Farsa. La palabra proviene del latín de ‘relleno’. En la Edad Media pasó a ser un género teatral. Si bien no se fueron con grandes sonrisas, muchos de los que asistieron a la primera Audiencia Pública sobre tarifazos coincidieron en que fue una «farsa», que sólo sirve para rellenar un mero formalismo y continuar así con la imposición de los aumentos.

La Audiencia Pública era el denominador común en las exigencias al gobierno en torno a los tarifazos. La gobernadora María Eugenia Vidal tomó nota y, a través del Organismo de Control de Energía Eléctrica de Buenos Aires (OCEBA), organizó la primera en el estadio José María Minella, de Mar del Plata. Con apenas una semana de anticipación, las distribuidoras eléctricas Edelap, Eden, Edes y Edea, junto con otras 200 cooperativas del sector, expusieron sobre los motivos de las subas ante usuarios, defensores del consumidor, funcionarios, intendentes, legisladores y gremios. Al menos, eso fue lo que comunicaron desde OCEBA.
«No fue sólo desprolijo. Estuvo viciado de nulidad desde la propia concepción», advirtió el diputado provincial por el FPV Andrés Quinteros. «Una parte de lo que se propone como costo no está definida por la justicia. Entonces, se validó el cuadro tarifario sin tomar en cuenta que tiene contenido el aumento de Aranguren», agregó a Tiempo.


La tarifa tiene tres patas: el costo eléctrico mayorista, pagado por la empresa en el Mercado Energético Mayorista (MEM); el Valor Agregado de Distribución (VAD) y los impuestos. A nivel provincial, lo único que se debe resolver es el VAD, que resume los gastos de las empresas y el porcentaje de ganancia. «Si el valor mayorista está atado a resoluciones judiciales venideras, no se puede discutir el VAD. Por eso es nula la audiencia», insistió el legislador.
Para Quinteros, «esta supuesta audiencia no fue más que uno de varios artilugios que utiliza el gobierno de Vidal para imponer un tarifazo que no tiene razón de ser». El legislador aseguró que «el Estado quería cumplir el trámite por las dudas que no se revocara la nulidad del aumento declarada por el juez Luis Arias».
Para sumar suspicacias, el mismo día de la audiencia se conoció un fallo dictado el martes por la Cámara en lo Contencioso Administrativo de La Plata (jurisdicción bonaerense)que hizo lugar a un recurso de queja presentado por la Fiscalía de Estado provincial contra la resolución de Arias.


El gerente de la Asociación de Empresas Distribuidoras de Energía Eléctrica (Adera), Claudio Bulacio, dijo en su exposición en la Audiencia que «el precio mayorista de la energía debe ser trasladado a la tarifa y que para ello, según los contratos, no se necesita una audiencia pública (…) Resulta necesario recomponer el VAD ajustándolo a la realidad de los costos», indicó. Otros oradores del sector empresarial hablaron en el mismo sentido. Pero ninguno especificó cuáles eran esos costos y cómo se componen.


Para Osvaldo Bassano, presidente de ADDUC, «el problema de fondo es legal. Las leyes de Electricidad y de Gas dejan libre el precio mayorista. Los usuarios nunca podemos saber cuál es la estructura de costos, mucho menos podemos trabajar en un análisis de estos números. Las empresas dicen ‘estos son los montos que necesitamos para funcionar’ y listo. Los usuarios tenemos que aceptar a carpeta cerrada.»


Si bien no se puede tener acceso a los números de las empresas distribuidoras de gas y de energía, Bassano aportó un indicador indirecto: «Edesur y Edenor cotizan en bolsa y sus acciones tienen subas elevadas. Las acciones no cotizan tan alto porque sí. Son empresas que ganan mucho dinero», argumentó.
En tanto, organizaciones sociales y políticas protestaron frente al estadio por el procedimiento de convocatoria de la Audiencia, que incluyó poca claridad en la fecha y hora de realización y un mega operativo de seguridad que contradijo el espíritu de participación ciudadana. «

Nuevo cacerolazo y ruidazo para este jueves 

El próximo jueves 4 se realizará un nuevo cacerolazo en todo el país contra los tarifazos eléctrico y del gas. Y a diferencia del realizado el 14 de julio, incluirá el reclamo de la renuncia del ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren. La convocatoria es motorizada por una infinidad de organizaciones políticas y sociales, desde los partidos de la oposición que incluyen al Frente para la Victoria y los que integran el FIT (el Partido Obrero, el PTS e Izquierda Socialista) hasta clubes de barrio, cooperativas, sindicatos y asociaciones de consumidores. El objetivo, según se lee en las redes sociales y en diversos comunicados que han emitido los convocantes es «que el tema no salga de la agenda». La convocatoria tuvo un giro tras conocerse que la justicia de segunda instancia le dio luz verde al tarifazo eléctrico en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, al mismo tiempo que se realizaba una audiencia pública en Mar del Plata para tratar el tema.