Uruguay despliega sus Fuerzas Armadas en la frontera y la policía reprime a los pobres

El nuevo gobierno, por un lado, combate el contrabando hormiga y, por el otro, apunta a personas en situación de calle, barrios humildes, artesanos, malabaristas y cuidacoches.
(Foto: AFP)
15 de Marzo de 2020

El lunes 16 de marzo, será un día histórico para las futuras generaciones americanas: las fuerzas armadas del pequeño Uruguay empezarán a cumplir con su nueva hipótesis de conflicto externo, diseñada por los civiles del gobierno de Luis Lacalle Pou, y de sus diez departamentos fronterizos apuntarán los cañones hacia los gigantes que desde sus orígenes lo aprisionan por el oeste, el norte y el este: Argentina y Brasil, dos de sus tres socios del Mercosur. Según explicó el ministro de Defensa, Javier García, el operativo combinado de las tres armas es "una prioridad absoluta para atender la mayor emergencia nacional, que es combatir la violencia, la criminalidad y la inseguridad que nos llegan a través de las puertas y las ventanas del país, que son sus fronteras". Con un dramatismo cuasi marcial, agregó que "en este momento no hay nada más importante y urgente que desplegar todos los recursos humanos y técnicos para asegurar la paz y la tranquilidad".

Pese a la ampulosidad de García, en una primera etapa sólo se destinarán 500 efectivos que, "con el paso de las semanas, irán incrementándose". Su radio de acción llegará hasta 20 kilómetros al interior de las fronteras, es decir que junto a la nueva hipótesis, los militares quedarán como en los tiempos de la dictadura (1973–1985), asignados a la represión interna. Tendrán a su cargo tareas de inteligencia, vigilancia y apoyo a organismos con jurisdicción y competencia para combatir el delito. Se trata concretamente de represión del contrabando, que para que sea tal debe referirse al ingreso de mercaderías argentinas o brasileñas, pequeñeces que conforman el histórico contrabando hormiga de los pobladores de los departamentos de Colonia, Soriano, Río Negro, Paysandú, Salto, Artigas, Rivera, Cerro Largo, Treinta y Tres y Rocha. Y de la represión interna, básicamente el abigeato, una obsesión de Lacalle desde que robaron unas cabezas de ganado de la estancia familiar.

Esa visión tan particular, que puede derivar en una situación conflictiva con los dos grandes vecinos y amigos –hay que considerar que los seis departamentos ribereños del río Uruguay están como máximo a mil metros de la costa argentina y unidos por tres puentes, que los cuatro restantes tienen frontera terrestre con Brasil y que las principales ciudades de uno y otro lado están separadas sólo por una calle–, no es la única medida polémica que ha tomado el nuevo gobierno en el plano externo. Anunció que votará por la reelección de Luis Almagro, el más cuestionado de los tres aspirantes que se postulan para conducir la Organización de Estados Americanos (OEA), se retiró de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) y suspendió el proceso de renuncia al Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), tres organismos bendecidos por Estados Unidos.

Setenta y dos horas después de instalado, el nuevo gobierno lanzó una furibunda represión policial en las ciudades, que hizo blanco exclusivamente en los pobres. Con operativos de saturación, pedido de documentación según la cara, cacheos y expulsión de las áreas más visibles, el accionar estuvo orientado contra personas en situación de calle, barrios humildes, malabaristas y cuidacoches (en Montevideo y otros departamentos cuentan con una autorización oficial para trabajar en la vía pública). Fue en lo único que estuvieron de pleno e inmediato acuerdo los cinco partidos que se juntaron con el objetivo de sacar al Frente Amplio de la conducción del país. Recién el último viernes, 13 días después de haber jurado, Lacalle logró armonizar las diferencias en el "gobierno multicolor", como se lo llama, y designar al fin a quienes ocuparán los máximos cargos de la administración.

Lacalle asumió el primero de marzo. El lunes 2 el ministro del Interior, Jorge Larrañaga, hizo una evaluación del personal policial que tiene a su cargo y estimó de inmediato que necesita tomar 2500 nuevos agentes para la Guardia Republicana, la policía militarizada. Equivalen a casi el 10% de la dotación total. "El personal existente no alcanza para cumplir con la tarea preventiva que nos hemos propuesto", dijo Larrañaga. Según un informe del Banco de Desarrollo de América Latina –el nombre que tomó la antigua Corporación Andina de Fomento–, Uruguay es el país con mayor dotación policial de toda la región: 809 efectivos cada 100 mil habitantes, con lo que supera incluso a Estados Unidos y Canadá.

La misma entidad había explicado en su Reporte de Economía y Desarrollo 2014, que "el aumento del número de efectivos no favorece la reducción de los delitos". Uno de los asesores de Larrañaga dijo que su pedido de 2500 nuevos efectivos se sustenta en la experiencia transmitida en Montevideo por el exalcalde de Nueva York, Rudolph Giuliani, que aconsejó "acabar con el delito aplicando la Tolerancia 0, tal como lo impuso en su ciudad, la más poblada de Estados Unidos".  Giuliani llegó a la capital uruguaya contratado por el Partido de la Gente, uno de los cinco de la alianza multicolor. «

Sólo se salvan las  islas del charco…

En el medio del Río de la Plata, la argentina Martín García y la uruguaya Timoteo Domínguez seguirán siendo zona de paz, y no sólo porque por allí no se trafica cocaína ni se contrabandean sachets de mayonesa ni botellas de aceite, esas cosas que hacen tambalear la seguridad uruguaya. No, seguirá siendo zona desmilitarizada porque así lo acordaron los gobiernos de Buenos Aires y Montevideo cuando en 1973 se repartieron esos enclaves que suman unas 240 hectáreas. Después, en 1988, debieron remendar el tratado bilateral, porque por el natural fenómeno de sedimentación aluvional –la colmatación que le dicen, la resaca que arrastra el Paraná– ambas islitas se fusionaron, dando lugar a la unidad MG/TD, primera, y se supone que para siempre, única frontera terrestre entre Argentina y Uruguay.

La nueva unidad, a la que por ahora no se le piensa dar un nombre único, está designada como reserva natural, donde se ha desarrollado un bosque en el que reinan las flores rojas de los ceibos, que abastecen a cinco tipos de colibríes. Sin embargo, el sector Martín García tiene una rica historia. Desde mediados del siglo XVIII la ocuparon alternativamente tropas españolas, portuguesas, porteñas, brasileñas y hasta francesas. Ya en el siglo XX su presidio tuvo detenidos ilustres: Marcelo T. de Alvear, Hipólito Yrigoyen, Juan Domingo Perón y Arturo Frondizi. Y por otros caprichos, y porque no fue escuchada la voz de Sarmiento, se perdió la posibilidad de tener un destino histórico: ser la capital de un Estado imaginario conformado por Argentina, Uruguay y Paraguay, a la que el sanjuanino proponía llamar Argirópolis.

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