Los famiiares de Darío Santillán y Maximiliano Kosteki, junto a organizaciones políticas y sociales, publicaron este lunes una carta abierta para repudiar que el excomisario Alfredo Fanchitti y el cabo Alejandro Acosta reciban el beneficio de la libertad condicional, cuando ambos fueron a prisión perpetua como autores materiales del asesinato de los dos jóvenes militantes del MTD Aníbal Verón. El crimen se concretó al mediodía del 26 de junio de 2002 y desató una crisis política inédita que derivó en la renuncia del entonces mandatario provisional, Eduardo Duhalde y el llamado a elecciones anticipadas que fueron ganadas por Néstor Kirchner el 27 de abril de 2003.

Hace 10 años Fanchiotti fue trasladado a la Unidad 11 de Baradero, una cárcel de régimen abierto a la que sólo debía volver para dormir. El 29 de diciembre de 2015, la Corte Suprema desestimó un recurso extraordinario que presentó el excomisario para reducir la pena. Ahora inició un trámte ante el tribunal de ejecución penal para acceder al beneficio de libertad condicional. Acosta, exchofer del principal condenado, también hizo lo suyo y podría tener la misma suerte.

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Ante ese escenario, los integrantes de la Comisión Independiente publicaron una carta abierta que suma las firmas de destacadas personalidades. Suscriben al reclamo de memoria, verdad y justicia por el asesinato de ambos jóvenes.

Aquí el texto de la carta:

Rechazo popular al pedido de Libertad Condicional de Alfredo Fanchiotti y Alejandro Acosta, ex policías, asesinos materiales de Darío Santillán y Maximiliano Kosteki.

Lxs abajo firmantes, junto a familiares y compañerxs de Darío y Maxi, organismos de DDHH, organizaciones sociales, políticas, culturales, sindicales y personalidades destacadas del orden nacional, nos oponemos a que los ex policías bonaerenses y asesinos de nuestros compañeros sean beneficiados con la libertad condicional, pedido que en los últimos días realizara la defensa de los efectivos homicidas ante el Juzgado de Ejecución Penal N.º 3 de Lomas de Zamora (Pcia. de Buenos Aires).

Ellos no son simples asesinos, como tampoco forman parte de la población carcelaria común. Estos sujetos fueron un eslabón necesario en la formación del operativo represivo del 26 de Junio del año 2002 en la ciudad de Avellaneda, orquestado y organizado desde las más altas esferas del gobierno nacional y de la provincia de Buenos Aires.

En la ocasión, el operativo criminal coordinó tres fuerzas de seguridad nacionales (Gendarmería, Prefectura y Policía Federal) con la Policía de la Provincia de Buenos Aires, comandadas por la ex SIDE. Este avance de la represión fue tendiente a liquidar al movimiento popular que se expresaba en la calles en medio de una de las más dolorosas crisis que ha atravesado nuestro pueblo allá por la finalización de la década de los 90 y principios del 2000.

Sus participaciones en la conocida Masacre de Avellaneda, fue ser la mano de obra barata para llevar a cabo el trabajo sucio de un plan que ejecutó el gobierno nacional del ex presidente Eduardo Duhalde quien compartió gobierno con Alfredo Atanasoff, Juan José Alvarez, Jorge Matzkin, Jorge Vanossi, Anibal Fernández, Oscar Rodriguez, Carlos Ruckauf, y de Felipe Solá en el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Recordamos además que durante esos terribles momentos que nos tocó vivir como pueblo, desde el sector empresarial y financiero también se reclamaba mano dura contra quienes nos manifestábamos por la situación de crisis extrema en el país. Es decir que desde el poder económico representado en UIA, SRA, ADEBA Y AEA agitaban en los medios la exigencia al gobierno de «terminar con los cortes». Sectores económicos q orquestaron el golpe del 76, imponiendo desde la dictadura el modelo económico del que  son beneficiarios, llevando la miseria a las enormes cifras q ahora se vuelve a alcanzar.

Sin embargo, al día de hoy siguen siendo parte del mismo entramado del 2002.

