El frustrado primer jefe de la Policía de la Ciudad, comisario José Pedro Potocar, quedó a un paso de su absolución en el juicio oral en el que estaba acusado de liderar una asociación ilícita enquistada en la Comisaría 35 que les cobraba coimas a comerciantes y “trapitos” para dejarlos trabajar en la zona de Núñez y Belgrano, de esta Capital. En idéntica situación quedó el ex jefe de la Policía Federal, comisario Guillermo Calviño. Ambos estuvieron detenidos cuando se inició la investigación, en 2017, por orden del entonces juez Ricardo Farías, hoy jubilado, a instancias del fiscal que llevó adelante la investigación, José María Campagnoli.

El fiscal de juicio, Fernando Fiszer, no acusó a ninguno de los dos. Como en la causa no hay querella privada, la jurisprudencia indica que si la fiscalía no acusa, el tribunal no puede condenar. Ello significa que Potocar y Calviño están virtualmente absueltos en el juicio. El primero era el titular de la Dirección General de Comisarías, en tanto que el segundo estaba al frente de la ex superintendente de Seguridad Metropolitana cuando estalló la causa, de amplia repercusión mediática.

Sumate y apoyá el periodismo autogestivo

ASOCIATE

Distintos son los casos de otros ocho policías juzgados por el tribunal oral número 16, integrado por los jueces Gustavo González Ferrari, Inés Cantisani y Claudia Moscato: la fiscalía pidió seis años de prisión para el ex comisario  Norberto Villarreal (el único que permanece detenido) como jefe de una asociación ilícita, y cinco años y medio para la ex subcomisaria  Susana Aveni, ex jefa de la Circunscripción VII de la Policía Federal.

Para otros seis supuestos integrantes de la organización delictiva, todos ellos también policías, el fiscal pidió penas de cumplimiento efectivo de entre tres años y medio y cuatro años y medio y multas económicas de hasta 360 mil pesos.

El juicio ingresó en su etapa final y los alegatos de las defensas concluirá el próximo 22 de abril con los principales acusados, Villarreal y de Aveni. La presunta asociación ilícita por la que acusó el fiscal Fiszer estuvo activa –de acuerdo con su alegato- entre febrero y agosto de 2016, fecha que coincide con la llegada de Villarreal como jefe de la Comisaría 35.

Villarreal, quien estuvo largo tiempo prófugo, declaró en el juicio y relató supuestas reuniones que tuvo con Potocar, quien –según su relato- le contó cómo era el sistema de recaudación ilegal. “Yo no cambié nada del funcionamiento de la comisaría. Cada uno tenía su rol antes de que yo llegara”.

En un cuaderno con anotaciones sobre los cobros ilegales y la distribución de lo recaudado mencionaba indirectamente a Potocar. Sin embargo, para el fiscal Fiszer no se pudo establecer con certeza su participación en la maniobra y, por el beneficio de la duda, no lo acusó.  Lo mismo planteó para Calviño.  “En ninguno de esos casos se pudo determinar si recibieron dinero, si se les propuso algo y no aceptaron. No se pudo corroborar si conformaron la estructura o si estaban mencionados para justificar la continuación de la acción desplegada por Aveni y Villarreal”, resumió en su alegato. Villarreal –continuó- era quien asignaba protección a quienes pagaban por ella mientras que los subcomisarios coordinaban la ubicación de los agentes de acuerdo a la protección comprometida mediante los pagos ilegales.