Con el presupuesto 2017, la gobernadora María Eugenia Vidal repite la receta que aplicó este año: un endeudamiento récord. Para 2016, tironeos con la oposición mediante, logró tomar deuda por $ 60 mil millones que aún no terminó de usar.

Para el año electoral planea ir por $ 92 mil millones más. La ley de leyes incluye, en paralelo, una suba de casi el 50% de los gastos que no se ve reflejada en las áreas más sensibles como salud, educación o desarrollo social.

El proyecto ingresó junto a la ley fiscal el miércoles y tomaría estado parlamentario en el Senado esta semana. Prevé gastos por 522 mil millones de pesos, un 47,5% más que el presupuesto actual. Y aunque el gobierno de Vidal comunicó que el total de la deuda pedida a la Legislatura sería de 59.950 millones para cubrir el déficit fiscal y pagar vencimientos de deuda –previsto en el artículo 33–, el número final es bastante más alto.

En total, hay nueve artículos más en los que el Ejecutivo pide tomar deuda: $ 8000 millones para obras y programas sociales, $ 1500 millones en Letras del Tesoro y $ 12.900 millones para cubrir el déficit de la caja de Jubilaciones del BAPRO. A esto se suman créditos por U$S 672,3 millones para obras. La suma final trepa a $ 92.430 millones.

Pese al discurso oficial de «más inversión para estar y hacer», la suba del 47% en el gasto proyectado no se vuelca a las áreas más sensibles: educación baja 3 puntos su participación en el presupuesto; salud y seguridad pierden 0,7%; desarrollo social se mantiene igual. Y como en el presupuesto nacional, la ciencia y las universidades ven disminuidos sus fondos.

«Parece un presupuesto desarticulado y que desdibuja las políticas que el mismo gobierno fijó este año. Lo único que aumenta es la necesidad de financiamiento en un 120% que se suma a la deuda que todavía no terminaron de concretar. El presupuesto sube casi un 50% pero eso no va a personal ni a infraestructura», analizó en diálogo con Tiempo la ex ministra de Economía, Silvina Batakis. Y agregó que en materia de salud, «es preocupante que caiga el gasto en capital, en infraestructura, en nuevos hospitales».

Batakis asesora al bloque del FpV y participa de la mesa de legisladores e intendentes que comenzó a debatir una postura común. Desde la CICOP, el gremio que nuclea a los médicos, hacen la misma lectura. “Este presupuesto muestra que lo que se dice en el discurso no se ve en los hechos. Si bajan un 0,7% la masa de recursos es porque no consideran que la salud sea una prioridad”, dijo a Tiempo Fernando Corsiglia, titular del sindicato.

El presupuesto no crea nuevos cargos estatales y mantiene en el freezer vacantes y pases a planta. En el mensaje a la Legislatura, el Ejecutivo aclara que las erogaciones en personal “incluyen una política salarial que iguala la inflación proyectada”, es decir, el 17% previsto por Nación. Esa cifra ya es rechazada por los gremios que la ven como «un techo».

Como ocurrió con el presupuesto 2016, la discusión con la oposición será ardua ya que el endeudamiento requiere de dos tercios para ser aprobado. Esta vez habrá un condimento extra: la negociación por la vicepresidencia en la Cámara de Diputados –habrá recambio en diciembre– que obligará a la gobernadora a renovar su alianza con el massismo o tejer un acuerdo con el peronismo. «