En la puerta del predio de La Rural, donde exponen sus riquezas los grandes terratenientes, se manifestaron los pequeños agricultores. Bajo la consigna “Somos el otro campo”, poco antes del mediodía, comenzaron un nuevo “verdurazo”. Dos largas filas de jubilados esperaban para retirar una bolsa gratis de verduras que repartían los mismos agricultores. La situación de los grandes terratenientes dedicados a la agroexportación contrasta con la de aquellos que producen para la mesa diaria de los argentinos.

Les tocó un día fresco y lluvioso, pero dicen que están acostumbrados a lidiar con el clima. Su problema es otro y mayor: la eliminación del monotributo social agropecuario (MSA) que les cubría obra social, aportes jubilatorios y la posibilidad de facturar. A partir de la resolución 34/2018, el gobierno implementó un nuevo ajuste sobre el sector que produce el 60% de los alimentos que se consumen en la Argentina.

El verdurazo es una forma de llamar la atención sobre la crisis a la que van empujando al sector mientras se beneficia a los grupos concentrados de la agroexportación. En el año 2009, se creó el MSA para la agricultura familiar, la consecuencia directa según figura en la web oficial del Ministerio de Agroindustria es que el sector “ingresa a la economía formal”. Mediante este monotributo, más de 50 mil familias de productores rurales, un sector pequeño pero vital de la economía nacional formalizaba su trabajo, tenía acceso a la salud y aportes jubilatorios. El MSA se componía de los aportes jubilatorios a través del Ministerio de Desarrollo Social y el de Agroindustria de la obra social.

Sin embargo, el ex presidente de la entidad patronal y actual ministro de Agroindustria, Luis Etchevehere, no se hará cargo de su parte, la obra social, que pasará a cargarse en la espalda del productor. Si bien el importe personal es de 268,17 pesos, este monto se multiplica por los miembros del grupo familiar, lo que resulta en un importe de entre 1000 y 1500 pesos mensuales. Este monto es una carga que no pueden afrontar los agricultores familiares, campesinos sin tierra propia y quinteros. Así, el ajuste derriba todo el sistema, llevando a la informalidad a gran parte de  ese sector.

Nahuel Levaggi, de la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT), cuenta que la situación de los pequeños productores es crítica, “totalmente acuciante”, a los problemas estructurales como la diferencia de precios entre el consumidor y el productor, la imposibilidad al acceso a la tierra propia, “se suma el aumento de las tarifas y el del dólar que a los que producimos alimentos para el pueblo en pesos es un mazazo. Y ahora la quita del MSA, una herramienta fundamental por la que miles y miles de pequeños productores accedía a derechos sociales básicos como la obra social, el aporte jubilatorio y la posibilidad de regularización.”

La palabra oficial de la cartera que conduce Etchevehere ha sido que el ministerio “es pobre” y que el agricultor tiene que hacerse cargo de ese monto. Fuera de eso el ministro y sus funcionarios han hecho silencio de radio y ni siquiera han recibido a los  agricultores para que estos le cuenten su realidad. Sí han podido hablar con el Ministerio de Desarrollo, pero el resultado ha sido nulo. “El problema que le trasmitimos a Desarrollo es que en la situación de crisis actual la mayoría de los productores no lo van a poder pagar y, por lo tanto, se les cae el aporte jubilatorio y la posibilidad de facturar”, explica Agustín Suárez también de la UTT.

La cuenta que hacen en la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT) es bastante simple: “el Estado se ahorra 12 millones de dólares con la desarticulación del MSA, pero mediante la Ley de Emergencia le da 17 millones al sector del campo más concentrado. El mismo que es beneficiado en 1.000 millones de dólares por la quita de las retenciones, que el Estado deja de recaudar.

La desarticulación del MSA acaba con la única herramienta fiscal que posee el Estado para formalizar el trabajo del sector. “Además del perjuicio que causa esta medida, el Estado pierde el único instrumento para tener un registro, siquiera mínimo, de los productores en su cartera. No hay otra herramienta del Estado que les pueda hacer un seguimiento a los agricultores.”, explica Suárez, mientras a su espalda los jubilados retiran las bolsas de verdura.

Sebastián Rivera delegado general del Ministerio de Agroindustia de ATE se encuentra junto a varios compañeros frente a La Rural, acompañando a los pequeños agricultores. “Hoy cumplimos tres meses de que Etchevehere echó 330 compañeros muchos de los cuales trabajaban con el sector. Y cinco días más tarde echó a 350 trabajadores del Senasa. Desde entonces estamos en lucha. Nosotros advertimos que iban por las políticas públicas del sector más vulnerable del ministerio, que es la Secretaría de Agricultura Familiar y lamentablemente no nos equivocamos. Es perverso lo que hace el ministro Ethchevehere sacando el MSA, porque deja sin la posibilidad de comercializar los productos, quita la obra social, y el esfuerzo que pide este gobierno lo estamos poniendo sólo los trabajadores”.

El 26 de julio habrá una jornada nacional de movilización masiva entre todas las agrupaciones agrarias de pequeños productores al Ministerio de Agroindustria en Capital.