Después de 15 años de gobiernos progresistas caracterizados por profundos logros en materia de salud, educación y políticas sociales, una fuerte presencia del Estado en la vida económica del país y una consecuente defensa del principio de autodeterminación de los pueblos –sólo algunos de los aspectos que pronto se empezarán a extrañar–, vuelve a instalarse en Uruguay un gobierno de definido corte neoliberal. Luis Lacalle Pou, hijo del ex presidente Luis Alberto Lacalle de Herrera (1990-1995), está viviendo hoy su gran día en compañía del brasileño Jair Bolsonaro y una lista de otros presidentes de cuestionada estirpe democrática: Jeanine Áñez (Bolivia), Iván Duque (Colombia), Sebastián Piñera (Chile) y Lenín Moreno (Ecuador). Por supuesto Luis Almagro (OEA) y también lo acompaña Felipe VI, el monarca español, pero no está Donald Trump, que mandó decir que enviaría a alguien en su lugar.

Este nuevo gobierno, que cuenta en sus filas con demasiados nostálgicos y encubridores de los últimos dictadores (1973-1985) y muchos personajes que ya llegan embarrados por propia opción, y por ello integran miles de folios que se acumulan, y a veces se mueven, en despachos judiciales del país y del exterior, llega dispuesto a poner todo patas para arriba. No lo dijo en la campaña, pero los uruguayos se enteraron un mes después de las elecciones que todo su hacer y deshacer se sustentará en una mega ley de 457 artículos que tiene tres objetivos básicos. Primero, iniciar el proceso de privatización de las empresas públicas que Lacalle padre no pudo acometer. Segundo, criminalizar la protesta social y retrotraer la política laboral a mediados del siglo pasado, eliminando las conquistas consagradas por los gobiernos progresistas. Tercero, mercantilizar la educación, históricamente laica y gratuita.

Para llegar por tercera vez al gobierno en su historia de casi 184 años, el Partido Nacional (Blanco) de Lacalle Pou debió juntarse con los otros partidos del espectro –Colorado, Cabildo Abierto, Independiente y De la Gente– y todas sus facciones internas. Como cuando los pescadores tiran la red un día de tormenta, allí, entreverado, vino de todo. Claro que aquí, tratándose de personas, se enredaron genuflexos vergonzantes, pusilánimes de oficio, derechistas contumaces, admiradores de la dictadura y mucha gente con problemitas anexos a la corrupción. Bueno, así pescó Lacalle para ganar apenas por poco 30 mil votos y sentirse con derecho a cambiarlo todo. Para su misión cuenta con el apoyo de los medios, los mismos que fueron claves a la hora de sacar del estrado al Frente Amplio, única razón que juntó a aquellos socios de ocasión.

Entre lo que pescó cayeron desde ladronzuelos hasta promotores (hoy) de la creación de escuadrones de la muerte, “imprescindibles para limpiar el país”. Toda esa gente de mayor cuidado llegó de la mano del líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos. Para éste, ex general y senador electo, la Justicia ya pidió el desafuero bajo el cargo de “encubrir al ex coronel José Nino Gavazzo y ocultar que había confesado ante un tribunal militar el secuestro, tortura, asesinato y desaparición de personas”. Lacalle Pou no habló, y a esta altura seguramente ya no lo hará, ni sobre el convocante de asesinos voluntarios para conformar los escuadrones ni sobre la situación de Manini. En realidad, no habló sobre ninguno de sus socios del mundo del delito.

Tampoco habló -sus aliados políticos no están en condiciones de pedírselo y con sus irritantes buenos modales el Frente Amplio tampoco se lo exigió– sobre la detención de Maya Cikurel Spiller, compañera de vida del ministro de Educación y Cultura, Pablo da Silveira. La mujer fue apresada en el puerto de Colonia, en compañía de Da Silveira, prestos para viajar a Buenos Aires. Cayó cuando Interpol accionó una “alerta azul” dispuesta a pedido de Panamá. Está acusada como lavadora de cientos de millones de dólares de las coimas entregadas por la empresa brasileña Odebrecht a los gobernantes de al menos 12 países de América Latina y África. Junto con su detención saltó nuevamente el nombre de Andrés Sanguinetti (alias Betingo), hermano menor del ex presidente Julio María Sanguinetti (ver aparte).

