El plan que extiende las fumigaciones a las zonas de "amortiguamiento"

A través de una resolución del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca se busca aumentar la producción agrícola expandiendo la superficie a sembrar y, en consecuencia, la aplicación de agrotóxicos, llegando a lugares que hoy están excluidos. “Profundiza un modelo de extracción”, se quejan las organizaciones.

(Foto: AFP)
18 de octubre de 2020

A días de aprobar el trigo transgénico, el gobierno publicó una nueva resolución que promete incrementar la producción agrícola, lograr la tan postergada lluvia de inversiones y generar, al fin, empleo formal en el campo. Pero detrás del augurio de reactivación económica, asoma el costo ambiental de siempre. La superficie a sembrar deberá expandirse, aún en zonas que hoy están excluidas, lo que se traduce en una mayor exposición a los agrotóxicos. “La iniciativa no hace más que profundizar un modelo de extracción que es, desde siempre, más parte del problema que de la solución”, advierten las organizaciones.

El 14 de octubre, a través de la resolución 216/2020, el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca oficializó la “Iniciativa doscientos millones (200.000.000) de toneladas de cereales, oleaginosas y legumbres” con el objetivo de impulsar “el desarrollo de nuevas inversiones y puestos de trabajo, el agregado de valor, y significará un aumento en las exportaciones e ingreso de divisas suficiente para favorecer la estabilización de la economía”.

El proyecto plantea aumentar la producción actual a 60 millones, lo que implicaría sumar unas 17 millones de hectáreas de siembra. Para eso se “recuperarían” entre 500.000 y 1 millón de hectáreas agrícolas en zonas llamadas “de exclusión” o “de amortiguamiento”, gracias a las nuevas tecnologías (AgTech) “con una reducción de hasta el 80% en el uso de agroquímicos”.

“Invocan el AgTech que sigue el relato de Bill Gates sobre la tecnología de precisión, pero lo que buscan es fumigar en las zonas no solo de amortiguación (lindantes al área urbana, establecimientos educativos y cursos de agua, entre otros), sino también en lugares donde hoy está prohibido por leyes, ordenanzas y fallos judiciales que obtuvieron los pueblos fumigados”, se queja el abogado Fernando Cabaleiro, de Naturaleza de Derechos. 

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El ambientalista advierte que la resolución del ministro Luis Basterra “sigue sin entender que una vez que se liberan los venenos, la deriva es incontrolable, la apliques con un ´mosquito´ o con un dron. Solo el 25 % va al destino, el resto queda en el aire o termina contaminando las aguas o genera riesgos en la salud de la población”.

María Marta Di Paola, directora de Investigación de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), coincide en que la iniciativa oficial “desconoce las implicancias ambientales de este avance” sobre zonas de exclusión y agrega que no se especificaron “cuáles serán los mecanismos de participación ciudadana e incluso los organismos públicos involucrados en el proceso”. En ese sentido, FARN ya presentó pedidos de acceso a la información a los Ministerios de Ambiente y Agricultura.

“En un contexto –insiste Di Paola– que incluye la baja de los derechos a la exportación para el agro, la liberación de trigo transgénico, y focos de incendio que avanzan sobre una gran superficie del país, la iniciativa no hace más que profundizar un modelo de extracción que es, desde siempre, más parte del problema que de la solución. El propio Ministerio de Ambiente, que cita entre las principales causas directas de la deforestación a la agricultura y ganadería intensiva y, en menor medida, a la agricultura de subsistencia, los incendios y el sobrepastoreo. Entonces, ¿en qué quedamos’”.

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