Francisco Gómez, un agente civil de la Fuerza Aérea, fue condenado en 2016 a 12 años de cárcel por haberse apropiado ilegalmente de Guillermo Rodolfo Pérez Roisinblit, quien es hijo de los desaparecidos Patricia Julia Roisinblit y José Manuel Pérez Rojo. El represor pidió ser beneficiado con el arresto domiciliario y amenazó: «Algún día voy a salir y les voy a poner una bala en la frente a vos, a tu hermana y a tus abuelas».
Guillermo, de 38 años, impulsado por el terror que le provocó la amenaza contó su fuerte historia en las redes sociales y se manifestó contrario a la posibilidad de que el Tribunal Nº 5 de San Martín le de la domiciliaria a Gómez.
También la rechazaron las Abuelas de Plaza de Mayo, quienes a su vez realizaron una conferencia de prensa, en la que reiteraron su preocupación por la sugerencia de enviar a los genocidas a sus casas, con la excusa de intentar resolver la problemática de superpoblación carcelaria.
Las Abuelas emitieron un comunicado en el que se enfatiza sobre la sensación de indefensión que padecen nietas y nietos restituidos, que se reitera cada vez que quienes cometieron el delito de apropiarlos, secuestrarlos y asesinar a sus padres cuentan con el beneficio de volver a sus casas sin haber completado sus condenas en la cárcel.
En el texto reseñan varios de los episodios de los últimos días relacionados con la decisión gubernamental de impulsar las domiciliarias.
El texto completo del comunicado es el siguiente:
REITERAMOS LA PREOCUPACIÓN POR LAS DOMICILIARIAS A REPRESORES Y APROPIADORES
Las Abuelas de Plaza de Mayo reiteramos nuestra preocupación frente al intento de otorgar prisión domiciliaria a criminales de lesa humanidad. Si bien es común que las defensas soliciten este tipo de beneficio, es preocupante que desde el mismo Servicio Penitenciario Federal se sugiera a la justicia otorgar ese privilegio para criminales de lesa humanidad.
Este fin de semana, Guillermo Pérez Roisinblit, nieto restituido en el año 2000, hizo conocer a través de su cuenta de Twitter el terror que le infunde la posibilidad de que su apropiador, Francisco Gómez, quien lo ha amenazado de muerte, aparezca por su casa. Agente civil de Inteligencia de la Fuerza Aérea, Gómez fue también quien mantuvo cautiva a la madre de Guillermo, hasta el momento de ser trasladada para dar a luz en la maternidad clandestina que funcionaba en la ESMA.
Esta sensación de indefensión que padecen nietas y nietos restituidos se reitera cada vez que quienes cometieron el delito de apropiarlos, secuestrarlos y asesinar a sus padres cuentan con el beneficio de volver a sus casas sin haber completado sus condenas en la cárcel. Como es sabido, los controles de las prisiones domiciliarias son casi nulos y, en muchos casos, estos criminales ya han violado ese beneficio en otras oportunidades. Tal es el caso del apropiador de Catalina De Sanctis Ovando, Carlos del Señor Hidalgo Garzón, recientemente favorecido a pesar de haber burlado las condiciones de arresto anteriormente; Miguel Osvaldo Etchecolatz, quien desde enero vive en su casa de Mar del Plata; o el comodoro retirado Luis Tomás Trillo, condenado, en el mismo juicio en el que se juzgó a Francisco Gómez, por la desaparición de Patricia Roisinblit y José Manuel Pérez Rojo. Otro genocida que ha accedido a la prisión domiciliaria bajo el pretexto de padecer problemas de salud ha sido Luis Abelardo Patti, condenado a prisión perpetua en 2011 por el asesinato de Gastón Gonçalves, padre del nieto restituido Manuel Gonçalves Granada. Patti además integró las patotas del Centro Clandestino que funcionó en Campo de Mayo, donde fueron desaparecidos muchos de nuestros hijos e hijas y nacieron en cautiverio muchos nietos y nietas que aún seguimos buscando.
Otros represores han accedido al beneficio de la excarcelación a causa de las bajas penas, por haber cumplido con los dos tercios de su condena, entre ellos el médico militar Jorge Luis Magnacco y el médico apropiador Norberto Bianco. Cabe destacar que Bianco estuvo prófugo de la justicia en dos oportunidades.
La lista de detenidos que el Servicio Penitenciario Federal hizo circular, con el pretexto de morigerar el hacinamiento carcelario, asciende 1.111 personas, entre las que se han colado alrededor de cien condenados por delitos de lesa humanidad. En esa lista aparecen además de Francisco Gómez, el responsable de la apropiación de Victoria Donda, Adolfo Miguel Donda; Jorge Tigre Acosta; el Turco Julián; o el ex capellán Christian Von Wernich, entre otros condenados por crímenes contra la humanidad. Crímenes que fueron reconocidos por el derecho internacional, por tratarse de delitos aberrantes y perniciosos para el conjunto de la sociedad, y por tanto, imprescriptibles.
Esta sugerencia de enviar a los genocidas a sus casas nada tiene que ver con el intento de resolver la problemática de superpoblación carcelaria. Por el contrario, refleja los retrocesos en materia de Memoria, Verdad y Justicia impartidos desde el Gobierno nacional. A casi 42 años del golpe de Estado más sangriento de nuestro país, exigimos que se continúen los procesos de juzgamiento a los genocidas, que se respeten las condenas en cárcel común y efectiva; que se aceleren y concreten los juicios que esperamos hace cuarenta años, y que nuestros nietos y nietas puedan vivir finalmente en libertad.
