El gobierno de María Eugenia Vidal giró esta noche a la Legislatura el proyecto de presupuesto 2018, la ley impositiva y un proyecto de «pacto fiscal» con los municipios que anticipa polémica y que busca aprobar antes del recambio legislativo.
Según detallaron fuentes oficiales, el presupuesto incluirá gastos totales por 630 mil millones de pesos, ingresos por 599 mil pesos y un pedido de endeudamiento de 58.890 millones de pesos. El déficit previsto para el año que viene, en tanto, ronda los 31 mil millones de pesos. La pauta incluye el incremento salarial que se otorgará a docentes y estatales aunque, a diferencia de este año, no está explicitado de cuánto será.
Desde Economía señalaron que la mayor inversión estará puesta en dos áreas: Infraestructura, donde se prevé un crecimiento del gasto de 22% y que estará basado en la toma de deuda, y Desarrollo Social que tendrá un 33% más que este año. En el primer caso, el 89% del presupuesto será destinado a obras hidráulicas para prevenir las inundaciones, mientras que en lo social se prevé una suba del 41% en el Servicio Alimentario Escolar (comedores) y del 54% en el plan Más Vida.
El presupuesto no incluirá el Fondo de Infraestructura Municipal (FIM) que permitió en los últimos dos años a los intendentes ejecutar obras locales en cada municipio. Este año ese fondo fue de 8500 millones de pesos y estuvo atado a la toma de deuda por parte de la provincia. No se descarta, no obstante, que forme parte de las negociaciones con los jefes comunales y que vuelva a ser reeditado en 2018.
En tanto, la ley impositiva incluirá una suba promedio del 56% en el impuesto Inmobiliario Urbano y un incremento promedio del 50% para las partidas del Inmobiliario Rural. La suba obedece a la aplicación del revalúo fiscal realizado el año pasado. Según el Ejecutivo, una de cada dos propiedades urbanas va a tener una suba de 41 pesos por mes, mientras que en el ámbito rural el impacto para la mitad de los campos será de hasta 61 pesos por mes.
En paralelo y en línea con lo planteado a nivel nacional, la ley también incluirá una baja de las alícuotas de Ingresos Brutos para distintos rubros. La industria tendrá una reducción del 1,75 al 1,5%; las pymes que facturen hasta 78 millones de pesos quedarán exentas; la construcción bajará de 4 a 3% y para el comercio se reducirá de 3,5 a 2,5 para los que facturen hasta 3 millones anuales.En el caso de los comerciantes de carne, se reducirá y unificará la alícuota al 2,5%; hoy pagan entre 3,5% y 5%. El impuesto de Sellos también bajará del 3,6% al 2% para la compra de propiedades y del 3 al 2,5% para la adquisición de autos 0 kilómetro.
El tercer proyecto que fue enviado a la Legislatura es el de «responsabilidad fiscal» para los municipios. Se trata de una ley con la que el gobierno provincial busca limitar el gasto corriente y el endeudamiento de las comunas. Aunque no es obligatorio adherir, quienes no adhieran no recibirán asistencia financiera por parte del gobierno provincial.
Hay varias condiciones que incluye el texto de la ley y que deberán cumplir los municipios que adhieran a esta suerte de «pacto fiscal» con la Provincia. En principio, el municipio no podrá subir su gasto corriente más de la pauta inflacionaria fijada a nivel nacional; tampoco podrán endeudarse por más del 8% de los recursos corrientes ni podrán incrementar la planta de empleados municipales más que el crecimiento vegetativo de la población (se estima en un 1,5% aproximadamente). Por último, tampoco podrán «incentivar el gasto corriente» en el último semestre de su mandato y se los invitará a «armonizar» las tasas con los municipios vecinos.
Paquete político
En las próximas semanas, Vidal enviará a la Legislatura una serie de leyes relacionadas con reducción del gasto político. La primera será una reforma para eliminar las jubilaciones de privilegio de la que hoy gozan el gobernador, el vicegobernador y los legisladores provinciales. La segunda, una nueva ley de ministerios que no prevé fusión de ministerios pero sí la baja de 120 subsecretarías y direcciones provinciales, todos cargos políticos. La tercera es la ampliación de la obligatoriedad de la presentación de declaración patrimonial de bienes -que hoy rige para funcionarios del Ejecutivo y policías- a los diputados y senadores provinciales.
