El presidente de la Cámara de Apelación Civil y Comercial de Morón le ordenó al Tribunal Oral Nº 3 de Morón que finalice antes de las 18 las audiencias y fue denunciado por arbitrariedad, persecución y abuso de autoridad.
El Tribunal Oral en lo Criminal N° 3 de Morón está abocado desde
febrero al juicio contra los tres sospechosos de haber secuestrado, abusado y
asesinado a Candela Rodríguez. El proceso promete ser largo. Fueron convocados
más de 3100 testigos, entre el ex gobernador Daniel Scioli y su cúpula policial.
Están a disposición del caso tres fiscales, tres defensores oficiales y cuatro
jueces. Por eso, cayó pésimo en el fuero penal la orden del presidente de la
Cámara de Apelación Civil y Comercial de Morón, José Russo, para que las
audiencias finalicen antes de las 18.
En duros términos, los jueces Mariela Moralejo Rivera,
Raquel Renée Lafourcade y Diego Bonanno, denunciaron el lunes a su colega Russo
por arbitrariedad, persecución y abuso de autoridad. Días antes, Russo había
enviado un oficio en su carácter de Superintendente teniendo en cuenta la
escasez de personal policial de seguridad, el retiro del personal de
mantenimiento y el cierre de los portones de los ingresos, se disponga que
la actividad del Juicio Oral no se extienda más allá de las 18:00″.
Tal como publicó el portal NoFiccionWeb, el juez Bonanno aseguró,
en la denuncia, que más allá de releerlo una y otra vez (el oficio), no logro
salir de la perturbación que me provoca su texto, o para ser más exacto, la
orden impartida, porque ella conlleva la vulneración del precepto más sagrado
que un magistrado debe tener, esto es el ejercicio de la jurisdicción
entendiendo que Russo no tenía competencia para realizar tal pedido.
En el escrito, los jueces acusaron al presidente de la
Cámara de Apelación Civil de sentir un menosprecio por la familia de la
víctima, la propia víctima, los tres acusados que quieren resolver su
situación procesal- y todos los funcionarios judiciales y abogados particulares
que están abocados al caso desde febrero y, seguramente, hasta mediados de año.
No hay norma que permita al presidente de la Cámara Civil y
Comercial, arrogarse la facultad de adentrarse en un proceso penal con
facultades jurisdiccionales, indicaron en la denuncia. Su desconocimiento
fáctico e ignorancia jurídica sobre el proceso penal en general y el juicio
oral en particular lo llevan a tan ilógica determinación. Me pregunto en qué
momento debería acallar la voz de las partes cuando estén haciendo uso de la
misma, o la del imputado, o la de un testigo, concluyeron.
Russo fue acusado de haber violado el artículo 248 del
Código Penal que contempla de un mes a dos años de prisión y hasta cuatro años
de inhabilitación para aquel funcionario público que dicte una resolución u
orden contraria a las leyes. Si el presidente de la Cámara Civil apela la
resolución del tribunal, el episodio podría tener una escalada insólita que paralizaría
el juicio.