Ambos casos son particularmente graves. Aunque no fue el candidato más votado dentro del Partido Colorado, el Sanguinetti grande (84 años) es senador electo, secretario general del Partido y, por ahora, garante de la durabilidad de la entente de todos los colores que se armó para ganarle al progresismo. La situación de Cikurell debería ser doblemente molesta para el presidente. Por un lado, Da Silveira es dentro del Gabinete la personalidad más inmaculada y aún no ha dicho por qué razón viajaba a Buenos Aires con una persona requerida internacionalmente, cuando faltaba una semana para el cambio de gobierno y él no había terminado aún de redactar su aporte a la mega ley que mercantilizará la educación. Su área.

Por otro lado Cikurell es amiga desde los tiempos estudiantiles –ambas integraban el equipo de hockey del selecto Deutsche Schule Montevideo) de Lorena Ponce de León, desde hoy la primera dama. «

La historia de Ma y Betingo

Maya Cikurell, la Ma, y Andrés Sanguinetti, el Betingo. Juran no conocerse, que nunca se vieron. Quizás sea cierto, tan cierto como que en el reparto les tocó ser empleados del mismo patrón, en los mismos ámbitos y con la misma función: pagar coimas y lavar dinero sucio. Ellos lo niegan, claro, pero los jueces de Suiza, Andorra, EE UU, Panamá, Colombia y Perú, hasta ahora, pidieron la extradición de ambos bajo el mismo cargo de actuar como instrumentos de corrupción al más alto nivel, jefes de Estado o testaferros a cuyo nombre depositaron los sobornos de la brasileña Odebrecht, parece que más de 788 millones de dólares.

Ma y Betingo tienen otras cosas en común. Fuera de los negocios, andan por el alto mundo político del pequeño Uruguay. Ella fue condiscípula de Lorena Ponce de León, Loly, su amiga, primera dama desde hoy. Es, además, la pareja de Pablo da Silveira, un abogado que esta tarde asume como ministro de Educación y Cultura. Él es el hermano menor del expresidente Julio María Sanguinetti (1985-90/1995-2000). Ambos recibieron apoyos, muy moderados o muy efusivos. Da Silveira, que estaba con Ma cuando la detuvieron, dijo: «Los hechos que se le imputan son previos a que yo la conociera, creo que es inocente, lo mejor que puedo hacer es no decir nada». Para el mayor de los Sanguinetti, «lo que dicen de Betingo es una injusticia, él no delinque, es un muchacho sano y decente». Lo dijo en 2017 cuando quedó preso en Andorra y aún ni soñaba que, meses después, lograría la libertad condicional.

A resistir en las plazas

Por estas horas se cierra el Carnaval 2020 uruguayo, el más largo del mundo, que suele exponer en sus murgas expresiones que reflejan el sentir de las clases más populares. Y en esta ocasión, muchas de las canciones se refirieron al cambio de gobierno: una de las intervenciones que levantó más polémica fue la de la murga Metele que son Pasteles, una integración horizontal que funciona como cooperativa, dirigida por el experimentado Gonzalo Riquero. La multitud vibró con ellos en el Teatro de Verano. El momento culminante del espectáculo The Cupcakes es el tema «Vamos a la plaza», con la música de Calma (Pedro Capó y Farruko): «Vamos a la plaza / para dar batalla / si la cosa estalla /estaremos a la talla./ Si se pone caribe / no tendremos cintura / daremos pelea / acá nadie se asusta ni oculta». El cuplé dura tres minutos. «Lo que pretendemos es que se tome conciencia que la gente debe hacer uso de sus derechos de manifestarse», dice Riquero. No les resulta gratuito: el ex fiscal Zubia, del Partido Colorado acusó a la murga de «totalitarismo carnavalero». 

Una de las murgas debutantes, Un Título Viejo, apuntó al ex general Guido Manini Rios y a su partido Cabildo Abierto. Ni el Frente Amplio zafó de los palazos: al excandidato presidencial, Daniel Martínez, le dedicaron más de una cuarteta para denostar «su ego y su ambición por encima de los principios fundacionales de su fuerza».