Un plan sistemático para ampliar la brecha social

(Foto: Eduardo Sarapura)
Por Adriana Clemente - Directora del CEC Sociales, UBA
16 de Septiembre de 2018
En los últimos dos años y medio, la sociedad argentina experimentó una inédita –por tamaño y velocidad– pérdida de riqueza en manos de unos pocos grupos privilegiados que se beneficiaron y tuvieron ganancias extraordinarias, tanto por las devaluaciones como por las políticas de desregulación que implementó el gobierno de Mauricio Macri desde el primer día de gestión. El aumento de la desigualdad de casi un 20% entre deciles extremos y la proyección de 400 mil nuevos pobres en el GBA son tragedias anunciadas.

Hoy, los pobres son más pobres. Muchos de los que no lo eran ahora califican en esa condición y, los ricos, son mucho más ricos. Eso es producto de un proceso abrupto de transferencia extraordinaria de ingresos que sólo se puede lograr con políticas de gobierno intencionalmente dirigidas en ese sentido.

En lo que va de su mandato, el gobierno de la alianza Cambiemos desfinanció al Estado para debilitarlo y ahora reformarlo, lo sobreendeudó para encubrir nuevas fugas de divisas millonarias,  produjo desocupación para disciplinar a los trabajadores agremiados y propició una crisis generalizada de consumo que lleva a gobernadores e intendentes a solicitar, sin éxito,  la declaración de la emergencia alimentaria en todo el país. 

Para paliar la crisis autoinfringida, y siguiendo el acuerdo con el FMI, el gobierno nacional anunció una tardía actualización de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la gobernadora María Eugenia Vidal presentó un modesto refuerzo de los programas alimentarios que seguirán siendo insuficientes y deficientes desde el punto de vista de su calidad nutricional y cobertura. En paralelo, los hospitales están abarrotados al ritmo que los trabajadores pierden sus obras sociales y las farmacias hablan de suspender la venta de medicamentos por PAMI. A pesar de todo esto,  el plan económico no cambia y resulta ingenuo pensar en una suma de errores. En estos meses no hubo correcciones, sólo medidas de afirmación. Definitivamente, las decisiones de política pública expresan un modelo económico y de país que se va pareciendo al país con el que iniciamos el siglo pasado, particularmente por los niveles de sobreendeudamiento externo que explicaron el estallido final de 2001.

El endeudamiento externo es una llave eficiente para producir reformas estructurales y posibilitar ganancias extraordinarias en medio de contextos recesivos. Descalificar al Estado por su ineficiencia (vaciamiento), culpabilizar al gasto social de los desequilibrios fiscales y desarticular el sistema de seguridad social (desfinanciamiento) son requisitos de un método cuyos procedimientos se repiten con pequeñas variantes, según las particularidades del país donde,  previo socorro financiero, da instrucciones el FMI.

En los '90 el plan comprendía, entre otras metas, la privatización de los servicios públicos, del sistema jubilatorio y el cambio de la matriz productiva. Hoy el foco parece estar en la reprimarización de la economía y la incorporación a la esfera privada transnacional de activos asociados a recursos naturales. En lo social, el objetivo es claramente el sistema de seguridad social, particularmente el contributivo. De allí que se baje el rango de ministerios clave como Trabajo y Salud, ambos pilares de la sustentación de ese subsistema. El educativo (primario y secundario) ya está herido, por eso el foco pasa a ser el sistema de educación superior, cuya expansión y calidad es destacada en toda la región. Otra pesada herencia.     

La posibilidad de que el Ministerio de Desarrollo Social sea eficiente en su megacompetencia es una falacia. Se trata de una cartera devaluada en sus funciones desde el 2015 a la fecha, con injustificados niveles de sub ejecución presupuestaria en materia de ayuda directa y asistencia alimentaria, lo que pone en duda su capacidad para actuar con eficacia en este escenario desquiciado.

Por la experiencia reciente sabemos que las reformas institucionales se pueden revertir con decisión política y financiera. Lo que no será fácil recomponer es la pérdida de bienestar. Tampoco la desigualdad que se instalará por más de una década a causa de la ruptura de ciclos educativos de niños y jóvenes, la malnutrición en la primera infancia y la precarización del mercado de trabajo.

En tiempos de globalización y frente a las crisis económicas, el gasto social debe crecer para reducir los costos sociales. De las crisis sistémicas nunca se sale mejor sino siempre peor. Por eso nuestro principal problema es que el propio gobierno adueñado del Estado es el que utiliza el método de pro crisis, produce la tormenta y rompe los botes para que nada pueda volver a ser como era antes de su paso por el poder. «

Esta nota fue posible gracias al apoyo de nuestros lectores.

Su aporte nos permite hacer periodismo sin condicionamientos. El sueño de un medio libre no es solo nuestro.

SEAMOS SOCIOS