de Ponce de León, de la que el próximo lunes 11 de julio se cumplen 39 años, y permite conocer cómo se orquestó la persecución a los sectores religiosos que se oponían al régimen y que pertenecían o simpatizaban con las ideas del Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo. El supuesto accidente que acabó con la vida del obispo de San Nicolás en 1977 le permitió a la Iglesia argentina barrer de la diócesis a los curas más identificados con esas ideas. 
“Existe suficiente información en el área 132 sobre las actividades de grupo tercermundista-marxista de la congregación salesiana que actúa en el Colegio Don Bosco y en la diócesis de San Nicolás”, arranca el documento y aclara que los grupos “más importantes de Montoneros de San Nicolás han salido de la Iglesia”.
El informe toma información de las denuncias realizadas por un grupo de laicos y de curas opositores a Ponce de León pero también realiza un seguimiento de actividades y homilías del obispo así como un detallado listado de los sacerdotes que estaban en la diócesis y sus posturas ideológicas. 

Para simplificar la tarea a sus superiores, Saint Amant agrupó en cuatro sectores las líneas políticas dentro de la Iglesia en esa región, que incluye las ciudades como San Nicolás, Ramallo, San Pedro, Pergamino y Colón: 1) Sacerdotes aliados posibles, 2) Sacerdotes marxistas 3) la línea intermedia  y 4) el resto.

Sobre la rama marxista de los curas, señala que la Iglesia “les brinda un refugio económico importante y una cierta garantía de impunidad: tienen donde ir a comer, donde dormir, quien proteste cuando a ellos les pueda pasar algo”. 
De manera brutal, el represor (quien murió condenado a prisión perpetua en marzo pasado) transparenta la estrategia del Ejército apenas a nueve meses del golpe cívico militar. “Este informe se ha preparado en función de la prioridad fundamental que tiene nuestra institución en este momento histórico: la guerra contra la subversión. Para ganar dicha batalla, que estamos librando exitosamente, hay que atacar al enemigo en todos los frentes. El enemigo no es el grupo minoritario de jóvenes guerrilleros, hoy en triste y escandalosa retirada, sino el marxismo que lo caracteriza, que lo dirige, que lo utiliza y que incluso, en algunos casos aparentemente lo abandona”, resume el jerarca militar. 
Antecedentes
La represión a religiosos comenzó apenas unos días después del golpe cívico militar. El 4 de junio de 1976 fueron secuestrados los seminaristas asuncionistas de San Miguel Carlos Antonio Di Pietro y Raúl Eduardo Rodríguez en el barrio Manuelita. El sacerdote Jorge Adur, quien vivía con los seminaristas, logró escapar y exiliarse a Brasil, donde fue capturado en 1980. Los tres permanecen desaparecidos. 
Un mes después, el 4 de julio, se produjo la conocida Masacre de San Patricio, de la que mañana se cumplirán 40 años. El 4 de de agosto fue asesinado Enrique Angelelli, en La Rioja.
En la diócesis de San Nicolás también hubo muchos sacerdotes represaliados. Los padres Marciano Alba y Jorge Galli de Pergamino; Raúl Acosta de General Rojo; Luis López Molina de Ramallo. Aníbal Polacci, muy cercano a Ponce de León, también fue detenido en dictadura. 
La causa judicial

Tras el rechazo del exhorto enviado al Vaticano para pedir información, la querella pone sus expectativas en el lento avance de la causa judicial, hoy a cargo del juez rosarino Marcelo Bailaque. Con un año de demora, comenzaron las audiencias con los peritos que intervinieron en la causa. Hay dos estudios que se contradicen: uno realizado por Gendarmería que consideró que el choque entre el Renault 4 en el que iba Ponce de León y una camioneta F100 fue un accidente. Mientras que para el perito de parte de la Secretaría de Derechos Humanos, el ingeniero Jorge Geretto, se trató de un choque provocado, en un claro atentado contra la vida del obispo. « 

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