Esto es así porque sus silencios y falta de colaboración de estos casi veinte años, fueron claves para que la impunidad de los responsables políticos, es decir quienes planificaron, organizaron y dieron las ordenes desde el ejecutivo nacional sigan libres, lejos de los estrados judiciales y los barrotes de las cárceles. Además configuraron un artífice fundamental en la formación del relato inicial del gobierno nacional y provincial acerca de “se mataron entre ellos”, mostrándose ante los medios hegemónicos como víctimas de los piqueteros.

Esta actitud de los policías, aportaron a profundizar a la estigmatización del movimiento popular, que el gobierno de Eduardo Duhalde venía acentuando semanas antes de la represión. Las frases “Si cortan el Puente es una declaración de guerra” emitidas por Alfredo Atanasoff (Jefe de Gabinete), o “no me temblaría el pulso para volver a firmar el decreto de aniquilación de la subversión como en 1975” dichas por Carlos Ruckauf (Ministro de Relaciones Exteriores) eran algunas de las amenazas con las que preparaban el escenario para la represión los principales actores del gobierno nacional de ese momento. Las represiones, persecuciones de militantes populares y la existencia de presxs políticxs de los últimos tiempos, son en parte producto de la falta de justicia en este caso.

La impunidad de la que goza Eduardo Duhalde respecto de su responsabilidad política por los crímenes de Kosteki y Santillán, es la misma que disfruta Mauricio Macri cuando asevera que el dinero del préstamo del FMI se la entregó a los bancos para que no se vayan del país, a sabiendas que nada le pasaría. Así es que la libertad impune de Duhalde en algún punto garantiza la impunidad de otros miembros del establishment político nacional.

A dos meses de cumplirse 20 años de aquella brutal represión que le costara la vida a Darío y a Maxi, pero de la que resultaron más de treinta compañerxs heridxs  con balas de plomo, otros tantos con balas de goma y cientos de detenidxs en las comisarías aledañas, continuamos luchando contra la impunidad. Somos conscientes que la falta de justicia en este caso le hace correr el riesgo al pueblo todo de volver a repetir aquellas situaciones. Es decir, que en un marco de creciente crisis económica, con una población de más de diecisiete millones de personas bajo la línea de la pobreza, el regreso del FMI a nuestra vida cotidiana y con sectores que piden más represión en vez de solucionar los problemas de fondo, forman un caldo de cultivo apto para que nuevamente se estigmatice al pueblo organizado que lucha, se lo reprima, se lo persiga y se lo encarcele.

Al mismo tiempo no podemos dejar pasar que, en este caso, el poder judicial contribuyó a puntualizar la falta de Justicia y complicidad. El Poder Judicial, como uno de los poderes del Estado, no investigó el caso, y cajoneó la causa al punto de haberla llevado casi hasta el cierre definitivo, sin interesarse en ni una sola línea de investigación. Fue el garante para que hoy los responsables intelectuales se encuentren sin atravesar los tribunales. En nuestro país el poder judicial no se legitima, en gran parte, por estas situaciones. Hoy el Poder Judicial está cuestionado por toda la sociedad, al no sentirse representada por las decisiones que ella misma toma.

Es por eso que nos oponemos a cualquier pedido de libertad o salidas transitorias de los asesinos de Darío y Maxi, como así también exigimos que los responsables políticos de la masacre sean llevados a juicio y sean condenados por sus decisiones políticas que incurrieron en homicidios.

La Masacre de Avellaneda, del 26 de Junio del 2002, es un CRIMEN de ESTADO.

COMISION INDEPENDIENTE JUSTICIA por DARIO y MAXI.

Para adherir: [email protected]

Primeras Firmas: Alberto Santillán (Papá de Darío), Leonardo, Javier y Noelia Santillán (hermanxs de Darío). Mara Kosteki (hermana de Maximiliano). Paula Mercedes Alvarado Mamaní (abogada de las familias). FPDS (Frente Popular Darío Santillán). MTD Aníbal Verón. FOL (Frente de Organizaciones en Lucha). Familiares y Amigos de Luciano Arruga. Equipo de Educación Popular Pañuelos en Rebeldía. Red internacional por la libertad de los presos políticos y justicia por nuestros mártires. Democracia Obrera. MULCS (Movimiento por la Unidad Latinoamericana por el Cambio Social). Fol. Frente Popular Darío Santillán Corriente Plurinacional. Ademys, Asociación Docente. Colectivo de Trabajadorxs de la Educación Haroldo Conti. Venceremos-Partido de Trabajadorxs.