No hay vuelta atrás. Ya no hay margen para retroceder en este debate que se abrió en la sociedad argentina en marzo pero que permanecía latente desde hacía décadas. Y ese pulso que vibra en las calles y que llegó hasta la Cámara de Diputados en la histórica mañana del 14 de junio, cuando el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo fue debatido y aprobado, deberá volver a resonar este miércoles, cuando se decida su suerte en el Senado.

El planteo del debate sobre el aborto y la media sanción en Diputados ha sido un viaje de ida para la sociedad argentina. Un viaje que obligó a poner sobre el tapete contradicciones sociales y políticas acuciantes en muchas provincias en las que directamente se impidió la implementación de la Educación Sexual Integral y que tienen los peores índices de mortalidad materna y embarazo adolescente.

Esa hipocresía desnuda también abrió el juego a otra discusión: la separación de Iglesia y Estado, que no había aparecido con tanta fuerza hasta que, por ejemplo, el arzobispo de Tucumán pidió a los diputados de esa provincia durante el Tedeum del 25 de Mayo que no aprobaran la media sanción. Los nombró uno por uno. Seis de los nueve eligieron atender el pedido, como si fuesen representantes exclusivos de la grey católica en un país laico.

Frente al cerril abroquelamiento de legisladores que eligen mirar para otro lado ante las muertes de mujeres por abortos clandestinos, la marea verde tendrá un nuevo y decisivo desafío este miércoles. Sustraída a esa clandestinidad que mata, el aborto dejó de ser una palabra que se dice susurrando. En masa, decenas de miles de mujeres en todo el país salieron a exigir su derecho a decidir. Adultas, adolescentes, niñas se apropiaron de este grito en compañía de los varones que también entienden esta cruzada como un derecho a la salud pública.

Se prevé que una multitud pocas veces vista en la Argentina teñirá de verde, este miércoles desde las 11, las inmediaciones del Congreso de la Nación y las plazas de todo el país. Habrá pañuelazos simultáneos en Estados Unidos, Japón, España, Francia, Uruguay, Chile y Colombia, entre un total de al menos 18 países. Nada está definido. Lo que se defina en el recinto también se definirá en las calles el #8A, hashtag central y urgente de un movimiento que multiplica las consignas: #AbortoLegalYa, #QueSeaLey, #SeamosMillones, #EstamosHaciendoHistoria.

¿Comprenderá la clase política en pleno que el aborto es una problemática de salud pública y de justicia social? El grito de la calle deberá hacérselo entender a los senadores que pretenden legislar de espaldas a las necesidades de sus representados y atendiendo estrictamente a sus creencias personales.

La cruz detrás del pañuelo celeste

De acuerdo a los datos presentados por el ministro de Salud en el Senado, durante  2016 hubo 47 mil intervenciones y 46 muertes por aborto, de los cuales 31 fueron clandestinos. Son cifras oficiales, pero el mismo Adolfo Rubinstein reconoce que existe un subregistro que impide conocer los números reales. La organización Socorristas en Red presentó en mayo un meticuloso informe estadístico sobre las mujeres que se acercaron a asesorarse para acceder a un aborto seguro entre 2014 y 2017: un total de 14.752.

Esa es la realidad que un número considerable de senadores no quieren ver. El octavo mandamiento que rige la conducta de los católicos es «No mentirás». Sin embargo, las manifestaciones autodenominadas «pro vida» reincidieron en falsedades repetidas durante este debate. Sin ir más lejos, el feto gigante que pasearon por todas partes (aun frente a la Quinta de Olivos, para exigirle al presidente Macri que vete la ley, bajo amenaza de no volver a votarlo) está muy lejos de ser un embrión de 14 semanas sino, por el contrario, un feto en un estado avanzado de gestación. El trauma post aborto fue otro de los mitos sin sustento sobre el que sectores vinculados a la Iglesia insistieron con testimonios falseados, subjetivos y tomados como universales.

Tras la media sanción, el lobby eclesiástico inició una ofensiva sin precedentes, que retumba en los oídos de senadores que, como les dijo en la cara la escritora Claudia Piñeiro, deberían «dedicarse a otra cosa» si argumentan que «no pueden votar porque el cura los reta».

Escuelas confesionales en las que antes no se cuestionaba el pañuelo verde, pasaron a prohibirlo. Fundaciones de origen opaco salieron a dar «charlas» sin fundamentos y a repartir fetos de juguete a modo de souvenir en colegios católicos y laicos. Esta situación, denunciada por padres de alumnos en Capital Federal, cobró dimensiones más graves en las provincias donde la amenaza de excomunión a senadores y diputados se convirtió en lugar común.

En Mendoza, un grupo «pro vida» golpeó a una mujer y señaló con pintura verde las casas de las militantes por el aborto. En Misiones, donde el año pasado se obligó a 202 niñas a parir, ya no se realizan abortos no punibles en los hospitales públicos del interior provincial. En Tucumán, una médica fue amenazada por haber practicado una interrupción legal. Y en La Rioja intentaron suspender a otra por dar cifras sobre mortalidad materna.

Pero la presión antiderecho se diluye en las calles, adonde la marea verde será tsunami el miércoles, cuando el país amanezca vestido de verde y después, ese color que ya simboliza un derecho –con linternas y celofán– ilumine la noche. El debate y las calles demostraron que es urgente aprobar esta ley. El #8A, el Senado deberá escuchar qué pasa afuera y votar con la conciencia puesta en el pueblo. «